El programa electoral de Carmena propone literalmente "ampliar el parque público de vivienda pública en régimen de alquiler y alquiler social a través deconvenios con la Sareb y los bancos rescatados, nuevas promociones municipales en los casos necesarios y la reversión de las ventas realizadas". La cuestión es cómo se alcanzan estos "convenios". Y ahí es donde la entidad nacionalizada tiene las cosas claras.
El ejemplo claro es la venta del 20% de Indra en agosto de 2013. Entonces, Bankia había puesto la participación en el mercado y la SEPI (el brazo inversor del Estado) esgrimió que se trataba de una empresa estratégica por sus contratos con el Ministerio de Defensa para quedarse con dicha participación. Pero, para ello, tuvo que igualar el precio que podía obtener la entidad de inversores privados, por lo que el contribuyente acabó pagando 337 millones.
En principio, las declaraciones públicas de Carmena contribuyen a tranquilizarlos ánimos en la Torre KIO de Plaza de Castilla. Hace un mes, Bankia tanteó el mercado con el llamado Proyecto Big Bang, una cartera de distintos activos inmobiliarios valorados en 4.800 millones, según publicó el periódico Expansión. A los pocos días, la candidata a la alcaldía intervino en un desayuno informativo y fue preguntada por esta operación, a lo que respondió que tenía intención de ejercer el derecho de tanteo del Ayuntamiento ante esta venta, para que, en vez de ir a parar a fondos buitres, esas viviendas se pudieran alquilar a personas con dificultades.
Descarta la expropiación... en principio
Y matizó que dudaba de que la entidad bancaria pudiera negarse a ello puesto que lo que plantea no es adquirirlo a menor precio, sino ejercer "el derecho de tanteo". Es decir, que, según este planteamiento, Carmena entiende que para ejercer ese derecho debe igualar al menos el precio que pueda obtener Bankia por las viviendas en el mercado y no acudiría a fórmulas como la expropiacióncon justiprecio que ponen los pelos de punta en las entidades. En teoría, no estamos hablando de toda esa cartera (que incluye oficinas, locales y suelos aparte de residencial, y diseminados por toda España), sino sólo de la vivienda terminada y situada en el término municipal de Madrid. En consecuencia, la cantidad que tendría que pagar es muy inferior a esos 4.800 millones.
Si esto es así, no habrá ningún problema para que Bankia y el nuevo consistorio madrileño lleguen a un acuerdo (siempre que el Ayuntamiento sea capaz de obtener financiación para pagarlo, cosa que va a depender de lo que haga Carmena con la deuda actual). Sin embargo, no está tan claro porque el programa de Ahora Madrid incluye 'incentivos' para que las entidades financieras se presten a poner sus pisos en alquiler, sin especificar si primero deben venderlas al Ayuntamiento o no.
El palo y la zanahoria
Estos incentivos siguen el más puro estilo del palo y la zanahoria: por un lado promete "favorecer el alquiler y el alquiler social de larga duración a través de bonificaciones en impuestos y licencias", pero por el otro amenaza con "imponer tasas que penalicen la acumulación de vivienda con fines especulativos, en manos de grandes empresas, inmobiliarias y entidades financieras", sin entrar a definir qué se entiende por "fines especulativos". Es decir, que se puede aplicar a cualquier situación que no convenza a Carmena.
El encuentro del miércoles entre Carmena y Goirigolzarri fue más breve de lo esperado y no pasó de una mera toma de contacto, ya que la exjueza se mostró muy cauta y rehusó entrar en detalle sobre ningún punto hasta que no sea proclamada alcaldesa. Sólo hubo declaraciones positivas sobre la posibilidad de llegar a acuerdos, aunque también hubo cierta polémica: el entorno de la candidata aseguró que Bankia no había cuantificado las viviendas que tiene en balance, mientras que desde la entidad responden que no se lo habían pedido y, en todo caso, es público que posee unas 40.000 en toda España.
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