EEUU, Canadá, Reino Unido, Japón, Australia o Nueva Zelanda han cerrado la puerta de entrada a las inversiones de Huawei para desarrollar el negocio 5G en sus mercados. Aducen motivos de seguridad nacional. Con matices, han activado sus ordenamientos jurídicos para impedir que el gigante chino de las telecomunicaciones pueda acceder a las redes inalámbricas que deben dar cobertura a la próxima generación de móviles. Obviamente, más sofisticados y con servicios con mayores y más sofisticadas aplicaciones digitales. Un mundo aún por descubrir. En síntesis, las naciones de la esfera anglosajona y Japón aducen que Huawei, por sus vínculos con el régimen de Pekín y su particular modelo híbrido de capitalismo planificado —el mismo que sigue negando al capital foráneo la posibilidad de controlar más allá del 49% de las acciones de sus compañías— no puede campar a sus anchas en sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones. De ahí que enarbolen la bandera de la seguridad nacional. Huawei niega que sea una firma estatal. Asegura que su accionariado es cien por cien privado. Pero ocultan la realidad. Nada se hace en China sin la supervisión y vigilancia de los jerarcas del Partido Comunista del país, cada vez con más poder y sin contestación social por las represalias que siempre emplea el Gobierno del país con mayor demografía de la tierra. Por ejemplo, en el terreno de las redes sociales, que no gozan precisamente de un clima favorable a la libertad de expresión.
Este modus operandi es, además, la piedra angular de la persistente negativa de las potencias industrializadas a otorgar a China el estatus de economía de mercado. Plácet que son reacias a conceder desde 2001, a pesar del ingreso de Pekín en la OMC y que se extenderá en el tiempo mientras persistan prácticas habituales como el control del valor monetario del rinminbi con la férrea banda de fluctuación fija en poder de su banco central.
Un asunto de Estado para China
Pero, además, ayuda a entender la brusca sacudida que el affaire Huawei ha provocado en el régimen chino, al que ha convertido en una auténtica cuestión de Estado. Ojo por ojo. A pesar de que Wanzhou lleva desde el 11 de diciembre en libertad bajo fianza tras su detención por las autoridades canadienses diez días antes. Previo pago, eso sí, de una fianza de 10 millones de dólares. Pekín ha arrestado desde entonces al ex diplomático canadiense Michael Korving y a su compatriota Michael Spavor, un empresario experto en relaciones internacionales y dueño de Paektu Cultural Exchange que fomenta viajes culturales, con trasfondo político, en países como Corea del Norte, con cuyo líder Kim Jong-un, se ha entrevistado en varias ocasiones para facilitar el diálogo con EEUU. A pocos le suscitan dudas de que se trata de una represalia directa para evitar la extradición de la jefa de Finanzas de Huawei a la Justicia norteamericana. Además de alertar al embajador estadounidense en Pekín, Terry Branstad, de las "graves consecuencias" que ocasionará la prolongación del "arresto sin garantías" de la directiva de Huawei, el mayor suministrador mundial de redes para firmas de telefonía e internet y la multinacional a la que ha señalado la Casa Blanca para reclamar a sus aliados, especialmente a Europa, que limiten el uso de su tecnología en sus territorios. "Es un asunto de justicia criminal" ha llegado a asegurar Robert Lighthizer, el alto representante de Comercio de EEUU, para quien la judicialización de las acusaciones contra Wanzhou "nada tienen que ver con la guerra tarifaria" abierta entre EEUU y China. Una de cuyas mayores tensiones se está librando en el sector tecnológico-industrial.
China ha detenido a un ex diplomático y un empresario canadiense y dice que detrás de la prohibición australiana a Huawei hay "prejuicios ideológicos"
También contribuye a elevar el listón que el marido de la ejecutiva china, Liu Xiaozong, haya ofertado 11 millones de dólares en dinero e inmuebles por un asesoramiento jurídico adecuado que evite su extradición a EEUU. Entre las acusaciones que penden sobre su esposa, de 46 años, resalta la presunta venta enmascarada de equipos de Huawei a Irán, sometida a sanciones por parte de Washington.
