El cuento de la Buena Pipa....
La banca con ayudas necesitará una nueva ronda de inyecciones públicas
Las cooperativas de crédito y algunas entidades ya rescatadas recibirán fondos del Estado. Endurecer las refinanciaciones persigue inyectar más capital con poco impacto en los mercados.
A pesar de que gran parte de la reestructuración financiera ya se ha llevado a cabo, las entidades españolas volverán a necesitar ayudas públicas. Estas inyecciones, aseguran fuentes financieras, serán el resultado de incluir en una nueva ronda del Frob a las cooperativas de crédito, hasta ahora fuera de estos saneamientos, y a algunas de las entidades que ya han recibido fondos públicos.
El Banco de España, Economía y el Frob son conscientes de estas necesidades y estudian la forma de minimizar el impacto que ocasionará tener que socorrer nuevamente a las entidades, una vez que se daba por cerrado esta capítulo tras inyectar 41.000 millones de capital y la ayuda extra de extraer los activos tóxicos al banco malo o Sareb.
Una de las formas que se estudió para justificar una nueva recapitalización fue la puesta en marcha de otro real decreto con la exigencia de provisiones adicionales sobre las ya establecidas en las dos anteriores normas. El que podría haber sido el Guindos 3, sin embargo, se topó con el rechazo frontal de la banca sana, que se opuso al considerar que sus entidades, que aún soportan una baja rentabilidad, tienen un más que suficiente nivel de provisiones y que subir los requerimientos acabaría por debilitar aún más sus cuentas, pondría dificultades añadidas para conceder créditos y, en suma, sería generalizar una solución que sólo debería dirigirse a las entidades débiles.
Descartada esta solución por la presión de la banca, que se muestra convencida de haber neutralizado las intenciones de un nuevo real decreto, se pasó a la solución de endurecer algunas provisiones a través de una circular del Banco de España.
Los recientes concursos de acreedores, en inmobiliarias y no inmobiliarias, como el caso de Pescanova, hizo que el supervisor y Economía se inclinarán por endurecer las condiciones para las refinanciaciones. Así, el pasado martes, el Banco de España establecía a través de una comunicación al sector que por norma general refinanciaciones y reestructuración de créditos deben considerase 'subestándar', a no ser que haya circunstancias objetivas que puedan justificar su clasificación como normal o como dudoso. En la práctica esto significa que las entidades que han recurrido a las refinanciaciones con más frecuencia para postergar pérdidas, eludir subidas de morosidad o inflar sus márgenes de interes deberán realizar más provisiones. Además, deberán revisar toda su cartera y comunicar los efectos contables antes del 30 de septiembre. Eso, si el Banco de España no abre una inspección antes para forzar a la correción de las cuentas.
Las razones por las que se necesitan más ayudas públicas son múltiples. Por un lado, la crisis económica ha menguado el negocio de las entidades y ha elevado la morosidad a niveles que no son soportables por todas.
Éste es el caso de las cooperativas de crédito, según fuentes financieras, que hasta la fecha habían conseguido capear las dificultades sin necesidad de ser ayudadas por fondos públicos.
Otra de las razones es que las previsiones sobre la evolución de las entidades, según sus respectivos planes de reestructuración, han sido demasiado optimistas. La capacidad de generar recursos se presume menor que la planificada, además de haberse realizado las proyecciones, según fuentes cercanas al supervisor, partiendo de cuentas que no reconocían todas las pérdidas, por lo que los ratios de capital podrían quedarse por debajo de las estimaciones iniciales.
En entidades donde se ha abusado de las refinanciaciones, como medio para inflar sus ingresos y, con ello, contaminar toda su cascada de resultados, es algo que se intentará corregir ahora.
Otro granito de arena, que contribuye al desfase, se encuentra en el coste que tendrán que asumir las entidades por los arbitrajes que compensarán a los particulares que hayan sufrido una mala comercialización de preferentes y que se prevé que, en general, sean favorables a sus pretensiones.
También la devolución del parte del precio que pagó la Sareb en el traspaso de activos tóxicos, por vicios ocultos que minorarán el dinero recibido a cambio de inmuebles y créditos, resta capacidad para cumplir con sus planes.
Por todo ello, se prevé no sólo una nueva inyección de fondos públicos al capital de las entidades, sino que también la Sareb entre en juego con nuevos traspasos, lo que hace probable que al final se utilicen los 2.500 millones que la Unión Europea destinó a su creación (aunque al final sólo se utilizaron unos 2.160 millones) y, también, una nueva ronda de contactos para reforzar los recursos propios con nuevos socios o nuevas aportaciones de los actuales, ya que el Gobierno no considera una opción que la Sareb tenga mayoría pública.
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