martes, 15 de abril de 2014

Economistas frente a la crísis

La arquitectura europea debe completarse con un pilar social

NdE: El texto que sigue a continuación forma parte del Manifiesto por Europaelaborado por Economistas Frente a la Crisis. Se trata del desarrollo del sexto punto del Decálogo en el que se concretan las propuestas del manifiesto.
La incipiente gobernanza económica europea no puede centrarse únicamente en el control del déficit público, sin tener en cuenta sus efectos sociales. La reducción de las desigualdades sociales es un factor que contribuye positivamente al crecimiento sostenible y equilibrado. Reclamamos un pilar social a la arquitectura de la unión monetaria, que garantice el mantenimiento del modelo social europeo sobre la base de unos estándares mínimos en toda la Unión.
Un pilar social que incluya un salario mínimo interprofesional para todos los países de la Unión, calculado en base al coste de la vida en cada país; el reforzamiento del diálogo social y la negociación colectiva para garantizar trabajos decentes y unas relaciones laborales equilibradas que tienen efectos positivos sobre la eficiencia de las empresas; unas pensiones mínimas que permitan llevar una vida digna para los mayores; una renta mínima de inserción por familia, introducida gradualmente hasta el año 2020, de forma que para ese año no haya ninguna familia europea viviendo en la pobreza; un Mínimo Social (Social Floor) en cuanto al gasto social dedicado en los presupuestos públicos, que debería estar en torno al 20%.
Desde el comienzo de la crisis y en respuesta a la misma la Unión Europea ha tomado medidas sin precedentes para reforzar la gobernanza económica del Euro, para estrechar la coordinación y alineamiento de las políticas económicas nacionales, y se han creado fondos de rescate para ayudar a los países con dificultades fiscales o financieras. Aún siendo positivas muchas de estas medidas, la prioridad se ha centrado claramente en la estabilización macroeconómica y fiscal, con mínima atención a la dimensión social. No solo eso, siguiendo las recomendaciones de Bruselas el ajuste macroeconómico, la reducción del déficit y las mejoras de la competitividad se están llevando a cabo en casi todos los países del Euro, en buena medida vía reducción de gasto social, bajadas de salarios y desmantelamiento de la protección laboral y negociación colectiva. Las recetas específicas de Bruselas para cada país sobre ajuste fiscal apenas subrayan la importancia de las políticas sociales o del diálogo social para la reducción de la desigualdad, la protección a los más vulnerables, o su contribución a mejorar el funcionamiento de una economía social de mercado. No es por casualidad que los países de Europa que tienen niveles más bajo de desempleo son aquellos con las instituciones sociales más fuertes y convenios colectivos sólidos.Por ello, insistimos en la necesidad de revitalizar los sistemas de protección social, en particular aquellos que van dirigido a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo reclamamos el reforzamiento de la negociación colectiva a nivel nacional, pero con una coordinación también a nivel europeo, evitando así la excesiva descentralización que favorezca la competencia desleal de las empresas.
En definitiva, consideramos que la dimensión social tiene que estar al mismo nivel que la unión económica, monetaria, fiscal, etc. y los objetivos sociales de Europa 2020 deben ser tan obligatorios como los del Semestre Europeo. Las recientes recomendaciones de la Comisión de incorporar indicadores sociales al proceso del Semestre Europeo son un paso en la buena dirección. Pero no podemos llevarnos a engaño con parches y estadísticas. Los ajustes fiscales draconianos que se imponen desde la UE están forzando recortes en el gasto público que resultan en un deterioro de los indicadores sociales básicos en muchos país, mientras que la liberalización y flexibilización de los mercados de trabajo que demanda Bruselas, tienen como consecuencia el desmantelamiento de las instituciones del mercado laboral y por consiguiente una mayor precariedad en el empleo, justo lo que se pretende monitorear.

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