El Principado considera el resultado de la puja el «esperable, aunque no deseable» y destaca la ausencia de «descalabros» en una convocatoria «de transición»
Con absoluto mutismo, la gran industria electrointensiva asturiana se ha jugado parte de su competitividad para 2018 esta semana en Valladolid en la subasta de la que depende el mecanismo de interrumpibilidad, por el que se paga a las empresas por desconectarse de la red si es necesario. La puja era vital para adelgazar su factura eléctrica y a ella concurrieron 128 consumidores, la mayoría compañías, entre ellas Arcelor, Asturiana de Zinc y Alcoa. Al final, las empresas han conseguido para las plantas del Principado la potencia que necesitaban, aunque con bonificaciones muy inferiores que el año pasado, lo que les restará competitividad. La caída es de entre un 15% y un 20%, según los bloques.
El desplome en la retribución por este servicio no llega por sorpresa, tras las críticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de que se pagaba demasiado por el mecanismo y se utilizaba poco o el camino decreciente marcado por la Unión Europea desde 2015. En esta ocasión se subastaban dos bloques menos de 90 Mw, los más rentables, y con precios de salida inferiores. En el caso de los de 5 Mw también había menos potencia sobre la mesa y con una retribución más baja. Al final, la subasta asignó 2.600 Mw (un 12% menos que en 2016) y por un precio medio ponderado de 176.420 euros para todo el año, un 18% más bajo que en el ejercicio anterior, aunque ha habido rebajas de hasta el 28%. En el caso de los bloques de 90 Mw la remuneración media fue de 235.167 euros anuales (-18%) y en el de los de 5 Mw, 108.245 Mw (-15%). El coste total para el sistema será de 372,8 millones, dado que solo tendrá validez durante cinco meses, a la espera de un nuevo marco regulatorio.
El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, aseguró ayer que el resultado es «el esperable, aunque no el deseable» y destacó la ausencia de un «descenso dramático» o un «descalabro» que pudiera afectar seriamente a las grandes compañías de la región.
En Asturias, por su perfil de consumo productivo, quien más se jugaba en esta puja era Alcoa. Fuentes de la empresa reconocieron ayer que «el resultado ha sido significativamente menor que en la subasta anterior» y que, incluso, se ha quedado sin asignaciones la planta de alúmina de San Ciprián, en Lugo.
Según ha podido saber este periódico, el gigante del aluminio ha logrado para su factoría avilesina 23 paquetes de 5 MW, lo que supone una potencia de 115 Mw, la misma que logró el año pasado, pero con una remuneración muy inferior, y no solo por las rebajas en los precios, sino porque en 2016 se hizo con uno de los bloques de 90 Mw, que completó con otros de 5 Mw. En esta ocasión, ha logrado 23 de 5 Mw, mucho menos rentables. De haberlos logrado con la remuneración media, la operación ascendería a algo más de cinco millones de euros en esos cinco meses.
El secretario general de CC OO Intercentros de Alcoa España, José Manuel de la Uz, cree que la retribución dificultará la competitividad de la planta asturiana, aunque también que el impacto se minimiza al ser el resultado únicamente para cinco meses. Por su parte, el presidente del comité de empresa, Daniel Cuartas, mostró su preocupación por la caída en las bonificaciones, aunque también defendió que el hecho de lograr la potencia necesaria permite hablar de la continuidad de la compañía en el corto plazo.
Nuevo mecanismo
En lo que hay coincidencia absoluta, tanto por parte de los representantes de los trabajadores, como por parte de la empresa y del consejero asturiano es en la trascendencia de la regulación que sustituya a la actual. «Esta ha sido una subasta de transición. Lo importante es qué mecanismo se pondrá en juego en 2018», señaló Pola, para recordar que la interrumpibilidad no es una ayuda a las empresas, «sino una retribución por un servicio». Este implica que se les interrumpa el suministro eléctrico en situaciones en las que no hay suficiente generación para abastecer toda la demanda. Además, a partir de enero entrará también en vigor la orden ministerial por la que el servicio podrá ser utilizado no solo como mecanismo para asegurar el suministro, sino por criterios económicos.
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