TRIBUNALES
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La acusación pide su inhabilitación
El Banco de España estudia el caso de Alfredo Sáenz tras ser registrado como penado
El Banco de España analiza las medidas que podría aplicar al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, a raíz de la decisión de la Audiencia de Barcelona de inscribir en el Registro de Penados la condena a tres meses de cárcel e inhabilitación profesional que le impuso el Tribunal Supremo.
En un escrito fechado el pasado 26 de octubre, el director del Departamento de Instituciones Financieras del Banco de España, José María Lamamié, asegura que el organismo "está analizando las medidas que puedan resultar procedentes con arreglo a la normativa aplicable, a la vista de las decisiones adoptadas en relación con la ejecución de la referida sentencia".
El abogado Iván Hernández, que mantiene varias acciones penales contra el Banco Santander, pidió al Banco de España que destituyera de forma "inmediata" a Sáenz, lo que ha vuelto a reiterar en un escrito presentado la semana pasada ante el organismo regulador. En ese documento, Hernández recuerda que si el organismo supervisor no actúa contra el número dos del Santander estaría "conculcando flagrantemente la Ley".
La Audiencia Provincial de Barcelona suspendió en septiembre la ejecución de la condena que impuso el Supremo a Sáenz como autor de un delito de denuncia falsa contra unos deudores de Banesto en 1994, pero desestimó su petición de no inscribir los antecedentes penales, lo que podría afectar a su honorabilidad y vulnerar los requisitos que se exigen legalmente para desempeñar un cargo en banca.
El real decreto de 1995 sobre Creación de Bancos y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito establece que carecen de la honorabilidad exigida para ejercer la actividad bancaria "quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos" y, entre otros, los "inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras".
El banquero recurrió esa sentencia ante el Tribunal Constitucional y solicitó al Gobierno que le indultara, lo que se ha complicado después de que el Supremo decidiera presentar un informe desfavorable a la concesión de esa medida de gracia.
Alfredo Sáenz es el único de los condenados por el Tribunal Supremo por el caso de la denuncia falsa que continúa desempeñando un cargo en banca, después de que Miguel Ángel Calama abandonara en septiembre su puesto de director general de Globalcaja para acogerse al plan de prejubilaciones de esta entidad rural.
En un escrito fechado el pasado 26 de octubre, el director del Departamento de Instituciones Financieras del Banco de España, José María Lamamié, asegura que el organismo "está analizando las medidas que puedan resultar procedentes con arreglo a la normativa aplicable, a la vista de las decisiones adoptadas en relación con la ejecución de la referida sentencia".
El abogado Iván Hernández, que mantiene varias acciones penales contra el Banco Santander, pidió al Banco de España que destituyera de forma "inmediata" a Sáenz, lo que ha vuelto a reiterar en un escrito presentado la semana pasada ante el organismo regulador. En ese documento, Hernández recuerda que si el organismo supervisor no actúa contra el número dos del Santander estaría "conculcando flagrantemente la Ley".
La Audiencia Provincial de Barcelona suspendió en septiembre la ejecución de la condena que impuso el Supremo a Sáenz como autor de un delito de denuncia falsa contra unos deudores de Banesto en 1994, pero desestimó su petición de no inscribir los antecedentes penales, lo que podría afectar a su honorabilidad y vulnerar los requisitos que se exigen legalmente para desempeñar un cargo en banca.
El real decreto de 1995 sobre Creación de Bancos y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito establece que carecen de la honorabilidad exigida para ejercer la actividad bancaria "quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos" y, entre otros, los "inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras".
Petición de indulto
El Banco de España ha mantenido hasta ahora un mutismo total sobre las consecuencias de la decisión del Supremo de condenar a Sáenz a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993.El banquero recurrió esa sentencia ante el Tribunal Constitucional y solicitó al Gobierno que le indultara, lo que se ha complicado después de que el Supremo decidiera presentar un informe desfavorable a la concesión de esa medida de gracia.
Alfredo Sáenz es el único de los condenados por el Tribunal Supremo por el caso de la denuncia falsa que continúa desempeñando un cargo en banca, después de que Miguel Ángel Calama abandonara en septiembre su puesto de director general de Globalcaja para acogerse al plan de prejubilaciones de esta entidad rural.
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