REDACCIÓN
Cinco páginas contienen los puntos que conformaban la propuesta del SOMA para integrarse en la nueva Federación regional de UGT-FICA y que hubieran evitado la decisión que en la tarde noche del martes tomaron los afiliados en la asamblea extraordinaria celebrada en la Casa del Pueblo de Mieres: la desvinculación del SOMA de UGT-FICA tras 106 años de historia. Este documento, que se presentó a la estructura confederal y que no sería aceptado en vista de los acontecimientos, contiene aspectos claves que van desde el nombre que debía tener la nueva federación, dónde debía estar la sede, el reparto en los órganos de dirección y en la ejecutiva regional siguiendo el porcentaje de representatividad y la estructura territorial de los sindicatos comarcales.
La propuesta del sindicato minero que hubiera facilitado la constitución de una gran Federación de Industria en Asturias y con la que el SOMA perseguía que «todos nos sintamos cómodos», comienza haciendo hincapié en cuáles son los valores que defiende el sindicato minero, que resume en cuatro: el compromiso con el territorio y el sacrificio de sus gentes; el compromiso con una gestión honesta de recursos frente a quienes dilapiden recursos de la organización en beneficio propio; líderes que trabajan solidariamente por el interés común de los trabajadores y no por un medio de subsistencia; y, por último, que la fusión debía hacerse «desde un ánimo de colaboración en defensa eficaz de los afiliados y trabajadores en general y no para una mera agregación de cuotas, destrozando valores o historias propias».
El nombre de la federación
Dicho esto, el primer punto clave que contiene el documento para la integración es el del nombre que habría que tener la nueva federación. La propuesta del sindicato minero es que se hubiera denominado FICA-SOMA Asturias, y lo justifica en que «el compromiso con el territorio y el sacrificio de sus gentes es nuestra seña de identidad», a lo que se añade en el escrito que las siglas de la organización no solo son un conjunto de letras que identifican a un sindicato centenario, sino que representan a trabajadores de diferentes sectores e identifican «un proyecto sindical solidario y de orientación socialista abierto al conjunto de toda la sociedad, que se fue consolidando con el paso de los años y con el sacrificio de muchos». Por ello, recuerdan en las diferentes fusiones las siglas siempre se han mantenido puesto que, además, los estatutos federaciones «reconocen la entidad jurídica propia del SOMA, así como su nombre y derechos patrimoniales».
Volviendo al compromiso con el territorio, y pese a admitir que las sedes deben ubicarse en el mismo edificio que las uniones regionales «por razones económicas», el SOMA plantea en su propuesta que en el caso de Asturias debería hacerse una excepción y que «es obligatorio mantener una cuarta parte de la estructura de la Comisión Ejecutiva en la Plaza de la Salve, en Sama de Langreo». La justificación que da el sindicato minero a esta exigencia es, por un lado, que en la sede de MCA no habría cabida para todos y supondría ampliar el espacio ocupado con el consiguiente incremento de gastos fijos. La otra «razón de fondo que no se puede obviar», según indica el documento presentado por el SOMA, sería «la de respeto a la historia y solidaridad con unos territorios que fueron cuna del movimiento sindical de Asturias y en el momento actual de marginación de las comarcas mineras desde el ámbito empresarial y político». Por eso, lo que plantean desde el sindicato minero es que los responsables de los ocho sectores que componen la nueva federación y una parte de los 21 trabajadores estuvieran «de manera permanente» en la sede de Sama.
Viabilidad de la Federación
l documento en el que el SOMA basaba el acuerdo con UGT-FICA plantea el desconocimiento del sindicato minero de los datos económicos de MCA Asturias y aunque estima éste que a corto plazo no habría problemas económicos, si traslada en el escrito su «preocupación» por el volumen de gastos indirectos que pueda tener la nueva federación. Así, el SOMA planteaba que era «necesario conocer la realidad económica del MCA», además de por transparencia, porque «no puede ser que nuestra federación esté plenamente auditada externamente y a juicio público y vayamos a una fusión donde no sabemos ni la calidad de los ingresos ni el adecuado uso de los mismos». A esto se añade en la propuesta del SOMA «la posibilidad de tener que acometer un plan de viabilidad a medio plazo», con lo que el sindicato minero buscaba dejar atado que las reducciones de personal que pudieran tener que hacerse fuera, de no llegarse a un acuerdo, siguiendo el criterio de proporcionalidad por los afiliados que aportaba cada federación.
Órganos de dirección
A este respecto el SOMA plantea que si se ciñese el criterio solamente al porcentaje de representatividad se tendrían que atender dos cuestiones: la primera, teniendo en cuenta que el sindicato minero aportaba el 41,52% de los afiliados tendría que tener cinco miembros de 11 en el Comité Federal, 13 miembros de 31 en el Comité Regional de UGT y dos miembros de cinco en la Comisión de Control Económico. La segunda cuestión que establece es que la representación institucional que ejercería la nueva federación debía atender al origen y naturaleza de cada una de ellas.
Ejecutiva regional
Este se ha considerado desde el principio de las negociaciones entre SOMA y UGT-FICA uno de los puntos de fricción entre ambas organizaciones y es que el que se le dejara claro al sindicato minero «que la secretaría general no estaba en discusión» estableciendo que el criterio para conformar los órganos de dirección era el número de afiliados, desde el SOMA se reafirmaron en la idea «de que estamos ante un proceso de absorción y no constituyente». Aún así, el documento plantea la posibilidad de una secretaria general «en alternancia» y que ésta la iniciase el actual secretario general del SOMA, José Luis Alperi, aludiendo a «la experiencia y conocimiento acumulados, que serían de gran ayuda a la federación». No obstante, la propuesta esgrime también que, por esta razón última, el sindicato minero aceptaría ocupar una vicesecretaría general, eso sí, con «todas las competencias y atribuciones de todos los sectores de procedencia, desde su coordinación y acción sindical, hasta la interlocución política en toda su extensión», funciones que habrían de quedar recogidas en el reglamento de funcionamiento de la comisión ejecutiva. En concreto, en la propuesta del sindicato minero se establece que «el vicesecretario general gozará de las mismas competencias que el secretario general» y que «de hecho» estaría «dotado de poderes mancomunados o delegados por el secretario general federal para representar pública y legalmente» a los sectores de su federación de procedencia.
Estructura territorial
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