Los datos están aquí. Y reflejan una realidad incómoda para los últimos gobiernos. Sobre todo, ahora, cuando España espera recibir alrededor de 140.000 millones de euros de la Unión Europea (UE), la mitad en préstamos a devolver a muy largo plazo y el resto a fondo perdido. Y lo que dicen esos datos es que, durante el periodo 2014-2020, España habrá sido el país que peor ha gestionado los fondos europeos. O, expresado de otra forma, ha sido el socio que menos ha utilizado los miles de millones de euros que la UE ha puesto a su disposición.
En concreto, apenas ha gastado el 34% del dinero disponible durante el anterior Marco Financiero Plurianual (MFP), que es el presupuesto de la UE a largo plazo, y que es el que se ha renovado por otros siete años tras la última cumbre del Consejo Europeo.
Durante el periodo 2014-2020, España habrá sido el país que peor ha gestionado los fondos europeosEn el anterior MFP, Bruselas había consignado a España 56.258 millones de euros, pero hasta el pasado 30 de junio, según los datos de la propia Comisión, había gastado apenas 19.250 millones. En aquella cantidad se incluyen todos los fondos que pone a disposición de los países la Unión Europa para sus distintas políticas estructurales y de desarrollo regional, sin contar la Política Agrícola Común (PAC). Es decir, representa el volumen total de inversión previsto en el periodo.
De aquellos 56.258 millones comprometidos, el 78% (algo más de 44.100 millones) ya se habían asignado formalmente a un programa concreto, pero, finalmente, como se ha dicho, solo el 34% del dinero se ha gastado.
Uno de los casos más llamativos es el de los llamados fondos Feder, que tenían una asignación planeada equivalente a 29.237 millones de euros, sin embargo, lo gastado entre 2014 y 2020 solo representa el 26% (7.706 millones). Portugal, por ejemplo, ha gastado el 60% del dinero planeado, mientras que Holanda, un país considerado 'rico' ha alcanzado un grado de ejecución del 62%. Los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo regional), como se sabe, están destinados a financiar políticas como la innovación y la investigación, la digitalización de la economía, el apoyo a las pymes o la lucha contra el cambio climático. La asignación de fondos depende del nivel de desarrollo de cada región.
No han ido mucho mejor la implementación del Fondo Social Europeo. En este caso, el grado de ejecución respecto de lo planeado presupuestariamente se sitúa en el 32%, lo que convierte a España en el segundo país (tras Croacia) que más ha desaprovechado esta oportunidad. Países como Luxemburgo, Alemania, Holanda o Francia, todos con mayor nivel de renta per cápita que España, han gastado por encima del 57% de lo asignado.
Empleo juvenil
El caso más llamativo, sin embargo, es el denominado Iniciativa de Empleo Juvenil. Pese a que España es el país con más desempleo de Europa, junto a Grecia, y, en particular, registra la tasa de paro entre los jóvenes más elevada del continente, lo gastado apenas supone el 57% de lo asignado. En concreto, 1.714 millones de los 3.015 millones planeados. Hay que tener cuenta que el Consejo Europeo decidió en su día aumentar los fondos destinados a luchar contra el paro juvenil en 1.200 millones de euros entre 2017 y 2020, de los que una tercera parte irían a España.
En la asignación de los fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) o en el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (EMFF, por sus siglas en inglés) ha sucedido algo parecido. En el primer caso, lo gastado representa el 51% de lo previsto, mientras que en el segundo solo se ha utilizado un 17%.
La reducida utilización de los fondos comunitarios en materia de cohesión (y que en el periodo 2024-20 ascendieron a 355.000 millones de euros) es especialmente significativa en un país como España, que es, precisamente, uno de los grandes beneficiarios de las políticas de convergencia y de cohesión territorial, que forman parte de los grandes pilares de la construcción europea. España llegó a alcanzar el 2001 el 100% del PIB medio de la UE a 27, e, incluso, logró un 105% en 2007, antes de la anterior crisis. Sin embargo, y tras la doble recesión, el PIB per cápita apenas alcanza ya el 95%.
Eso justifica que España, en concreto, sea el tercer país que, en teoría, más recibe: 56.194 millones de euros, por detrás de Polonia (104.931 millones) e Italia (72.478 millones). Pero mientras que en el primer caso el grado de ejecución del dinero planificado representa el 45% (once puntos más que España), en Italia se alcanza el 40% (seis puntos porcentuales más). Los países que más lo aprovechan (con grados de ejecución que superan el 65%) son Finlandia, Luxemburgo, Irlanda y Austria, todos con un nivel de riqueza relativa superior al de España.
No hay una sola causa que explique lo que está pasando. Tiene que ver con un problema burocrático, con la falta de medios humanos para gestionar las cantidades planeadas o, incluso, con el hecho de que muchos proyectos no se ejecutan debido a que se trata de proyectos cofinanciados, y en muchos casos los organismos públicos beneficiados, ayuntamientos o diputaciones, no disponen de suficientes recursos para poner su parte. Algo que no ocurría ni en los años 80 ni en los 90.
Contribuyente neto
La baja utilización de los fondos comunitarios explica en parte otra realidad incómoda. España, en los últimos cuatro años, ha pasado de ser beneficiario a ser contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea. El año pasado, en concreto, aportó 1.376 millones de euros más de lo que recibió, pero si se acumula ese periodo, resulta que en el último cuatrienio el saldo financiero con la UE es negativo en 5.181 millones. Es decir, pagó más de lo que recibió.
España, en los últimos cuatro años, ha pasado de ser beneficiario a ser contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea
No se trata, por lo tanto, de un déficit coyuntural vinculado a un ejercicio concreto, sino que es una tendencia general que rompe con lo que históricamente han sido las relaciones financieras entre España y la UE, que, desde 1986, el año del ingreso, siempre había sido favorable a nuestro país. Al comenzar el siglo, durante los años 2002 y 2003, el saldo favorable a España llegó a ser superior a los 8.000 millones de euros, lo que da idea de cómo se ha dado la vuelta la situación.
Estos datos se conocen justo cuando se ha abierto un debate en la política española sobre cómo gestionar los 140.000 millones de euros, que representan alrededor del 12% del PIB, aunque hay que tener en cuenta que ese dinero se recibirá en los próximos años, no en su totalidad en un ejercicio. El Partido Popular (PP) ha propuesto la creación de una agencia nacional para la recuperación económica, pero nada indica que pueda salir adelante a la vista del enfrentamiento directo entre el principal partido de la oposición y el Gobierno.
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