Australia ha sido uno de los países que primero ha secundado la política de prohibición de acceso a la multinacional china a las redes inalámbricas que desarrollarán el negocio 5G decretada por Washington dentro de la guerra comercial. Un impedimento, el australiano, que afecta también a la multinacional de telecomunicaciones ZTE. Por vínculos con el poder ejecutivo de su país. "Probablemente, sus decisiones empresariales estén sujetas a instrucciones extrajudiciales de un gobierno extranjero", rezaba un comunicado oficial de Camberra en el que no se mencionaba a ninguna de las compañías implicadas. Al que respondió de inmediato el Ministerio de Asuntos Exteriores chino con otro texto que acusaba al Ejecutivo austral de "utilizar excusas para erigir barreras artificiales" que perturbaban "un entorno competitivo justo para las empresas chinas" y de actuar con "prejuicios ideológicos".
Riesgos latentes … y reales
Los temores de las potencias industrializadas no son infundados. El ordenamiento jurídico chino obliga a sus firmas a cooperar con los servicios de inteligencia. Motivo por el que, desde varios think-tanks y cancillerías internacionales, se advierte del riesgo de que empresas como Huawei y ZTE puedan provocar mediante una tecnología, la 5G, que tendrá mayor velocidad de conexión y que demanda un mayor control mediante software de alta innovación y, por tanto, más difícil de vigilar en caso de ataques contra la seguridad o de acciones de ciberterrorismo o acceso sin supervisión a las entrañas de empresas, infraestructuras estratégicas o instituciones estatales. En un horizonte próximo. Porque el 5G podría ser ya una realidad en 2020. "La preocupación en torno a quién administra la red y de dónde proviene la tecnología digital que las gestionará irá en aumento" cuando se instaure este negocio, admite la consultora Connectivity X. Huawei tiene 180.000 empleados en todo el mundo y, parte de ser el mayor productor mundial de equipos de telecomunicaciones, es el segundo proveedor global de teléfonos inteligentes, por detrás de la surcoreana Samsung y antecediendo a Apple. Hasta hace unas semanas, la corporación con mayor valor por capitalización bursátil, cetro que ahora está en manos de Microsoft. Este factor riesgo también está detrás de la orden del Pentágono a funcionarios y militares estadounidenses de no utilizar móviles Huawei ni de otras marcas que incorporen software de ZTE. Por indicación del Centro Nacional de Seguridad Cibernética.
Pekín exige a Huawei, su referente en Occidente a su proyecto Made in China 2025 con el que desea dominar la digitalización, cooperar con sus servicios secretos
El negocio internacional de Huawei, pues, está en entredicho, al igual que sus ingresos, de más de 92.500 millones de dólares en 2017. En Reino Unido, el grupo chino, que durante quince años ha tenido una alianza estratégica con Vodafone y BT, empieza a lidiar con una sucesión de lo que llama "episodios de inquietud" con sus socios británicos. Dicho en román paladino: una distancia que se antoja insalvable por los lazos que mantiene con el Ejército chino, de donde proceden los ataques cibernéticos. En los últimos años, la consultora PwC, constata en una encuesta a varios miles de directivos globales que se desvela en la cumbre de Davos, que su mayor preocupación es, con creces, el robo de secretos tecnológicos, de gestión o de proyectos de inversión de sus compañías. Y ponen en foco en China. "Si Pekín decide presionar el botón de la tecnología de Huawei, las redes internacionales bajo su control se apagarían", dicen voces de los servicios de inteligencia británicos, y la seguridad nacional de los países donde opera "se verá seriamente comprometida". Toda vez que ha adquirido el know-how de rivales como Ericsson o Nokia. Sus vínculos con el Ministerio de Seguridad chino, una mezcla de FBI y CIA, exige a los ejecutivos de compañías transferir de inmediato cualquier dato interesante de su reciclaje informativo. Desde movimientos de tinte geopolítico a acciones empresariales. Huawei es el referente en Occidente de Made in China 2025, el proyecto de política tecnológica e industrial que pretende convertir a la segunda economía del planeta en hegemónica en la era digital. En el Internet de las Cosas. Es decir, en la gran potencia de la robotización, el Big Data y la inteligencia artificial.
