Los acusados de okupar La Madreña piden que se investigue a De Lorenzo
El juicio a los diez activistas, entre ellos el edil de Somos Rubén Rosón y el diputado de Podemos Andrés Fernández, comienza hoy
Los diez encausados por okupar y gestionar La Madreña, así como personas afines al centro social autogestionado que nació al calor del 15-M, llamaron ayer a la movilización ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia, en Porlier, en los prolegómenos del juicio que comienza a las diez de esta mañana y que se alargará hasta mañana. Pero no solo. Ayer, en la víspera, solicitaron investigar a quienes consideran responsables de la 'operación de los palacios' que acabó por «privatizar» la antigua sede de la Consejería de Sanidad, en General Elorza 32, para «financiar la construcción del Calatrava».
Así, mientras los okupantes de La Madreña, según su parecer, viven un proceso judicial «injusto», en el que afrontan una posible multa de 1.440 euros, consideran que el exalcade Gabino de Lorenzo, el expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y la empresa que gestionó la construcción del Palacio de Congresos, Jovellanos XXI, «no han tenido que afrontar ningún juicio por una operación económica ruinosa que supuso 59 millones de euros para las arcas asturianas».
Aparte del apoyo popular que tuvo La Madreña durante los dos años que estuvo en funcionamiento, hasta que la Audiencia Provincial ordenó el desalojo el 3 de junio de 2014, el proceso, hasta llegar a la sala de vistas, se intrincó por la carrera política que emprendieron entoces varios de los acusados.
El juicio tuvo que ser suspendido en primera instancia el año pasado porque los juzgados ordinarios se mostraron «incapaces» de dirimir sobre un posible delito penal cometido por un aforado: Andrés Fernández, diputado por Podemos en la Junta General, que se sentará junto con Rubén Rosón, concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, en el banquillo de los acusados.
«Garra lo que ye tuyo»
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, considera que los diez 'madreñeros' formaban parte de un colectivo de personas que «sin solicitar ni obtener permiso del titular del edificio», comenzó a a realizar «de forma permanente y continuada» charlas, reuniones y otras actividades. En las ventanas, sostiene el Ministerio Público, había carteles con lemas tales como «okupación temporal», «espacio libre 15-M», «un desahucio, una okupación», «garra lo que ye tuyo» y otras similares.
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