«Estos diez están aquí porque son los que hemos cogido por La Madreña»
La Fiscalía incrementa la petición de pena a Rosón y Ron mientras que los acusados claman ser víctimas de un «juicio político»
El dónde estaba claro antes de la vista oral y ante la vista de todos los ovetenses: el 32 de General Elorza. El cómo los acusados lo intuían, pero el fiscal se lo aclaró por si las dudas: los diez procesados por un delito de usurpación se han sentado en el banquillo de los acusados porque eran «los que hemos cogido». Tal cual. No 'cogieron' al hombre que cultivaba en régimen de minifundio la entrada de La Madreña, ni al millar de personas que se autoinculpó en una causa que el juez de instrucción archivó dos veces.
El cuándo también es importante. Depende del momento en el que saliera una noticia en este diario o en otros medios acerca de las actividades del centro social autogestionado para que la Brigada de Información de la Policía, a instancias del juez de instrucción, incorporara fotografía y apellidos al rollo, como explicó ayer el responsable del operativo de seguimiento de los activistas. «Para filiarlos, no identificarlos», aclaró el denodado fiscal, Miguel Rodríguez, que rozó la caricatura de uno de los acusados al indicar que «era fácil identificarlo por las fotos»; esto es, por su aspecto físico, cuando uno de los agentes de una patrulla 'zeta' que declaró ayer, indicó que David Acera se identificó mientras descargaba material para una obra de teatro pero Diego Rubio no quiso hacerlo.
Es más, de los policías que depusieron en este sentido, hubo agentes que afirmaron que «nosotros no identificamos a Rubén Rosón». Percha a la que se colgó la defensa para acomodar el argumento de que el concejal de Economía del Ayuntamiento era un «usuario» y no el cabecilla de una banda organizada de okupas cuyos problemas con los inmuebles tienen más que ver en la actualidad con la aplicación del IBI diferencial que con charlas sobre veganismo a la luz de un grupo electrógeno a gasolina.
El qué es, desde ayer, materia del discernimiento de los tres magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, una vez Fiscalía cambió su escrito de acusación para tres de los procesados. A la salida del juicio, Gemma Arbesú, abogada de Rosón y Andrés Fernández Ron, cargó contra la decisión de subirles la petición de pena a 4.500 euros. «Nos llama la atención que en el último momento se haya incrementado a Rosón y Ron y otro de los acusados -Iván Martínez, sindicalista, a 2.160 euros-, porque curiosamente tienen responsabilidades políticas», afirmó la letrada antes de explicar la línea argumental de las defensas. «No se dan los elementos usurpación no violenta. Se trataba de un edificio abandonado durante más de cuatro años y medio», indicó, para explicar que la vía para la resolución de este litigio debería haber sido la civil y no la penal. Además, Sedes, la titular del inmueble que con su denuncia originó la causa, se retiró de la misma.
Otra de las abogadas, Mónica Capín, se había referido en sala a que el acto celebrado estos dos días era una «causa general» contra La Madreña y que los argumentos del fiscal no encajaban en el tipo penal de usurpación. Para rematar los alegatos, el último de los abogados, Pablo Baker, que reconoció haber dado una charla en La Madreña y se congratuló de su condición de asistente en vez de la de acusado. Baker tiró de ironía: «El de mi defendido es el primer caso de okupación a distancia», afirmó, porque Andrés Montes se encontraba «fuera» del inmueble cuando fue identificado.
Todo ello para contrarrestar lo que les imputa Fiscalía. Esto es, que desde el 15 de noviembre de 2011, hasta el desalojo en junio de 2014, los diez encausados ocuparon «con ánimo de permanencia» y «para fines personales el edificio deshabitado». En sus argumentos el fiscal cargó con dureza contra la organización de La Madreña porque «el 15-M es vertical como absolutamente todo» y alguien tuvo que asumir decisiones ejecutivas.
El por qué del juicio lo creen saber los acusados. «Le pedimos perdón al Tribunal por tener que soportar un juicio político que tiene su origen en el Gobierno de Asturias, que utilizó una empresa pública para denunciar a gente que intentamos mejorar la comunidad», indicaron en sus alegatos finales los activistas. El juicio quedó visto para sentencia.
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