La Fiscalía prepara la imputación de BBVA en el caso Villarejo
Anticorrupción
pedirá al juez que investigue a la entidad por la contratación de
Villarejo para hechos ocurridos a partir de 2010 y se plantea hacerlo de
inmediato, antes de agosto.
La Fiscalía Anticorrupción va a pedir la imputación de BBVA como persona jurídica en la causa sobre la contratación del excomisario José Manuel Villarejo por parte de la entidad para posibles espionajes ocurridos a partir de 2010. Así lo trasladan fuentes del Ministerio Público a este diario,
que apuntan que se plantean hacerlo de inmediato, antes de agosto. Las
mismas fuentes explican que se estudian además otras posibilidades,
entre las que se encontraría solicitar la imputación del expresidente de
la entidad, Francisco González, según cómo se desarrolle la causa y
avancen las investigaciones.La responsabilidad penal de la persona jurídica supone, en el hipotético caso de una condena, la imposición de multas, lo más probable en este caso y que pueden ser elevadas. Otras consecuencias más graves contempladas en el Código Penal para sociedades son la disolución, la suspensión o la intervención de la entidad.
Los dos fiscales Anticorrupción asignados a la operación Tándem, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, preparan la solicitud de imputación de BBVA como persona jurídica con una fecha como clave: que los hechos presuntamente delictivos que hubiera podido cometer la entidad se produjeran a partir de 2010, año en que entró en vigor la reforma del Código Penal que prevé por primera vez en el Derecho español la imputación de la persona jurídica. Esta novedad supone que si una persona comete una falta mientras actúa en el marco de la actividad de la empresa, se le puede castigar tanto a él como a la persona jurídica, y que la empresa puede ser además responsable aunque no se pueda individualizar la responsabilidad en un empleado.
En principio, se ha conocido que los hechos que se investigan ocurrieron en 2004, cuando BBVA presuntamente encargó a Cenyt, sociedad controlada por Villarejo, trabajos para defenderse del intento de Sacyr para la toma de control de la entidad, que implicaron seguimientos de personas y rastreo de 15.000 llamadas. Pero también se han hecho públicos presuntos espionajes encargados por BBVA a Villarejo posteriores a 2010, como el casoAusbanc, que podrían llevar a la imputación de BBVA por estar ya en vigor la reforma del Código Penal.
Julio Corrochano, máximo responsable de Seguridad de la entidad durante 16 años y que dejó BBVA hace un año, se acogió a su derecho a no declarar el viernes pasado y para él se dictaron medidas cautelares de libertad provisional con una fianza de 300.000 euros. Ángel Cano, al que entonces reportaba Corrochano, también se acogió a su derecho a no declarar.
En la causa están incorporados unos audios en los que se escucha presuntamente a Corrochano indicar a Villarejo que Francisco González le pide informes "cada 10 o 15 días" y que los contratos con las empresas de Villarejo los firmaban él y el abogado Rafael Redondo, el único imputado en esta pieza que no ha trabajado en el banco.
Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte (Proyecto Chamartín), que en la época de los hechos dirigía la división inmobiliaria de la entidad, reconoció, en respuesta a las preguntas de su abogado, Javier Gómez Bermúdez, socio de Ramón y Cajal Abogados, que la firma de detectives Cenyt trabajó para este área como proveedor externo entre 2010 y 2013 para intentar recuperar las deudas de clientes morosos. Es decir, que las actividades sobre las que declaró Béjar se situaron en un marco temporal en el que cabe la imputación del banco como persona jurídica.
Otra actuación posterior a 2010 sería el presunto encargo de BBVA a Villarejo de espiar a Ausbanc.El banco retiró esta semana su acusación contra su presidente, Luis Pineda, que ha presentado una querella contra BBVA, González y Villarejo. A esto se suma que el excomisario respondió el miércoles a las preguntas del juez y de los fiscales y aunque negó haber tenido contactos con Francisco González, señaló que con quien se reunió en varias ocasiones fue con Corrochano. En la prisión de Estremera (Madrid), a donde se desplazaron para interrogarle en atención a su estado de salud, explicó que la relación con el BBVA se prolongó hasta 2017 bajo un contrato de asesoría en materia de seguridad e investigación patrimonial de deudores.
De nuevo, una fecha en la que cabría imputar responsabilidad al banco, posibilidad factible para los penalistas a los que ha consultado EXPANSIÓN. Los delitos que en principio investiga el juez, revelación de secretos y cohecho, tienen afectación para la persona jurídica y pueden suponer multas elevadas. Además, según los expertos, el BBVA también podría enfrentarse a consecuencias penales por los posibles delitos de 2004, según prevé el Código Penal anterior a 2010.
De hecho, los fiscales Anticorrupción de la causa están ultimando la imputación de otra empresa como persona jurídica, Pérez y Cía, en la pieza Pit, en la que se investiga el encargo que hizo el naviero Ángel Pérez-Maura a Villarejo para impedir su extradición a Guatemala.
El jueves finalizó la primera tanda de citaciones de los ocho altos cargos y exaltos cargos del banco imputados el pasado 2 de julio, además del abogado y socio de Villarejo Rafael Redondo. En principio, esta fase no ha sido de gran utilidad para el juez, Manuel García Castellón, ya que sólo se han prestado a declarar dos de los investigados en respuesta a preguntas de sus respectivos letrados. Fuentes jurídicas trasladaban el jueves que el juez prevé levantar el secreto a la vuelta del verano y volver a citar a los imputados.
Las consecuencias para el banco
Una imputación de BBVA como persona jurídica es una posibilidad factible, como adelantó EXPANSIÓN el 5 de julio. Los penalistas consultados por este diario señalan que la clave está en la fecha de los hechos, que sean posteriores a 2010. Los delitos que en principio investiga el juez, revelación de secretos y cohecho, tienen afectación para la persona jurídica. También el de corrupción, señala María Jesús Hernández Elvira, de CHR Legal.En el hipotético caso de una condena, las multas serían la pena más probable, según fuentes jurídicas. Otras consecuencias más graves contempladas en el Código Penal como la disolución, suspensión o intervención judicial de la entidad, son menos probables.
Según los expertos, BBVA también podría enfrentarse a consecuencias penales por los posibles delitos de 2004. El Código Penal anterior a 2010 establece que se pueden aplicar "consecuencias accesorias" a la persona jurídica por su Responsabilidad Civil en delitos ocurridos en su sede, señala Abril Gascón, de Andersen Tax & Legal. La entidad podría fundamentar su defensa, si fuera imputada, en que estas actividades se realizaron a sus espaldas y sorteando los controles.
strong>Víctor Sunkel señala que el que haya varios directivos imputados por hechos continuados dificulta esta estrategia de defensa. José Ángel González Franco señala que un programa de compliance puede atenuar las hipotéticas penas, pero no necesariamente eximir.
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