Tres opciones para hacer sostenibles las pensiones públicas
Cristina Vallejo
El Gobierno del PSOE, con su reforma de 2011, y el del Partido Popular, con la de 2013, dejaron a las claras que eran conscientes del problema de la sostenibilidad de las pensiones públicas tal cual estaban diseñadas hasta ese momento. Su apuesta, tanto la que traslucía de la primera reforma, pero sobre todo de la segunda, era ir reduciéndolas poco a poco, sin que se notara inmediatamente.
Carlos Vidal-Meliá, profesor del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia, comenta que tres aspectos de la reforma de 2013, la incorporación del índice de revalorización de las pensiones (la que las desindexa del IPC); el índice de sostenibilidad, una complicada fórmula que hará depender a partir de 2019 el cálculo de la pensión inicial de la esperanza de vida; y el progresivo incremento de la base reguladora de la prestación o el número de años a partir de los que se calcula su cuantía, están basados en los principios de las cuentas nocionales, un sistema que busca, en el largo plazo, el equilibrio financiero sin tener en cuenta la suficiencia de la prestación. Ésta es primera solución que planteamos para resolver la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
De acuerdo con Vidal-Meliá, a partir de la reforma de 2013, aún faltarían varios pasos para la constitución de las cuentas nocionales: en primer lugar, la constitución de las propias cuentas individuales. De acuerdo con ellas, como explica el profesor, "cada trabajador tendría una pensión inicial actuarialmente equivalente a las cotizaciones realizadas, salvo en el caso de que la prestación inicial fuera inferior a la mínima fijada, ya que seguirían existiendo pensiones mínimas".
A partir de la creación de las cuentas nocionales, el Gobierno remitiría el denominado "sobre naranja" con la información individualizada de los movimientos de la cuenta nocional y la proyección de la pensión esperada a diversas edades de jubilación. Y, por último, la construcción del sistema de cuentas nocionales incluiría la formulación del balance actuarial del sistema en su conjunto, que permitiría valorar la solvencia del sistema de pensiones.
Si con la reforma de 2013 las pensiones van a ir bajando progresivamente, tanto por efecto del índice de revalorización como del índice de sostenibilidad, también caerían aplicando un sistema de cuentas nocionales. En opinión de Vidal-Meliá, dadas las expectativas económicas y demográficas del país, la pensión bajaría casi con total probabilidad, aunque, en su opinión, independientemente de que se aplique un modelo u otro. "Con el sistema de cuentas nocionales la pensión inicial se acomoda de manera automática a la evolución económica y demográfica del país: más crecimiento y más cotizantes implicará mejores pensiones", concluye Vidal-Meliá.
El inconveniente de presentar un modelo que avanza una bajada de las pensiones es que gran parte de la sociedad, con las multitudinarias manifestaciones de los últimos días, parece no estar dispuesta a aceptarlo. Además, un sistema basado en la creación de cuentas individuales, que acerca mucho más lo que uno aporta a lo que uno acaba recibiendo, puede elevar los problemas sociales y las desigualdades. Así, Héctor Maravall, exdirector general del Imserso, comenta que en un país como España, con tanta desigualdad de rentas, primar un sistema individual puede ser una catástrofe para gran parte de la población. Más, posiblemente, en caso de que el sistema público pierda peso y se haga depender del ahorro privado la vida en la vejez.
Una Seguridad Social que se salve a sí misma
Maravall, por tanto, propone un puñado de ideas para que la Seguridad Social se salve a sí misma. En primer lugar, que las pensiones de orfandad y viudedad pasen a estar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, dado que son políticas más vinculadas a la protección de la familia, en su opinión. Aunque apunta que para aplicar esta medida debería contarse con "un calendario razonablemente dilatado, de 15 o 20 años", dado el importante volumen de la cuantía de esta partida y que, por ello, hacerlo de una vez supondría un shock presupuestario.
En segundo lugar, apunta que hay que tapar dos agujeros existente en la financiación de la Seguridad Social: el que genera el régimen especial agrario, ahora con cotizaciones muy bajas debido al poderío que ha tenido la patronal agraria y que debería ir aproximándose al régimen general. Los trabajadores y los empresarios del campo contribuyen poco, la Seguridad Social lo sabe desde hace años, pero la patronal se escuda en que si se elevan las cotizaciones, el sector se hunde. Asimismo, también observa que el mundo de los autónomos también contribuye poco y que termina teniendo muy bajas pensiones porque no ha cotizado adecuadamente.
