Las nueve autopistas de peaje que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha anunciado que pasarán a ser de gestión pública se inauguraron entre 2002 y 2007. Lo que supondría “un antes y un después en la modernización y competitividad de España”, según José María Aznar, presidente del gobierno entonces, se ha convertido en muestra de la mala planificación -se inflaron las expectativas de tráfico tanto por el Gobierno como por las constructoras- y sobrecostes. Ahora, el Estado deberá nacionalizarlas asumiendo una responsabilidad patrimonial de 5.700 millones de euros.
En España, la ley contempla dos formas de construir infraestructuras como las autopistas. Bien mediante la inclusión de la obra en los Presupuestos Generales, bien a través de una empresa privada que se encargue de la construcción y, a cambio, tenga el derecho a explotar la vía. De esta manera su coste repercute en el usuario que la usa. Sin embargo, cuando la cantidad de tráfico no es suficiente, las concesionarias entran en concurso de acreedores y es el Estado quien interviene para hacer frente a la falta de rentabilidad.
Esto responde a la RPA -Responsabilidad Patrimonial del Estado- a través de la que el ente público garantiza a las empresas el cobro de la inversión desembolsada. Según la asociación representante de las concesionarias, Seopan, la indemnización será de 5.700 millones de euros por las nueve autopistas, que irán a parar a las constructoras y bancos que gestionan las autopistas. Estas son OHL, FCC, Ploder, Ferrovial, Corsán, Sacyr, ACS, Isolux, Acciona, Sando, Abertis, Comsa, Azvi y Bankia.
El portavoz de Seopan, Julián Núñez, ha afirmado en una entrevista en Cope que entre los motivos del mal rendimiento de las autopistas -cuya deuda es de 3.400 millones de euros- se encuentran los sobrecostes en las expropiaciones de los terrenos: “Se ha pasado de los 400 millones de euros iniciales en las nueve autopistas, a 2.200 millones”. También reconoce la falta de planificación en algunos casos, como en las radiales 3 y 5 de Madrid, donde existen unas carreteras paralelas que se han mejorado y hacen que el rendimiento de las pistas de peaje decaiga.
Según Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, la cuestión radica en que se han asumido grandes obras privadas de infraestructuras “que se han atribuido a la demanda social, cuando, en realidad, son producto de las presiones de grandes empresas y no responden a una necesidad real”.
Según Torres las concesionarias “han tenido una renta” con estas autopistas de peaje, ya que “se cuidan de que cláusulas de rescate -como la RPA- aparezcan, porque saben que va a ocurrir”, argumenta. De modo, que su inversión, en caso de resultar fallida, está garantizada por el Estado.
Pastor: “No vamos a poner ni un solo euro”
No obstante, el anuncio de De la Serna de nacionalizar las autopistas supone una contradicción con las palabras de su antecesora, Ana Pastor. Durante una entrevista en Los Desayunos de TVE, en julio de 2013, la entonces titular de Fomento, afirmaba tajante: “Trabajamos para que el sistema de concesión sea viable, se estudian distintas hipótesis, pero no vamos a poner ni un solo euro a las concesiones”.
Sin embargo, Fomento no solo deberá compensar a las concesionarias por la falta de rentabilidad del negocio, sino que, como apunta Dídac Cervera, profesor de Hacienda Pública de la UOC, tendrá que asumir los costes de explotación de las vías. “Si estas no han sido rentables para las empresas, tampoco parece que lo vayan a ser para el Gobierno”, señala.
Buscar responsabilidades
Desde que se conoció la noticia del rescate a las autopistas, se ha producido un revuelo mediático que los grupos de la oposición no han desaprovechado para pedir responsabilidades al Gobierno. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han exigido que se asuman responsabilidades por la “mala gestión y planificación” de los gobiernos del PP.
También pide responsabilidades Facua. Según declaraciones a La Vanguardia de Miguel Ángel Serrano, del gabinete jurídico de la asociación, “es criticable que el gobierno asuma las deudas de empresas que se han lucrado con dinero de los contribuyentes”. Asimismo, insiste en que no se puede pasar página sobre la nacionalización “sin buscar responsables del por qué ha pasado”. “Hay que hacer una reflexión de por qué se privatizan empresas que sí dan beneficios mientras que, cuando tienen pérdidas, es el Estado quien debe hacer frente”.
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