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¿Pasaporte covid en Asturias?: ni es inconstitucional ni discriminatorio, sostiene Presno Linera LA VOZ ASTURIAS Miguel Ángel PresnoMiguel Ángel Presno El catedrático de Derecho Constitucional y asesor del Gobierno cree que el pasaporte ha de estar justificado y avalado 08 dic 2021 . Actualizado a las 18:04 h. Comentar · 8 El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno Linera considera que el certificado covid no va en contra de ningún artículo de la Constitución Española «siempre que se trate de una medida proporcional, es decir, idónea para el fin que se pretende conseguir; que no haya otra medida menos invasiva y que produzca más beneficios que perjuicios». En cualquier caso, la implantación del certificado es una solución que ha de estar suficientemente justificada y avalada, insiste Presno Linera. El pasaporte covid, también conocido como «green pass», es el documento que permite viajar entre países de la Unión Europea acreditando que una persona ha sido vacunada contra el covid, se ha recuperado de la enfermedad o tiene una prueba negativa en las últimas 48/72 horas. Son varias las comunidades autónomas que han implantado la exigencia del certificado en lugares como establecimientos hosteleros o gimnasios. En Asturias, de momento no se ha implantado tal medida, si bien las autoridades no la descartan en el caso de que los indicadores empeoren. Presno Linera, que forma parte del comité sobre el Covid-19 que asesora al Gobierno asturiano, señala que el alto porcentaje de personas vacunadas que existe en Asturias no sería argumento suficiente en contra del pasaporte covid en el caso de sitios muy concretos. La medida podría así estar justificada, también en el Principado, en determinados lugares «con alto riesgo de contagio», para evitar la presencia de personas no vacunadas. El certificado covid ni es inconstitucional ni es discriminatorio, señala Presno Linera a preguntas de Europa Press, porque se trata de «tratar de manera distinta situaciones diferentes». No obstante, insiste en matizar que es necesario que la Administración que soliciten la adopción de tal medida lo justifique de manera adecuada y suficiente. Tampoco considera que sea discriminación que actualmente se exija en unas comunidades autónomas y en otras no. «Dependerá de la situación de cada una de ellas y de que las respectivas autoridades sanitarias consideren que la medida está justificada y eso sea avalado por el tribunal superior de justicia correspondiente», ha explicado. Diferentes criterios entre tribunales A la pregunta de si no considera peligrosa la idea de que el derecho de la salud está por encima de cualquier otro derecho, Presno Linera responde que la salud no es superior a otros derechos, pero añade que «la protección del derecho a la integridad física y moral y el propio derecho a la vida, con el que está muy relacionado el de la salud, pueden justificar limitaciones a otros derechos». La implantación de ese certificado covid en diferentes comunidades autónomas del país está viniendo acompañada de noticias de los distintos tribunales superiores, que en algunos lugares avalan la medida y en otros lo rechazan. En este punto, Presno Linera explica que los tribunales pueden tener criterios distintos, en primer lugar, porque tiene que valorar situaciones epidemiológicas que no son coincidentes y hay comunidades que lo fundamentan mejor y otras peor. Recuerda que por eso está previsto un recurso ante el Tribunal Supremo, que ha avalado recientemente la exigencia del pasaporte covid. Francisco Bastida Bastida ve «razonable» cobrar a los negacionistas si ingresan por covid LA VOZ El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Francisco Bastida considera que la actitud de personas que, por sus ideas o creencias, no quieren vacunarse contra la covid-19, los conocidos como negacionistas, no ha de poner en peligro la vida o la integridad física de los demás. Bastida plantea que «entraría dentro de lo razonable» exigir a un negacionista, en las actuales circunstancias de pandemia y de presión hospitalaria, el pago a la Seguridad Social por la atención médica recibida si es que ha tenido que ser ingresado por contraer la covid-19.