Balance de legislatura: la Justicia. Incumplimientos y reformas cosméticas
Hoy la Justicia se entiende como un instrumento de los otros dos poderes del Estado, con la ventaja de que su independencia formal permite delegarle asuntos que los políticos rehúsan
RODRIGO TENA - 06/11/2015 - Número 8
JAVIER LIZÓN / EFE
Un balance de legislatura es un estudio comparativo de los hechos favorables y desfavorables acaecidos durante la misma como consecuencia de la acción u omisión de los que ostenten la correspondiente responsabilidad política. Con el fin de lograr la máxima objetividad, resulta imprescindible examinar la desviación entre lo prometido en el programa electoral y lo finalmente ejecutado, sobre todo en el caso de que el partido en el Gobierno disponga de mayoría absoluta. Cuando esa desviación es escasa, la legitimidad de lo realizado se refuerza y solo cabe discutir sus supuestos beneficios. Pero allí donde es radical y, además, ha contado con el rechazo de toda la oposición, entonces es posible presumir que la opinión de la gran mayoría del país se inclina por un juicio final negativo.
Uno de los problemas más serios de la Justicia española, al menos según las encuestas de opinión y el sentir de los expertos, es el de su independencia del poder político. En su programa electoral de 2011, el Partido Popular declaraba su voluntad de mejorar la selección y carrera de los jueces, dotándoles de garantías de objetividad. “Propiciaremos el respeto a su independencia e imparcialidad”, indicaba expresamente. Pues bien, si nos fiamos de los fríos datos, no se puede decir que se haya avanzado mucho al respecto. Según el informe 2014-2015 de la Red Europea de Consejos de Justicia, los jueces españoles son los que más responden en sentido afirmativo —después de los de Albania y Letonia— a la pregunta de si han estado sometidos durante los dos últimos años a alguna presión inadecuada. Lideran la respuesta afirmativa a las preguntas de si los asuntos se asignan de forma no acorde con las reglas de reparto con el fin de influir en su resultado, y a la de si los nombramientos y promociones se hacen con base en criterios distintos a los de capacidad y experiencia (a esta última nada menos que un 83% contesta que sí). Por último, también somos primeros en respuestas afirmativas a la pregunta de si cree que su independencia no ha sido respetada por el órgano de gobierno de los jueces. Parece, en consecuencia, que esa impresión social de que nuestros jueces no son todo lo independientes que deberían es compartida por los propios interesados.
Uno de los problemas más serios de la Justicia española, al menos según las encuestas de opinión y el sentir de los expertos, es el de su independencia del poder político. En su programa electoral de 2011, el Partido Popular declaraba su voluntad de mejorar la selección y carrera de los jueces, dotándoles de garantías de objetividad. “Propiciaremos el respeto a su independencia e imparcialidad”, indicaba expresamente. Pues bien, si nos fiamos de los fríos datos, no se puede decir que se haya avanzado mucho al respecto. Según el informe 2014-2015 de la Red Europea de Consejos de Justicia, los jueces españoles son los que más responden en sentido afirmativo —después de los de Albania y Letonia— a la pregunta de si han estado sometidos durante los dos últimos años a alguna presión inadecuada. Lideran la respuesta afirmativa a las preguntas de si los asuntos se asignan de forma no acorde con las reglas de reparto con el fin de influir en su resultado, y a la de si los nombramientos y promociones se hacen con base en criterios distintos a los de capacidad y experiencia (a esta última nada menos que un 83% contesta que sí). Por último, también somos primeros en respuestas afirmativas a la pregunta de si cree que su independencia no ha sido respetada por el órgano de gobierno de los jueces. Parece, en consecuencia, que esa impresión social de que nuestros jueces no son todo lo independientes que deberían es compartida por los propios interesados.
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