En la última década los ayuntamientos han tenido que hacer frente a la mayor crisis económica que ha sufrido España en casi un siglo. La recesión golpeó con dureza a las cuentas de los municipios, que empezaron los recortes en el año 2010 cuando empezó a hundirse la recaudación del Estado y, por tanto, las transferencias del sistema de financiación local.
Los recortes se prolongaron durante tres años, hasta 2013, y a partir de entonces han vivido una legislatura completa de recuperación. El saldo durante este periodo ha sido un fuerte ajuste en inversiones, producción de bienes y servicios e incluso protección social con los que han hecho ‘hueco’ para mantener el gasto en personal, elevar el gasto corriente y, sobre todo, amortizar una parte de la inmensa deuda acumulada durante la burbuja y los primeros años de la crisis. Así lo muestran los datos de ejecución presupuestaria local del Ministerio de Hacienda analizados por El Confidencial.
Es cierto que se aprecian importantes diferencias entre los ayuntamientos en función de su tamaño, pero esta es la regla general para la mayoría. Las grandes ciudades han realizado un ajuste mayor en el capítulo de inversiones porque se ha disparado el coste de su deuda. Los municipios de más de 200.000 habitantes gastaron en 2018 nada menos que un 64% más que en 2010 en la deuda. En total, pagan 148 euros por cada habitante en financiar su pasivo, lo que significa que ya gastan más en deuda que en inversiones.
Los ayuntamientos más pequeños, por el contrario, no han tenido ese ‘shock’ de deuda, por lo que han tenido recursos liberados para financiar otras políticas. La mayoría han aprovechado esa coyuntura para elevar rápidamente el gasto en personal. En algunos casos, como en los ayuntamientos de menos de 100 habitantes, tienen muy difícil recortar en personal porque están ya en mínimos. Pero eso no justifica que, en su conjunto, hayan disparado un 37% su gasto en salarios desde 2010 y desde 2014, un 45%.
El incremento del gasto en personal ha sido decreciente a medida que los municipios son más grandes, hasta el punto de que los consistorios de más de 10.000 habitantes prácticamente se situaron al cierre de 2018 en el mismo nivel que en 2010. Las ciudades que más gastan en salarios son precisamente las que tienen mayores ingresos. Marbella es, con diferencia, quien dedica más recursos al personal: gastó 1.051 euros por habitante en salarios, lo que ha convertido al ayuntamiento en una auténtica agencia de colocación.
El segundo es Estepona, que ha disparado el gasto en personal un 49% en la última legislatura, hasta los 717 euros por residente. Oviedo es la ciudad de más de 200.000 habitantes que más incrementó el gasto en personal en la última legislatura, con un incremento del 28%.
Pero también hay municipios que han seguido recortando los gastos en personal después de los excesos de la burbuja y de los bajos ingresos que genera. La Línea de la Concepción recortó un 16% la partida dedicada a salarios en la última legislatura, Parla la redujo un 10% y Boadilla del Monte y Algeciras, un 8%.
La regla de gasto
Los ayuntamientos están constreñidos por la regla de gasto que introdujo el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la Ley de Estabilidad de 2012. Esta regla limita el crecimiento anual del gasto que pueden realizar las distintas administraciones, de modo que si tienen superávit, no pueden utilizarlo íntegramente. La única salida que les queda es emplearlo para amortizar deuda, de ahí que esta partida anual de gasto se haya disparado durante la crisis.
Hay ciudades que gastan más en amortizar deuda que en pagar las nóminas de sus trabajadores. En Valencia, por ejemplo, los gastos financieros fueron de 411 euros por habitante en 2018, mientras que las nóminas supusieron 375 euros por habitante. Pero no es la única: Benalmádena, que es el municipio con mayores gastos financieros (546 euros por habitante), y Telde también gastan más en intereses que en nóminas.
