Estrabismo fiscal
José Molina Molina. Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis
Si pretenden reformar el sistema sin mirar dónde están los problemas ni, por otro lado, quiénes soportan demasiada carga, deben revisarse la vista
El estrabismo, dicen los manuales de medicina, es una desviación ocular horizontal o vertical, constante o intermitente, de lejos o de cerca, o ambas a la vez. Aplicándolo a la propuesta de la reforma fiscal que han propuesto los expertos nombrados por el Ministerio de Hacienda, la visión que dan de la misma parece sufrir de esta deficiencia óptica. Se mira en sentido contrario.
Desde siempre, y como insiste el ‘Informe Mirrless’, en un sistema tributario debe primar la sencillez, o sea, ser un texto comprensible, muy transparente y que no deje puertas para políticas fiscales agresivas. Así lo indica el Informe de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo, en sus recomendaciones sobre la lucha contra la corrupción (3-2-2014). Hay que decir con claridad lo que se quiere gravar, aplicando las mínimas exenciones para que no se debilite el sistema. Y, también, hacerlo de una forma eficiente. Sencillez y eficiencia es lo que se está reclamando desde la sociedad contributiva.
No queremos ver por más tiempo como el contribuyente se siente aturdido y busca desesperadamente quién le resuelva sus problemas. No queremos más fabricantes de futuros recursos interminables. Hace años, el presidente de la República de Italia, Scalfaro, afirmó que la declaración del impuesto sobre la Renta que los contribuyentes italianos se veían obligados a cumplimentar, solo podía haber sido diseñado por “lunáticos”. Y es que en la vida fiscal, cuanto más sencillo, mejor.
En un país con seis millones de parados se plantea incentivar el ahorro, sin preguntarse antes quién ahorra. La visión redistributiva, la que afecta directamente a los ciudadanos, no aparece con la suficiente relevancia en el texto publicado por los expertos, donde prima mucho más una visión macroeconómica. Es por ello que se plantean el subidón del IVA, un efecto mollar para recaudar con facilidad, proponiendo sin sonrojo elevar el IVA de los alimentos. Desde el Ministerio se han desmarcado de semejante propuesta, porque sería un suicidio para el consumo y ahorcarse políticamente el partido del gobierno. Pero ¡cuidado! que una cosa es que no sea el momento y otra muy distinta es que se haga después de unas elecciones. Hay antecedentes.
Una reforma del sistema tributario supone abordar un cambio en los comportamientos, lo que conlleva transformar usos y costumbres. Por ejemplo, cuanto antes hay que bajar el límite de los pagos en efectivo, de los 2.500€ a 1.000€, porque está más que demostrada la relación existente entre el efectivo que circula y la economía sumergida. España se sitúa entre los países de la UE donde el número de transacciones electrónicas es muy bajo. Igualmente, se debería prohibir el diseño y comercialización de programas de software, planteados para ocultar sistemáticamente determinados porcentajes de venta. Y obligar el uso de máquinas registradoras homologadas para controlar el volumen de cobro de efectivo. Estas y otras ideas, con un régimen sancionador claro y adaptado a las políticas agresivas de fiscalidad, corresponsabilizando a quienes sean cooperadores necesarios. O sea, reformar para tener un sistema coherente, sin olvidar en dicha reforma los tributos de Comunidades Autónomas y los de la Administración Local. A modo de ejemplo: el IBI debería tener más peso en los ingresos municipales y, en contrapartida, debería ser deducible para la unidad familiar en su renta conjunta. Dar más capacidad normativa a los Ayuntamientos, con libertad para creas aquellas tasas que permitan mejorar servicios a los ciudadanos. Y preguntarse todas las Administraciones Públicas cuánto es bastante. O sea, cuánto necesitan en conjunto para funcionar, porque el enfrentamiento no es buen camino y los ciudadanos tenemos un límite. ¿Dónde situamos el listón?
Por otro lado, en el informe citado de la UE se nos recuerda que hay excesiva interferencia política en los casos de corrupción. Cita como ejemplo la falta de transparencia o discrecionalidad en los procedimientos para nombrar, promover o destituir a funcionarios, así como desacreditar a las instituciones que luchan contra la corrupción, por lo que recomienda evitar cualquier sesgo político y permitir que policías y fiscales investiguen con medios e inmediatez la corrupción allí donde se produce o se sospeche. Protección a los denunciantes y vigilancia estrecha a los grupos de presión. Porque si reforman el sistema sin mirar dónde están los problemas ni, por otro lado, quiénes soportan demasiada carga, deben revisarse la vista. Salvo que padezcan ‘estrabismo fiscal’.
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