El mundo anglosajón actúa, Europa y España, callan
Nueva Zelanda también se ha sumado al boicot. Acaba de vetar el uso de tecnología y software de Huawei a Spark, uno de sus principales operadores de telecomunicaciones. Del mismo modo que lo han implantado las empresas japonesas. Softbank, NTT Docomo y KDDI prescindirán de la tecnología china para desplegar la infraestructura de telefonía móvil de nueva generación, al igual que el gigante de comercio electrónico Rakuten, que tiene previsto entrar en el sector de las telecomunicaciones el próximo año. En línea con la exclusión de las mistas de los contratos públicos del Ejecutivo nipón. Medida corroborada por su primer ministro, Shizo Abe, con unos términos contundentes: "Es muy importante que evitemos comprar equipamiento que incluya funciones maliciosas, como el robo o la destrucción de datos o la suspensión de los sistemas". Tokio actuará bajo "las reglas internacionales, sin desear excluir a empresas o países concretos", apuntaron portavoces de su Ejecutivo, que confirmaron, sotto voce, que esta decisión señala a las dos corporaciones chinas.
Europa, entretanto, guarda una elocuente cautela. Huawei lleva la delantera en el negocio 5G en la UE. Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del mercado único digital, admite "la preocupación de las firmas del sector por las nuevas reglas" que impondrán proveedores globales como los conglomerados chinos en el salto hacia la tecnología del 5G y por la instalación de chips con “mandatos de puertas traseras” con los que podrán obtener datos privados de ciudadanos y empresas. Pero las instituciones comunitarias siguen sin tomar postura común. E, incluso, ministros de Economía como el francés Bruno Le Maire sigue dando a Huawei la bienvenida al mercado galo. Alemania, en cambio, sopesa exigir a sus telecos eludir alianzas con estos dos emporios chinos. Como acaba de anunciar BT para Reino Unido.
En España, Telefónica, Vodafone, Orange y Ericsson operan con Huawei en el despliegue del 5G mientras el Gobierno guardan silencio sobre si prohibirán estas alianzas
En España, las incógnitas siguen en el alero. Desde la Secretaría de Estado de Agenda Digital "no hay comentarios" a este respecto, como han hecho saber a Público. Tampoco desde Moncloa se atreven a emitir declaración oficial alguna. Ni siquiera a señalar si este asunto ha sido objeto de negociación durante la reciente visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a España, días antes de su viaje a Buenos Aires con motivo de la cumbre del G-20, a comienzos de diciembre. Telefónica, Vodafone, Orange y Ericsson operan con Huawei en el despliegue del 5G. Desde la operadora naranja se admite que "trabajan sin novedad" con la firma china y, desde la antigua firma estatal española se asegura que mantienen cauces habituales "con varios proveedores de servicios de innovación para futuros estándares 5G". Telefónica —aseguran en la firma— "se toma muy en serio la seguridad y protección de sus elementos de red de hardware y software y cuenta con medidas sólidas para garantizar que todos nuestros proveedores cumplan con los más altos estándares de seguridad". Entre otras medidas de control, "supervisamos continuamente todos nuestros sistemas", con el propósito de "asegurarnos de que funcionan de manera segura", además de "equiparlos con las últimas novedades en materia de seguridad". La compañía —enfatizan— "cumple rigurosamente con las recomendaciones de los reguladores y agencias en los países donde operamos".
Vodafone, por su parte, anunció la pasada primavera que había completado, junto a Huawei, la primera llamada de móvil 5G del mundo, realizada desde Castelldefels, en Barcelona, donde la multinacional británica tiene su centro de innovación, a Madrid. La contestación a la llamada la contestó, de hecho, el entonces secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lasalle.
Un negocio efervescente: el 5G
La tecnología 5G puede adquirir una velocidad de descarga de 20 gigas por segundo y de más de 100 megas en redes de conexión a móviles con alta saturación. Varias ciudades estadounidenses tendrán listas la red de suministro a comienzos de 2019 y empresas manufactureras de móviles chinas como OnePlus tienen planeado ofrecer en su catálogo terminales 5G a finales del próximo año. Samsung se va a tomar un par de años todavía. Y Apple esperará también hasta 2020 para adentrarse en el mundo de la nueva generación 5.0 aunque firmas como las americanas Verizon o AT&T dicen estar ultimando sus versiones. Aunque los expertos del sector apelan a la cautela. La hiperconectividad del futuro no será tan inminente como se pueda pensar.
El negocio 5G superará de inmediato el gasto en infraestructuras, de 326.000 millones de dólares en 2025, que rebasará en cien veces la velocidad de descarga 4G
El 5G, por lo tanto, será muy rápido. Hasta cien veces más que el 4G y acelerará los adelantos en innovación tecnológica que transformarán las economías. Desde vehículos autónomos hasta factorías y ciudades inteligentes, la alta computación o la realidad virtual. El pastel inicial de su despliegue será ha suculento. Tanto, como para sufragar los 326.000 millones de dólares en los que se estima la adaptación de las infraestructuras que precisa. Hasta 2025. Ericsson cree que la industria generará 619.000 millones de dólares ya al año siguiente, en 2026, cuando se iniciará la conversión al 6G.