Madrid se mantiene todavía como una de las grandes ciudades que destina más recursos a amortizar deuda. En 2018, el Ejecutivo de Manuela Carmena gastó 213 euros por cada madrileño al pago de su pasivo, la tercera gran ciudad con mayor esfuerzo por detrás de Valencia y Gijón.
Una de las partidas sacrificadas ha sido la protección social, y eso que la crisis ha dejado grandes bolsas de pobreza en España. Los ayuntamientos más pequeños han recortado en nada menos que un 48% el gasto social desde 2010 hasta 2018, y los grandes lo han reducido en un 15%, sin duda una noticia pésima para las clases populares.
Los ayuntamientos de menor tamaño han recortado su gasto social en nada menos que un 48% desde 2010 hasta 2018
En la Comunidad de Madrid se concentran algunas de las ciudades con menor gasto social y el problema es que muchas son ciudades dormitorio para las clases populares. Leganés es un buen ejemplo: apenas dedica 49 euros por habitante a protección social. Parla también se encuentra en la parte baja con un gasto de 56 euros por habitante, o Aranjuez, que apenas dedica 29 euros.
Las capitales de provincia son las que realizan mayor gasto social. Sevilla encabeza la clasificación con 221 euros por habitante; seguida de Ávila y Barcelona, que superan los 210 euros. En general, las ciudades catalanas realizan mayor gasto social que el resto. En los puestos cabeceros se sitúan El Prat, Santa Coloma, Mataró, Sant Boi, Mollet del Vallès… En todas ellas, el gasto social por habitante es superior al de la ciudad de Madrid, que en 2018 dedicó un total de 155 euros per cápita.
La eficiencia de gasto es el gran reto que tienen por delante los ayuntamientos. A pesar de que la gran mayoría está en superávit, todavía adolecen de un ajuste en gasto corriente para mejorar la provisión de bienes y servicios. Esta partida ha subido en casi todos los municipios desde el año 2010. De hecho, en los más pequeños, ni siquiera se llegó a recortar durante la crisis y actualmente es ya un 28% superior a los años de la burbuja.
Esto significa que el superávit de los ayuntamientos no puede interpretarse como que ‘se han apretado el cinturón’ ganando eficiencia. Básicamente, lo que han hecho, ha sido recortar las inversiones y algunas transferencias sociales y mantener unos ingresos elevados gracias a la inelasticidad de sus impuestos. Las tasas e impuestos municipales, como el IBI, son muy estables, ya que todos los ciudadanos están obligados a pagarlos y la base imponible la determina directamente el municipio.
De ahí que ya en 2016 los municipios lograran superar el máximo de ingresos logrado durante la burbuja inmobiliaria con más de 71.000 millones de euros en sus arcas. En cuanto al gasto, al cierre de 2018 se situó en 69.500 millones de euros, todavía un 9% por debajo del máximo alcanzado en 2010.
La principal partida recortada ha sido la de inversiones. Cuando estalló la crisis, los alcaldes cortaron en seco la inversión y no ha sido hasta bien avanzada la última legislatura cuando ha comenzado a recuperarse. Esto explica la descapitalización sufrida por el sector local y que amenaza con prolongarse si la inversión sigue hundida.
Las ciudades de entre 50.000 y 200.000 habitantes invirtieron en 2018 un 65% menos que en 2010 y las de más de 200.000 habitantes, un 53% menos. Una comparativa más preocupante es que las inversiones en estas ciudades son apenas un 25% del esfuerzo dedicado al gasto corriente. Las ciudades del sur ocupan los puestos más bajos en esta clasificación. Por ejemplo, Algeciras apenas invirtió 15 euros por habitante en 2018; Cádiz destinó 15 euros; Cáceres, 19 euros y Mérida, 20 euros.
Pero también hay importantes ciudades madrileñas que han congelado completamente la inversión. Los más extremos son los casos de Parla y Valdemoro, con menos de 10 euros de inversión por habitante. En 2018 Parla invirtió 90 veces menos que Pozuelo.
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