El precio de los derechos de emisión de CO2 se dispara un 10% en un solo día
La UE cifra en 160.000 los puestos que se perderán por la transición energética y advierte de que España será de los países más afectados
Lleva un año de subidas casi continuas, pero en las últimas jornadas el precio de los derechos de emisión de CO2 se ha disparado fruto de una normativa cada vez más restrictiva que reduce el volumen que se pone en el mercado y de la especulación, que intenta sacar rendimiento de un incremento de cotización que se prevé que no cese. Ayer mismo, el precio de la tonelada se disparó casi un 10%, hasta los 22,5 euros, cuando hace un año no llegaba a los siete. Según todos los expertos, esta escalada no ha hecho nada más que empezar, ya que el objetivo de la UE, quien impulsó este mecanismo para reducir los gases de efecto invernadero, es expulsar del sistema las instalaciones más contaminantes, potenciar las energías limpias y también inversiones que mejoren la eficiencia.
Asturias es la comunidad más afectada por este alza en el precio del CO2, dado el peso de la generación eléctrica con carbón en su economía y también el de la gran industria. Instalaciones como las centrales térmicas o las plantas de Arcelor necesitan recurrir a este mercado para poder mantener la actividad y el incremento de los precios eleva sus costes hasta una posición muy complicada. De esta forma, las térmicas cada vez tienen más complicado entrar en el mix o si lo hacen es a un coste mucho mayor -el encarecimiento de la electricidad es una de sus consecuencias-, mientras que a la industria se le dificulta competir con plantas de países de fuera de la UE, que no tienen que hacer frente al sobrecoste que supone este mercado de derechos.
Sin embargo, desde la UE no se está por la labor de limitar los efectos que está teniendo sobre los balances de las factorías contaminantes. De hecho, su intención es incluso reforzarlo, ya que en los últimos años este instrumento no ha cumplido los objetivos de reducción de emisiones para el que fue concebido.
No obstante, la UE sí reconoce que la transición energética tendrá efectos negativos sobre algunas economías. Un informe elaborado por la Comisión cifra en 160.000 los puestos de trabajo que se perderán hasta 2030 ligados al carbón en el club de los 28 y cita a España como uno de los países que sufrirá las peores consecuencias de una descarbonización acelerada, aunque el más damnificado será Polonia.
Según esta publicación, elaborada este mismo año, habrá una primera oleada de cierres hasta 2025 impulsada, precisamente, por «la competencia en un mundo con restricciones de carbono». En este caso, considera que los países más afectados serán Reino Unido, Alemania, Polonia, República Checa y España. Y después augura otra oleada de desmantelamientos hasta 2030, en la que nuestro país ya no estaría entre los mayores damnificados.
Este informe de la UE, sin embargo, también recalca que hay oportunidades de empleo en el aprovechamiento del patrimonio industrial o el asentamiento de nuevas empresas, y destaca que la captura y almacenamiento de carbono, que podría mitigar las emisiones de CO2, podría facilitar la continuidad de la operación de las plantas de carbón a largo plazo, «siempre que sea económicamente viable y superen los desafíos legales y regulatorios». Su estimación es que el 13% de la capacidad europea se podría modernizar con estos sistemas, aunque también advierte de que las centrales españolas son mucho menos eficientes que las alemanas, con un promedio inferior al 30%.
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