Funcionarios del Ayuntamiento se niegan a fiscalizar los contratos de la 'Enredadera'
Un informe de Intervención estima que la junta de gobierno «no es competente» para ordenar la revisión de expedientes
El pasado 9 de agosto, la junta de gobierno local acordó como medidas para conocer el alcance del 'caso Enredadera', la trama corrupta que investiga el Juzgado número 2 de Badalona, la personación en la causa penal abierta y la fiscalización de todos los contratos de Seguridad Ciudadana de los últimos diez años. Una revisión que también se extendería al área de Alumbrado. Sin embargo, según ha podido saber este diario, el interventor general y su adjunto se niegan a hacerlo. En un documento remitido a Alcaldía, ambos funcionarios enmiendan la plana al equipo de gobierno y alegan que «no es competente» para acordar la 'fiscalización' de los contratos, función que, recuerdan, en el significado estricto del término, «ya fue realizada por esta Intervención».
Las comillas son necesarias. Todo el informe en el que basan su descalificación es una mera discusión semántica. ¿Qué quisieron decir los concejales con 'fiscalización'? «Ya fue realizada». O sea, no les complace al interventor y adjunto que alguien dude de su profesionalidad y trabajo. Ellos 'fiscalizaron' los contratos de la Policía según los términos que dispone la ley en el momento de la licitación de todos ellos. Algunos, como el de las emisoras, fue paralizado el año pasado por dos vías, llevándolo a Fiscalía y mediante el trámite ordinario. Siguió adelante.
Reniegan de una directriz de la dirección política de la ciudad, que cuenta con un informe de Abogacía Consistorial para ordenarla. El director de la oficina jurídica del Ayuntamiento en el mismo documento en el que justifica la personación en la causa urge a «no dilatar la incoación de los oportunos procedimientos dirigidos a la exhaustiva fiscalización -sin comillas- de todos aquellos expedientes en los que hubieran tenido participación los funcionarios objeto de investigación».
Revisión
O sea, que a Intervención algo se le pudo haber pasado. Es lo que teme el equipo de gobierno tras conocer las escuchas intervenidas a José Manuel López, comisario y ex jefe de la Policía Local, apartado de su cargo e investigado e la causa y del ex jefe de Bomberos José Manuel Torres con el conseguidor de la trama, Ángel Luis García 'El Patatero'.
Como muestra, la publicada por El COMERCIO en relación a la adjudicación del mantenimiento de la red semafórica. 'El Patatero' explica a Torres que ya firmó y que le «han hecho un primer pago» de la cuenta de «los semáforos de Oviedo». Ese abono asciende a «284.000 pavos, IVA incluido», añade el supuesto conseguidor, que le pide al bombero que «no le diga nada al 'poli'».
Tiene su gracia. Otro de los argumentos para no 'fiscalizar' es que Intervención lo hace de forma independiente y ordinaria. Los funcionarios ponen como ejemplo, dentro del Plan de Auditorías de 2017 en el que se fiscalizaron 53 expedientes, precisamente, ese contrato de la red semafórica que fue adjudicado a Aluvisa y del que no vieron nada irregular. Actitud que choca con la tercera de las medidas tomadas por el equipo de gobierno, que fue paralizar los contratos del área de Seguridad en tramitación como el de modernización de las tabletas de la Policía local.
Por otro lado, señala Intervención que meterse a fondo con 112 contratos desde 2011 -los que están en formato digital- «podría llevar varios años de trabajo». A mayores, revisar legajos desde 2008, calculan en el informe, elevaría la carga a más de 200 expedientes. Demasiado en fechas tan especiales como San Mateo en las que los funcionarios municipales cobran la ilegal 'bolsa'. Así como complementos anuales por productividad.
- La trama:
- comenzó a investigarse en el municipio catalán de Montgat por amaños en datos de tráfico para justificar la necesidad de contratar con la mercantil principal investigada, Aplicaciones Gespol, integrada en Valoriza Servicios Medioambientales, del grupo Sacyr.
- Oviedo:
- los investigadores abrieron piezas separadas en Astorga y León, desde donde operaban dos empresarios encausados José Luis Ulibarri y Ángel Luis García 'El Patatero', quienes, presuntamente, dieron el salto a Asturias para hacerse con licitaciones.
- José Manuel López:
- comisario y exjefe de la Policía Local investigado junto con el subcomisario responsable del área técnica. López fue cesado por el alcalde por una «pérdida de confianza» progresiva el viernes 6 de julio, cuatro días después de que los agentes de la UDEF irrumpieran en el Ayuntamiento y en dependencias policiales de Rubín.
- Contratos:
- durante el registro, los agentes solicitaron los contratos con las empresas de la trama. El de la aplicación de las tabletas, el del radar móvil, el de las emisoras -pendiente de recepción- y el de modernización, que fue paralizado por la junta de gobierno. También preguntaron por los de alumbrado al haber empresas sospechosas interesados en ellos.
- Medidas:
- el equipo de gobierno ha tomado varias medidas para saber hasta dónde llega la supuesta trama en el Ayuntamiento. Paralizó contratos, ha comenzado los trámites para personarse en la causa en el Juzgado número 2 de Badalona y retiró competencias a los funcionarios que hasta ahora eran responsables de los pliegos. También ordenó la fiscalización de los expedientes del área de Seguridad desde 2008.
No hay comentarios:
Publicar un comentario