El hito histórico de que España haya superado el billón de euros en deuda pública tiene detrás un crecimiento del endeudamiento mucho más acusado en las comunidades autónomas que en la administración central en el último año. Este crecimiento llama la atención puesto que las regiones en peor situación se están financiando a travéz del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un dinero que les presta el Estado y que le computa a él como deuda. Por tanto, está creciendo la deuda no financiada con este fondo, lo que significa que sus gastos siguen sin poder financiarse con ingresos pese a los recortes que teóricamente se han acometido.
Según las cifras del Banco de España, la deuda bruta de las comunidades ha crecido un 16,3% en los últimos 12 meses y un 9,17% en lo que llevamos de 2014 (la cifra de los 1,007 billones se refiere a junio) hasta 225.740 millones de euros. Aunque la administración central tiene una deuda mucho mayor -999.909 millones contando el Estado y otras unidades-, su crecimiento se ha ralentizado mucho más que de las autonomías: un 11,27% interanual y un 6,24% en los primeros seis meses del año (la suma de las dos, junto con ayuntamientos y Seguridad Social, supera los 1,007 billones, pero hay que restar los títulos en manos de las administraciones, 276,7 millones, para hallar la cifra neta; el Banco de España no desglosa esta cifra).
Este aumento de la deuda autonómica implica que el gasto de estas adminitsraciones sigue siendo muy superior al que sería sostenible en función de unos ingresos que se han desplomado en la crisis. Y ello, a pesar de los teóricos recortes que han acometido para cumplir los objetivos de déficit establecidos por el Gobierno central y que han afectado incluso a educación y sanidad, sus principales competencias. Esta insuficiencia de la reducción de gastos queda patente en que seis comunidades incumplieron los citados objetivos en 2013: Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y Valencia.
Además, hay que tener en cuenta que dentro de esta cifra no se incluyen las aportaciones del FLA, que cuentan como deuda de la administración central. Este fondo, creado para evitar la asfixia financiera de algunas regiones, les prestó 16.600 millones en 2012 y 19.800 más en 2013. Además, el Hacienda redujo los intereses de estos préstamos y amplió el plazo para su devolución, lo que incrementa el perjuicio para el Estado. Las comunidades que se han beneficiado de este instrumento son Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Valencia, Asturias, Baleares, Cantabria y Murcia.
Incapacidad para recortar el gasto
El Estado no es ajeno a esta incapacidad autonómica para reducir el gasto público: éste creció un 4,4% en el primer trimestre para el conjunto de las administraciones, lo que pone en peligro que España cumpla sus compromisos con Europa. Además, esta cifra es incoherente con la contabilidad presupuestaria, lo que obedece a que el Gobierno habría desplazado parte del gasto público realizado en el último trimestre de 2013 al primero de 2014, como informó El Confidencial.
El contraste entre el discurso oficial de la austeridad y la realidad se evidencia, por ejemplo, en que el sector público, lejos de reducir las subvenciones a fondo perdido, las ha incrementado un 6,8% desde el inicio de la crisis en 2008, hasta alcanzar 16.400 millones el año pasado. O en los múltiples casos de despilfarro que denuncia este diario, como los 280 millones enterrados por la Junta de Andalucía en el AVE Sevilla-Málaga que finalmente no se construirá. O en las fuertes pérdidas que ha asumido el Estado en las recientes ventas de las entidades nacionalizadas NCG Banco (8.550 millones) y Catalunya Banc (en torno a 12.000).
Ante esta situación, muchos observadores se temen que no habrá más remedio que acometer recortes 'de verdad' para reducir este gasto público, teniendo en cuenta que el paro se reduce a un ritmo muy lento (lo que impide reducir las ayudas a los desempleados) y que la población está envejeciendo (lo que provoca el mismo efecto en las pensiones). El propio Gobierno espera que la deuda pública toque techo el próximo año en torno al 102% del PIB, a partir del cual disminuiría gracias a las expectativas de crecimiento del 2,3% en 2016 y del 3% en 2017. Es decir, fía la corrección de estos desequilibrios a la recuperación económica. Pero si la realidad no confirma estas previsiones tan optimistas, se verá obligado a tomar otras medidas.