El escándalo de Abengoa ha hecho saltar las alarmas por el ingente volumen de deuda que arrastra la empresa andaluza y por los 6.700 empleos directos que el grupo de ingeniería tiene en España. Los políticos de todas las administraciones y todos los partidos políticos han salido a pedir ayuda a la banca para salvar a la empresa de los Benjumea, los cuales se han asegurado ya indemnizaciones de casi 25 millones de euros y contra las que ningún miembro del PP, PSOE e IU ha protestado.
Pero ni Ana Botín, ni Isidro Fainé ni Josep Oliu, los tres principales bancos privados españoles con más deuda de Abengoa, están por la labor de inyectar dinero en la empresa sevillana para repetir el caso de Pescanova. Según fuentes próximas a estas tres entidades, ninguno inyectará dinero ni ejecutará las garantías de los préstamos -las acciones- como sucedió en la empresa gallega, cuyo modelo de negocio era relativamente fácil de entender pese a la falsedad contable sobre su deuda real (3.500 millones)
“Coger pescado en alta mar, congelarlo y venderlo al por menor” era y es la actividad de Pescanova, como describe uno de los mayores acreedores para justificar porqué se evitó la liquidación tras aceptar una quita del 70% del importe de los créditos y nombrar a un nuevo equipo directivo. “Lo de Abengoa no lo entiende nadie”, aseveran para explicar porqué está abocada al concurso de acreedores. Otra fuente bancaria asegura que “ninguna entidad pone dinero nuevo para pagar a terceros, ya sean proveedores o bonistas”.
Este es el motivo por el que fue rechazada la propuesta de Gestamp, ya que no se sabía el destino final de los 1.500 millones que pedía la familia Riberas para entrar en Abengoa sin asumir prácticamente ningún riesgo. Una vez certificada la caída del grupo y la petición del concurso voluntario de acreedores, la banca considera que la compañía no tiene otra solución que ir a la suspensión de pagos. Por este motivo, aseveran que las declaraciones de los políticos en plena campaña electoral no dejan de ser meros actos populistas que no surtirán efecto económico.
La banca califica de populista la postura de PP y PSOE, algunos de cuyos miembros estaban en el consejo y no han criticado las indemnizaciones de los Benjumea
“Nosotros ya sufrimos las presiones cuando nos llamaron los intermediarios deMariano Rajoy y hasta el Rey emérito", como publicó El Confidencial el 27 de octubre. "Pero sería una irresponsabilidad como gestores perder más dinero del que vamos a tener que aceptar”, explican reconociendo que la única salida es aplicar una quita y vender activos. “Ni será un nuevo caso Pescanova ni una nueva Prisa (Santander, Caixabank y Telefónica la rescataron)”, subrayan. “Y ningún inversor va a inyectar dinero si los tenedores de la deuda no ponen otra cantidad”, sentencian.
Al contrario, desde la banca se considera que la mejor alternativa es que Abengoa entre en concurso y que un administrador proponga una alternativa viable, que pasa por socializar las pérdidas entre todos los acreedores. La solución del ICO, que ya ha prestado 161 millones a la compañía, o a través deBankia, que tiene cerca de 600 millones de riesgo en el grupo andaluz, es asimismo imposible porque la Comisión Europea podría abrir un expediente a España por ayudas públicas ilegales
En las últimas horas, declaraciones como “no pueden fallar”, de Susana Díaz,presidenta de la Junta de Andalucía, o “el Gobierno va a estar al lado de los trabajadores", como aseguró Fátima Báñez, ministra de Trabajo, han sido interpretadas como brindis al sol de cara a ganar votos. En este sentido, Pedro Sánchez, el candidato del PSOE a La Moncloa, es una muestra evidente del desconocimiento de la ley: reclamó que a través del ICO se garantice una “salida, seguridad y estabilidad” a la empresa y a sus trabajadores. Por su parte,Alberto Garzón, de IU-Unidad Popular, propuso “explorar la vía de la nacionalización” y obligar a la banca privada a "salir en ayuda de esta empresa”.
Todos en nómina
A estos llamamientos a la colaboración se sumaron los candidatos deCiudadanos y Podemos, así como los líderes de UGT y CCOO, los cuales calificaron como “un despropósito” que la banca pusiera “pegas” al rescate de Abengoa. Desde la banca se califica de indignantes estas acusaciones porque tanto el PP -Ricardo Martínez Rico, socio de Cristóbal Montoro- como el PSOE -José Borrell- y la Casa Real -Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Alberto Aza- han tenido asientos en el consejo de administración de la compañía. Incluido el hermano del que fuera ministro de Industria, Miguel Sebastián, el gran promotor de las energías renovables de las que se benefició la empresa andaluza, al que destituyó tras el cambio de Gobierno.
Ninguno ha criticado los onerosos contratos que los principales directivos de Abengoa se concedieron a sí mismos el pasado mes de marzo para que, en caso de que fueran despedidos, todos ellos cobrasen jugosas indemnizaciones. Unos blindajes que denunció este medio el pasado 17 de junio porque habían sido ocultados a los accionistas e incluso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Entre el presidente y los dos últimos consejeros delegados -el último, Santiago Seage, dimitió ayer- se llevarán cerca de 25 millones mientras se avecina un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para miles de empleados.
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