Estas medidas, de acuerdo con Maravall, no solucionarían el sistema público de pensiones, pero ayudarían a acotarlo y a reducirlo.
Maravall añade algún elemento más que puede contribuir a mejorar la situación del sistema. En primer lugar, el destope de las cotizaciones, aunque, en su opinión, tampoco sería una varita mágica, puesto que una aportación mayor hoy implicaría una pensión más elevada el día de mañana. Bien es verdad que una distribución solidaria como la que prima en el sistema español siempre lleva consigo que los que más cobran suelen aportar más de lo que luego reciben.
Además, plantea la conveniencia de abrir el debate sobre por qué no se cotiza más a la Seguridad Social. Se queda de que en la izquierda no se suele ser muy partidario de proponer o aceptar esta idea, pero defiende que posiblemente los trabajadores estarían dispuestos a cotizar más si a cambio se garantizan una buena pensión.
Por último, cree que habría que trabajar en el mercado laboral, puesto que uno precarizado como el actual hace muy difícil contar con ingresos suficientes para que sea posible un sistema público de pensiones fuerte. Y, además, habría que luchar de verdad contra el fraude, con inspecciones tanto de la Seguridad Social como de Hacienda.
¿Y si financiamos con impuestos?
El propio Maravall reconoce en algún punto las limitaciones de las reformas que plantea. Borja Suárez Corujo, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, propone cubrir con los Presupuestos Generales del Estado el 'gap' existente entre lo que es posible recaudar vía cotizaciones y las pensiones que es necesario pagar. Apunta, en definitiva, la posibilidad (o la necesidad) de que las pensiones comiencen a depender menos de las cotizaciones sociales y más de los impuestos. Maravall se muestra contrario a esta idea, puesto que considera que optar por este modelo deja a la voluntad del Gobierno de turno o de las alianzas parlamentarias su retribución. A Suárez Corujo ésta le parece una observación inteligente y propone blindar las pensiones con un impuesto específico, finalista, para contribuir a pagarlas. Además, para evitar el riesgo de que se detraigan recursos de otras partidas importantes, apunta que el nivel de ingresos con que cuenta el Estado se puede modificar y elevar, para igualarlo con la media europea, pasándolo desde niveles del 34% del PIB hasta el 41,5%. Con ello, se podría contar con entre 70.000 y 80.000 millones de euros más para políticas públicas, tanto para pensiones como para otras partidas insuficientemente financiadas.
Pero además de la financiación vía Presupuestos o con un impuesto finalista, Suárez Corujo propone reformas en la propia Seguridad Social para lograr no sólo la sostenibilidad financiera, sino también la social, e incluso la política, porque ningún Gobierno, afirma, podría convivir con un empobrecimiento paulatino de los jubilados. Las que hay que evitar son reformas que busquen la sostenibilidad financiera del sistema a costa de hacerlo insostenible socialmente.
Así, propone que dejen de correr a cargo de la Seguridad Social ciertos pagos, como el de las políticas activas de empleo o el de los salarios de sus funcionarios. Además, defiende incrementar las bases máximas de cotización. Con ello, calcula que el déficit del sistema podría reducirse desde los 19.000 millones de euros actuales hasta los 6.000 o los 7.000 millones. Suárez Corujo no está de acuerdo con Maravall en sacar de la Seguridad Social las pensiones de viudedad y de orfandad: "La sociedad no ha cambiado tanto como dicen quienes creen que hay que sacarlas del sistema", asegura, al tiempo que avisa del peligro de que se acabe con estas prestaciones si se dejan de financiar a cargo de la Seguridad Social.
Pero sí coincide con Maravall en que es fundamental cambiar la política laboral y revertir el marco regulatorio que ha agravado los males del mercado de trabajo en España.
Mejorando el funcionamiento del mercado de trabajo se corregiría el deterioro de la situación social de los jóvenes. Ha sido su empobrecimiento relativo el que ha provocado que los mayores hayan mejorado su posición relativa en los últimos años de la crisis, aunque en los cinco últimos años hayan ido perdiendo poder adquisitivo.
Los expertos muestran muchos puntos de desacuerdo. Pero en algo coinciden: se quejan del escaso nivel del debate político alrededor de esta cuestión.
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