El ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene clara la estrategia a seguir para que las eléctricas paguen en España el bono social, cuyo coste supone anualmente 250 millones de euros. El anterior Gobierno en funciones presentó un incidente de nulidad contra la resolución del Tribunal Supremo que dictaminó a favor del sector, señalando que la actual regulación del bono social es contraria a la doctrina comunitaria, por cuanto supone una discriminación entre las propias empresas comercializadoras encargadas de subvencionar esta ayuda social.
El bono social implica en la práctica un descuento del 25% en el recibo de la luz para todos los consumidores que cumplen una serie de requisitos, como son hogares con menos de tres kilovatios de potencia contratada, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas y familias con todos sus miembros en paro. En la actualidad, el bono social eléctrico se extiende a un total de 2,4 millones de hogares en España.
La ayuda fue instituida por el Gobierno socialista de Zapatero, en cumplimiento de una directiva de la Comisión Europea, pero su adaptación en nuestro país tiene un carácter limitado, ya que solo las empresas comercializadoras dependientes de los grande grupos eléctricos están obligadas a pagar el subsidio. Las comercializadoras independientes, que en realidad solo representan un 5% del total, están exentas de obligación, lo que discrimina lógicamente al resto de compañías, que son las que han protestado ante los tribunales.
La solución que, de entrada, plantea Nadal consiste en revisar el marco normativo para que, en adelante, sean todas las empresas vinculadas a la comercialización de energía eléctrica las que financien el bono social, que en su caso será mejorado para atender de manera especial a lo que el ministro define como colectivos afectados por "una vulneración severa". La subvención alcanza ahora a siete millones de personas, lo que supone un 18% de la población española. El Gobierno quiere que el bono social se destine con mayor eficiencia a aquellos ciudadanos que realmente lo necesiten, como punto de partida para asegurar un plan nacional de lucha contra la pobreza energética.
El procedimiento de anulación conta la sentencia del Tribunal Supremo se fundamenta en criterios meramente formales, ya que el Ministerio de Energía considera que la instancia que realmente debería pronunciarse sobre el bono social es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. El recurso facilitará, en todo caso, una ralentización de todo el procedimiento legal que será aprovechado por el Gobierno para avanzar en la nueva regulación. El objetivo es garantizar en todo caso la financiación de esta partida dentro del presupuesto de peajes eléctricos para 2017.
El Ministerio de Energía sitúa en el 10% el índice de pobreza energética en España al cierre de 2016, lo que supone cinco décimas menos que en el pasado año
La lucha contra la pobreza energética va a ser una de las misiones prioritarias en la agenda política del nuevo ministro, que ha convocado este jueves a todos los grupos políticos a una reunión de sus portavoces en materia energética, con el fin de crear una comisión parlamentaria para abordar un acuerdo lo más amplio posible. A este encuentro asistirá también el nuevo secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. El planteamiento del Gobierno es garantizar un modelo sostenible de financiación del bono social, que además mejore sus niveles sociales de cobertura en España.
La implicación de los distintos grupos de oposición en la definición estratégica que promueve Nadal es clave, dadas las competencias que tienen las comunidades autónomas en el sector eléctrico, lo que obliga a coordinar las actuaciones con los distintos gobiernos regionales y ayuntamientos. El ministro fue interpelado ayer en el Congreso de los Diputados por el lider de Podemos, Pablo Iglesias, sobre este problema, de máxima gravedad en España. Según Nadal, el porcentaje de pobreza energética en nuestro país se situará al cierre de 2016 en un 10,1%, lo que supone cinco décimas menos que en 2015.
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