La gran industria considera la subasta eléctrica «un duro batacazo» para su competitividad
Denuncia una pérdida de retribución anual de un 30% y pide al Gobierno «medidas urgentes» para lograr precios como los de sus rivales europeos
A la gran industria española no le salen las cuentas. La factura eléctrica supone para muchas plantas hasta el 50% del total de sus costes de producción y, con respecto a lo que sucede en otros países, soporta un precio de la energía un 30% más caro. En este contexto, las compañías fían parte de su competitividad al mecanismo de la interrumpibilidad, por el que se les paga por desconectarse de la red si es necesario. Es una subasta que no les gusta, porque no ofrece un precio estable y predecible, pero en ocasiones, como esta, les gusta aún menos. La puja celebrada durante esta semana en Valladolid ha deparado un resultado general nada positivo. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) cargó ayer contra el recorte de 152 millones de euros en la retribución anual del servicio, un 30% menor que la de 2017, de los que 86 corresponden a la caída en el precio medio del servicio y 66 a la reducción de la potencia asignada. Además, once factorías quedaron excluidas, entre ellas, la de alúmina de Alcoa de San Ciprián (Lugo).
«El resultado de las subastas para 2018 supondrá un duro batacazo en la competitividad», aseguró ayer esta organización, que integra a 27 compañías industriales, entre ellas Arcelor, Asturiana de Zinc y Alcoa, tres de las que participaron en la subasta con la intención de conseguir bonificaciones para sus factorías en el Principado. Aege considera que la puja tendrá «consecuencias negativas para las industrias electrointensivas», que emplean a más de 186.000 personas.
La asociación recuerda que este servicio permite mitigar, en parte, el elevado precio eléctrico que sufren estas compañías en España, uno de los más caros de Europa, exacerbado por no contar con las compensaciones y exenciones permitidas por la Comisión Europea de las que sí disfrutan industrias de países competidores, como Alemania o Francia. Por ello, Aege pide al Gobierno «medidas urgentes» para lograr precios eléctricos similares a los de sus rivales y que generen certidumbre, como las compensaciones por los costes de las renovables que estaban previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, pero que no se han aplicado.
En el caso de las factorías asturianas, aunque lograron sus objetivos en cuanto a potencia bonificable, la remuneración que recibirán por ella será entre un 15% y un 20% inferior a la de este año.
Alcoa, la más dependiente
De las plantas de la región implicadas, la que más se jugaba era la de Alcoa. De hecho, tras los malos resultados de la subasta de 2014, la multinacional amenazó con despedir a toda la plantilla de Avilés y de La Coruña, una situación que pudo reconducirse con la convocatoria de una nueva puja. En esta ocasión, la instalación de San Balandrán ha conseguido la misma potencia que el año pasado, 115 Mw, pero mediante bloques de 5 Mw, mucho menos rentables que los de 90 Mw -el año pasado logró uno de ellos- y en un contexto de retribuciones a la baja.
A las críticas por la menor remuneración se suma otra: la imposibilidad de establecer planes estratégicos a medio plazo, puesto que las subastas determinan las retribuciones que recibirán las empresas únicamente para el año siguiente. Sin embargo, en este caso, las incógnitas son aún mayores, puesto que esta puja solo establece las bonificaciones para los primeros cinco meses del año. El Gobierno justificó esta limitación en la necesidad de adaptar el mecanismo a las exigencias requeridas por la UE y porque entrará en vigor en 2018 un nuevo marco regulatorio. Se trata, por tanto, de una subasta de transición que abre aún más incógnitas, porque poco o nada se sabe del mecanismo que se aplicará después, y que no ofrece ese escenario predecible que exigen las compañías para invertir y crecer.
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