Reflexiones críticas al inminente tratado del 'libre comercio'
SÁBADO 07 DE NOVIEMBRE DE 2015
El ruido mediático producido por la situación política de Cataluña y el horizonte novedoso, en cierto modo imprevisible, de las próximas elecciones generales, propicia el olvido casi sistemático de Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América la Comunidad Europea (TTIP, por las siglas inglesas). La Comisión Europea lo viene preparando desde hace bastante tiempo y el “iter” previsto, una vez se llegue a un acuerdo bilateral de los negociadores, los pasos a seguir son, por sí mismos, preocupantes: la Comisión presenta el acuerdo al Parlamento Europeo que deberá aprobarlo por una mayoría cualificada: el 55 % de los estados miembros que representen, al menos, el 65 % de toda la población. A continuación tendrá que ser ratificado en su conjunto –sin enmiendas parciales– por todos los estados miembros. Y no existe ninguna previsión razonable sobre posibles referendums nacionales, a pesar de su importancia. Que se sepa, en nuestro Parlamento no hubo todavía discusiones importantes, aunque sí en otros parlamentos. Y la cosa no debe de ser nada halagüeña. De hecho, ya se han recogido en Europea más de un millón de firmas, en varios países europeos (Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Austria) se han constituido ya zonas libres del TTIP y en 20 países se han formado plataformas contrarias a esas bondades predicadas por los profetas del mismo.
¿En qué consiste este TTIP o Tratado de Libre Comercio? Desde 1995 un grupo de empresas, las más poderosas transnacionales de América y Europa, comenzaron a trabajar para propiciar la evolución del comercio entre las dos riberas del Atlántico, eliminando barreras que impidan la libre actuación de esas grandes compañías, desregulando las normas vigentes en los mercados europeos y americanos y propiciando su actuación libre de trabas jurídico-institucionales, vigentes aún en cada estado. Un hito importante de ese proyecto fue la formación de la Comisión Económica Trasatlántica en 2007. Cuatro años más tarde se creó ya un grupo de trabajo, trasatlántico, para comenzar a perfilar las grandes líneas del proyectado Tratado. En febrero de 2013, Barak Oboma, en el discurso sobre el estado de la unión, anunció ya el comienzo formal de las negociaciones de una comisión creada al efecto.
Podríamos definir el objetivo fundamental del TTIP como el intento prometeíco de eliminar las barreras de índole institucional y legal o reglamentaria que limitan en cada estado la actuación de las grandes corporaciones europeas y americanas, todopoderosas ya, para actuar en USA y Europa sin trabas, para proseguir sus propios intereses. De lo poco que se sabe sobre la Comisión negociadora que trabaja en el más estricto secretismo, parece deducirse que esta “desregulación a escala nacional”, es uno de los objetivos primordiales del Tratado, sino el más importante. Y no hace falta mucha imaginación para suponer que en esa radical desregulación entran las políticas básicas en el campo de lo social y de lo medioambiental, los derechos laborales, tan mermados ya en la mayoría de los países, las disposiciones sobre la seguridad en los alimentos, las regulaciones vigentes sobre el uso de tóxicos químicos, las leyes de protección de datos e incluso todas las normas sobre las operaciones bancarias que se fueron estableciendo para impedir otra crisis financiera como la del 2008. El Tratado también propicia la entrada de las multinacionales poderosas en los sectores públicos, como la sanidad y la educación e incluso en el empleo público, el funcionariado, para privatizarlo y acceder a sus beneficios. Y parece que la voracidad de estas entidades va más allá, tratando de establecer que los propios estados sufraguen las pérdidas cuando sus operaciones en lo público, en un país determinado, fueran deficitarias.
Y uno de los aspectos más preocupantes de todo este proceso negociador entre EU y USA es que se lleve a cabo con “nocturnidad y alevosía”, es decir, con absoluto secretismo. Los miembros de la Comisión negociadora trabajan en la más absoluta confidencialidad y niegan el acceso de la documentación que se va creando a los parlamentos de los diferentes países e incluso al de Estados Unidos.
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