Qué hacer para disminuir el precio de la electricidad

Por Economistas Frente a la Crisis | septiembre 18, 2018 |

Martín Gallego, ex secretario General de la Energía, y Gerardo Novales, ex Director General de Red Eléctrica de España, son miembros de Economistas Frente a la Crisis EFC

De todas las energías existentes la electricidad es la única que puede ser producida con energías renovables y puede, a su vez, sustituir al petróleo y al gas en la movilidad, el transporte y la climatización, todos ellos sectores intensivos en el consumo de energías fósiles contaminantes. En el sector eléctrico reside, pues, la clave de la transición energética y ecológica desde las energías fósiles a las renovables, a través de una mayor electrificación de la economía.

Esta posibilidad se debilita, en cambio, si, como sucede actualmente en España, el precio de la electricidad alcanza niveles inaceptables. Las causas de este encarecimiento son complejas y han sido analizadas no pocas veces por Economistas Frente a la Crisis. Pueden ser resumidas en: i) Un diseño de mercado inadecuado: la remuneración de centrales con bajos costes de funcionamiento y bajos costes fijos (hidroeléctricas y nucleares) al precio que determina el mercado, suministra a sus propietarios elevados beneficios sobrevenidos; ii) Dicho diseño genera incentivos a las empresas eléctricas para que ejerzan “poder de mercado”; y iii) La existencia de impuestos, tasas y gravámenes a la electricidad que automáticamente son traspasados vía precios a los consumidores y elevan los beneficios de las empresas eléctricas.

Todas estas cuestiones exigen una reforma en profundidad de la regulación del Sector Eléctrico, única vía para solucionar estructuralmente los problemas que sobre el conjunto de la economía están proyectando los altos precios de la electricidad.

Las líneas generales de la reforma deberían abordar: i) La recuperación de las competencias del Estado en la fijación del índice de cobertura de la demanda de electricidad y en la composición del mix tecnológico de la generación; ii) La recuperación por el Operador del Sistema (Red Eléctrica de España) de aquellas competencias que le permitan optimizar la gestión de los recursos hidroeléctricos, el bombeo y los intercambios internacionales de electricidad entre Sistemas así como de cualquier otro instrumento que pueda contribuir a la gestión técnica de los equilibrios eléctricos; iii) El diseño de un mercado de subastas para la instalación de nuevas centrales eléctricas que determine el precio a largo plazo de la energía que produzcan; y iv) La remuneración de las centrales hidráulicas y nucleares puede ser establecida provisionalmente estimando sus costes medios, con liquidación definitiva posterior en función de una auditoría regulatoria que los determine con rigor. Esta auditoría incluiría, adicionalmente, la liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia CTC`s cobrados en exceso por las empresas eléctricas.

Sin embargo, sin esperar a que se complete dicha reforma, es urgente adoptar medidas que reduzcan los precios de la electricidad, arrumbando algunos mitos que, aunque carezcan de base real, están arraigados en la opinión pública y – lo que es peor – en los reguladores. A título de ejemplo, los siguientes:

– “Los precios en España están establecidos por una normativa de la UE que se opondría a cualquier cambio que se quisiera introducir en la regulación”.

Esta percepción es inexacta. La UE nunca objetará regulaciones que corrijan fallos de mercado y estimulen la competencia, como han promulgado ya Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. El proceso de formación de los precios en el mercado de la electricidad español tiene sentido para ordenar el funcionamiento de las diferentes centrales y para remunerar a las centrales de carbón y gas. No es en cambio adecuado para remunerar las centrales hidroeléctricas, nucleares o renovables.

– “No hay soluciones posibles a corto plazo en España, ya que para ponerlas en marcha haría falta una nueva Ley Eléctrica que requeriría una mayoría parlamentaria de la que no dispone el Gobierno”.

Esta percepción también es inexacta. El Gobierno podría aprobar la reducción o el cambio de diseño de algunos impuestos existentes con objeto de limitar sus efectos inflacionistas, de tal forma que no se traslade, vía precio, la carga del impuesto al consumidor final. En este sentido se proponen las siguientes medidas: i) Suprimir el Impuesto Especial a la generación con carbón y gas; ii) Suprimir el impuesto del 7% a la generación de electricidad con carbón y gas -que fija el precio de la electricidad que perciben la totalidad de las centrales- o rediseñarlo para evitar que sea automáticamente trasladado al consumidor vía precios de mercado; y iii) Minorar el valor de los derechos de emisión en las retribuciones de centrales no contaminantes, recuperando el RDL 11/2007 declarado compatible por el TSJUE con el Derecho Comunitario en sentencia del 17 de octubre de 2013.

Las tres medidas anteriores habrían permitido reducir el precio del mercado eléctrico en España en 13€/MWh, según el modelo Energeia Simula, lo que hubiera supuesto una reducción del 22% del precio de la electricidad reduciendo el coste anual para los consumidores en más de 2.000 M€.

Se trataría de medidas de choque provisionales para frenar y disminuir los costes de la electricidad para los consumidores, hasta que entre en vigor la reforma de la regulación del Sector Eléctrico antes apuntada.