El devenir del Ingreso Mínimo Vital ha sido objeto de titulares a lo largo del verano por el lento desarrollo de su puesta en marcha, y sin embargo, dado que las prestaciones similares de carácter autonómicos que existían antes de la aprobación de la ayuda estatal variaban mucho de uno a oyro territorio tampoco ha sido igual el traslado de los datos desde cada comunidad a la Seguridad Social que se hará cargo de la prestación. En el caso de Asturias, con la experiencia de más de una década del Salario Social, el Principado habilitó un sistema a en primavera para que los beneficiarios pudieran dar su consentimiento para el envío de sus datos de Asturias al ministerio. Firmaron la autorización unos 14.700 beneficiarios y de ellos, fueron enviados ya este jueves, los datos de 8.908, alrededor de un 61%. Se trata, según indicaron desde la Consejería de Derechos Sociales, de una primera tanda hasta completar el resto, con el horiozonte en diciembre cuando entre a pleno funcionamiento el ingreso estatal.
Alrededor de 22.000 personas se beneficiaban del Salario Social en Asturias antes del estallido de la pandemia. La amplia mayoría, unos dos tercios, dieron su autorización al Principado para que trasladara sus datos a la Seguridad Social de forma automática. El resto tendrá que hacerlo de forma individual a través del formulario puesto a disposición por el ministerio. Durante todo este periodo y también hasta el pleno funcionamiento del IMV, se ha seguido cobrando el Salario Social y se seguriá dando la prestación en los próximos meses ya que, además, la ayuda asturiana no va a desaparecer. Aunque, en determanidados tramos, la estatal ofrece una ayuda más alta que la asturiana, lo cierto es que la autonómica es más extensa y cubre a colectivos a los que no llega el IMV como mayores de 65 años que vivan solas, familias con pensionistas o ingresos provenientes de pensiones de alimentos, y aquellas que no lleven conviviendo 1 año.
En su comparecencia este jueves tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, agradeció el «esfuerzo» realizado por las autoridades locales para facilitar este proceso de transición de ambas prestaciones que ha evitado cargas burocráticas a todos los beneficiarios; y además, valoró la decisión del Gobierno central de ampliar el efecto retroactivo de la renta mínima hasta fin de año, lo que «garantizará la participación en ese proceso; según informó EFE.
Plan de choque en Dependencia
Álvarez afirmó que el Gobierno de Asturias ha puesto en marcha las últimas medidas recogidas en el plan de choque de dependencia, diseñado hace un año para agilizar la tramitación de esta prestación, que ha permitido contar por primera vez con más de 23.000 dependientes atendidos en el Principado y apuntó que en agosto, su departamento ha conseguido reducir la lista de espera en 498 expedientes, que se corresponden con 222 valoraciones y 276 programas individualizados de atención (PIA).
Según ha explicó, el compromiso del Principado para reducir los tiempos de espera y agilizar los expedientes administrativos en el sistema de dependencia se refleja en que la media de solicitantes pendientes de prestación, a 31 de agosto, era de 13,73%, casi cuatro puntos por debajo de la nacional (17,42%).
En cuanto al número de personas dependientes atendidas, aumentó en agosto en 376, lo que ha supuesto que por primera vez en Asturias se superen las 23.000.
Álvarez explicó que una vez aplicadas todas las actuaciones organizativas y de refuerzo de medios personales y materiales dentro del plan de choque, se pondrá en marcha el proceso de «transformación» del sistema de dependencia en Asturias.
Para ello, la consejería ha iniciado la tramitación de dos decretos para unificar a normativa en materia de dependencia con el objetivo de para simplificar y modificar el reconocimiento y agilizar la tramitación de las solicitudes.
También se fomentará la atención domiciliaria por medio de dos prestaciones, como son el asistente personal y la promoción de la autonomía personal.
Además, los decretos permitirán dotar de una «mayor equidad» el coste de los servicios por parte de las personas beneficiarias y materializará el cambio del modelo de atención, ha recalcado la consejera.
Álvarez ha reivindicado la importancia de afrontar los asuntos «extraordinarios» derivados de la pandemia del coronavirus «al mismo nivel» que las cuestiones «ordinarias», siendo conscientes de «lo excepcional del momento».
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