Reformas en la Gobernanza Política: Reequilibrio de poderes para atajar el déficit democrático.

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NdE: El texto que sigue a continuación forma parte del Manifiesto por Europa elaborado por Economistas Frente a la Crisis. Se trata del desarrollo del décimo punto del Decálogo en el que se concretan las propuestas del manifiesto.
El creciente recurso a los Acuerdos Intergubernamentales aprobados al margen de las instituciones europeas (Fiscal Compact, Fondo de Resolución Común) evidencia la asimetría de poderes en el seno de la UE, que imponen una determinada visión del modelo económico y social. Frente a ese poder asimétrico de los Estados Miembros, hay que reforzar el papel del Parlamento Europeo y fomentar la cooperación entre aquellos ciudadanos europeos que comparten características sociales y dificultades económicas.
Es necesario abordar cuanto antes el llamado déficit democrático de la Unión Europea, entendiendo por tal el grado de inclusividad de los ciudadanos europeos en las decisiones que les afectan, y en concreto, en relación a la salida a la crisis. Si los Estados Miembros transfieren cada vez más responsabilidades y competencias hacia las instituciones europeas, es necesario que de igual manera la rendición de cuentas se traslade al nivel en que se toman las decisiones. Ello pasa obligatoriamente por reforzar el papel del Parlamento Europeo, colocándole en el centro del proceso de construcción europea. Existen diferentes propuestas como que el Parlamento Europeo elija al Presidente de la Comisión del grupo parlamentario mayoritario, dotarle de poderes de censura constructiva, o atribuirle el poder de iniciativa legislativa. A su vez, consideramos imprescindible la incorporación lo antes posible de los diferentes tratados intergubernamentales, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad o el Pacto Fiscal, dentro del marco comunitario, en la forma de cooperación reforzada tal vez, pero siempre dentro de la arquitectura institucional de la UE.
La actual “crisis del euro”, ha puesto a prueba la reciente arquitectura institucional de la UE establecida en el Tratado de Lisboa: la dirección política de la Unión se ha desplazado fuera de las instituciones europeas hacia ciertos países, la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas está siendo cuestionada; y las decisiones intergubernamentales parecen imponerse al llamado “método comunitario”, abriendo de nuevo el debate sobre la integración diferenciada entre unos países europeos y otros.
Lo anterior no ha hecho sino agudizar la percepción del llamado ¨déficit democrático” de la UE, entendiendo por tal el grado de inclusividad de los ciudadanos europeos en las decisiones que les afectan, y en concreto, en relación a la salida a la crisis. No es un problema en absoluto nuevo, pues la construcción europea ha sido tradicionalmente un proceso dirigido por las élites, de arriba abajo, pero es desde el comienzo de la crisis y la imposición de las recetas de ajuste cuando ha quedado más en evidencia. Numerosos ciudadanos europeos sienten, en particular en los países periféricos o con dificultades económicas, que sea cual sea los gobiernos que elijan democráticamente, las políticas serán las mismas, impuestas en buena medida desde Bruselas, Frankfurt o Berlín. Hay casos particularmente llamativos como el intento de consulta al pueblo griego sobre los programas de ajuste, o el fallido rescate a Chipre, en el que tras tomar una decisión a todas luces desastrosa, nadie se responsabilizó, ni rindió cuentas por la misma.
El Tratado de Lisboa, en vigor desde enero de 2010, trataba de profundizar y ampliar la base democrática de la construcción europea. Aunque al final el Tratado no incluyó la “democracia participativa” se han incorporado mecanismos concretos de participación directa (Iniciativa Ciudadana Europea), y nuevas garantías jurídicas a nivel comunitario (carta de Derechos Fundamentales).
Pero si los Estados Miembros transfieren cada vez más responsabilidades y competencias hacia las instituciones europeas, es necesario que la rendición de cuentas se realice al nivel en que se toman las decisiones. Ello pasa obligatoriamente por reforzar el papel del Parlamento Europeo, colocándole en el centro del proceso de construcción europea. Hay muchas propuestas en este sentido, entre las que destacamos: que el PE elija al Presidente de la Comisión del grupo parlamentario mayoritario, dotarle de poderes de censura constructiva, o atribuirle el poder de iniciativa legislativa dentro de unos límites razonables que no fagocite la histórica labor de impulso al proyecto europeo que ha venido ejerciendo la Comisión.
El recurso a soluciones intergubernamentales puede que haya sido el único camino para sortear los problemas de unanimidad y avanzar en la toma de decisiones, como en el caso del MEDE, el llamado Tratado Fiscal, o más recientemente el Fondo Único de Resolución, pero plantea enormes problemas legales e institucionales a medio plazo. Por ello es necesario la incorporación lo antes posible de estos tratados dentro del marco comunitario, en la forma de cooperación reforzada tal vez, pero siempre dentro de la arquitectura institucional de la UE.
La emergencia del Consejo Europeo como un nuevo ejecutivo debiera llevar aparejado su control parlamentario. Sin embargo, el Presidente de esta institución rara vez comparece ante el Parlamento y se limita en la mayoría de las ocasiones a informar del resultado de las Cumbres a los líderes de los grupos parlamentarios en una reunión abierta a todos los miembros. Es necesario que el Presidente del Consejo Europeo comparezca ante el pleno del Parlamento Europeo, al igual que hace el Presidente de la Comisión Europea.
Un segundo control democrático del Consejo Europeo corresponde a los parlamentos nacionales. El Tratado de Lisboa recoge su papel en este sentido, pero las modalidades no están definidas y la realidad varía de país en país. Se requiere una mejor regulación del control que los parlamentos nacionales hacen de sus respectivos ejecutivos en el contexto del Consejo Europeo, reforzando su papel en aquellos países, como en España, donde las cuestiones europeas apenas se discuten. También es importante reforzar la relación entre los parlamentos nacionales con el Parlamento Europeo.
Por último, pensamos que la zona euro, dotada de una creciente gobernanza económica, necesita profundizar su legitimidad democrática propia, por lo que podría plantearse la creación de una comisión parlamentaria especial de supervisión del euro, formada tanto por europarlamentarios como por diputados nacionales. Este organismo, sin capacidad legislativa, supervisaría y valoraría el cumplimiento de los compromisos por parte de los estados miembros y podría emitir opiniones sobre los procedimientos contemplados en el Semestre Europeo, supervisión presupuestaria, sostenibilidad de los programas de ajuste, etc.