Batalla geo-estratégica en toda regla
Sin embargo, lo que está en juego trasciende de este negocio. En China, el mercado emergente que más ha avanzado en digitalización, está reclutando estudiantes de altas capacidades para impulsar la Inteligencia Artificial (IA) en su Ejército. Con el claro objetivo de disputar a EEUU la hegemonía en la carrera armamentística que se ha reemprendido entre las potencias nucleares. También entra la rivalidad por el liderazgo de los mercados digitales, por el e-commerce, por las transformaciones productivas y por los espacios de innovación que exigen los nuevos modelos de negocios, basados en plataformas tecnológicas controladas por las multinacionales del sector y que demandan cambios en las habilidades profesionales y en las decisiones empresariales. En este contexto se enmarca la prohibición de la Administración Trump de bloquear la OPA hostil de la americana Broadcom a la china Qualcomm, por valor de 117.000 millones de dólares, por los temores a que Huawei, suministrador de servicios a su compatriota, domine el mercado de la tecnología digital y de la computación.
La planificación del régimen de Pekín decidió emprender políticas de modernización económica hace casi un decenio. En nueve áreas industriales; entre otras, la siderometalúrgica, la naviera o la petroquímica. Con el propósito de aprovechar los cambios en los patrones productivo en las potencias industrializadas que precipitaron la crisis de 2008. A esa incipiente estrategia oficial se unieron de inmediato otros siete sectores, desde la biotecnología a las energías alternativas y, desde 2015, cuando se anunció Made in China 2025, segmentos de más alta tecnología como el aeroespacial o la de nuevos materiales. Desde entonces, la evolución de sus datos deja una radiografía sorprendente. La tercera parte de los 262 startups globales que se han convertido en unicornios —facturaciones de más de 1.000 millones de dólares anuales— son chinas y acaparan el 43% del valor de estas firmas. O que sus gigantes tecnológicos tuteen en beneficios e ingresos a sus contrincantes americanos, europeos o japoneses. Alibabá, Baidu, Tencent o BAT disponen de sus propios ecosistemas digitales. Al calor de la laxitud regulatoria y las dosis financieras de Pekín. Aunque también del boom del consumo, que roza el billón de dólares en Internet, —once veces el gasto de e-commerce estadounidense— y la inversión empresarial: el capital riesgo regó con más de 77.000 millones de dólares en el trienio 2014-16 a las firmas tecnológico-digital.
La Administración Obama ya invocó a la Justicia Universal para detener a cinco oficiales del Ejército chino acusados de espionaje a empresas y crímenes cibernéticos
Sin embargo, y por encima de todo, subyace el espionaje industrial. En red. Con Obama en la Casa Blanca, EEUU invocó a la Justicia Universal —un hecho sin precedentes—, e inició acciones penales contra cinco mandos del Ejército de China. Bajo la acusación de sabotaje económico y quebranto de 31 leyes federales, por las que solicitó hasta 15 años de prisión. Por primera vez, el Departamento de Justicia acusaba, con nombres y apellidos, a unos ciudadanos de otro país por crímenes cibernéticos. Y les colgó el cartel de "Buscados por el FBI". Pero lo que no es una novedad es que China espíe actividades comerciales. Ni siquiera en suelo americano. En 2013, Mandiant, firma de seguridad informática de Virginia, identificó a un grupo especializado del Ejército chino (al que dio el nombre de Unidad 61398) como fuente originaria de más de 140 ataques a compañías estadounidenses desde 2006. Del mismo modo que la mano invisible de China emergió en el robo de diseños de ingeniería de centrales nucleares que la multinacional Westinghouse construye aún en el gigante asiático en sus citas con directivos de la compañía estatal de electricidad. Mediante el acceso a e-mails, Pekín recabó datos de sociedades como SolarWorld, US Steel, Alcoa o ATI, firmas productoras de aluminio, según denunció la CIA, que señaló a las joint-venture bilaterales de empresas como foco de origen del espionaje industrial. China repeló las acusaciones. Su argumento oficial: que el accionariado estatal de las empresas convierte en irreal la necesidad de obtener información confidencial de sus rivales privados.
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