Carmena y la Banca....

El Gobierno de Manuela Carmena negocia con varias entidades bancarias la cesión temporal de viviendas, a coste cero, para garantizar una alternativa habitacional a personas desahuciadas y en riesgo de exclusión social que no hayan logrado una solución previa mediante la Oficina de Intermediación Hipotecaria. La compra de activos inmobiliarios para crear un parque municipal de viviendas está ya descartada, según fuentes del consistorio, y las negociaciones se centran ahora en determinar las condiciones de dicha cesión. En su mayoría, se trata de viviendas que no están teniendo salida ni para el alquiler ni para la venta y que, precisamente, se encuentran en los barrios donde la tasa de lanzamientos hipotecarios es más elevada.
Todos los gastos generados por estas viviendas, como los de comunidad e IBI, correrán a cuenta del Ayuntamiento, que también tendrá capacidad para gestionarlos durante los cuatro años de legislatura. La oferta ha sido puesta sobre la mesa, tras dos meses de negociaciones, por la mayoría de grandes entidades, según recalca la concejal de Derechos Sociales y responsable de las negociaciones por parte del Ayuntamiento, Marta Higueras. Una acción que los diferentes bancos encuadran, según coinciden en señalar, dentro de su compromiso con la responsabilidad social corporativa.

La prioridad de la concejalía que dirige la jurista pasa por evitar los desahucios, agotando para ellos todas las vías posibles, pero en caso de que no sea posible mantienen el compromiso de ofrecer alternativas habitacionales. La Oficina de Intermediación Hipotecaria es el organismo donde se concentran los esfuerzos para evitar este extremo, y que durante su primera semana de funcionamiento ya ha logrado la intermediación en cinco casos, mientras que se ha atendido una media de veinte solicitudes diarias, en periodo de estudio. “Esperamos que la oficina tenga éxito y las necesidades del parque público de vivienda se reduzcan”, explica Higueras, que ya contribuyó a poner en marcha una oficina homónima en la comunidad vasca como directora de Justicia del Ejecutivo de Patxi López.
Las negociaciones con las entidades se están llevando a cabo de manera individual y, como explica Higueras, todavía es pronto para dar cifras porque el Ayuntamiento necesita primero contar con un censo, que precise la localización, el número y el tipo de vivienda, para presupuestar la operación. Desde las entidades demandan que el consistorio priorice el uso de viviendas en manos de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV), pero la concejal argumenta que las viviendas de protección oficial tienen un régimen diferente y que se regulan por un programa específico. “Otra cosa es que, para casos de emergencia, la EMV nos las preste, pero no son las viviendas que podemos poner a disposición de personas que hayan sufrido un desahucio”, añade la edil.
Las entidades financieras llevan varios años negociando con las diferentes Administraciones soluciones habitacionales para aquellas personas en riesgo de exclusión, conscientes del drama social que supone y del daño reputacional que les genera. En esta línea, hace dos años pusieron a disposición del Ministerio de Economía un parque de 6.000 viviendas, de las que todavía están libres cerca de 3.500, y hace un año flexibilizaron los criterios para poder acudir a este fondo social. Sin embargo, a diferencia de lo visto entonces, cuando todas las entidades respondieron como una sola voz a la propuesta del Ministerio de Luis de Guindos, en esta ocasión, las negociaciones se están llevando de manera individual, lo que hace que, al menos por el momento, el análisis que efectúa cada entidad sobre cómo vehiculizar una solución concreta para Madrid difiera de unos bancos a otros.

El ministro de Economía, Luis de Guindos. (EFE)

En algunos casos, se defiende que sea la recién creada Oficina de Intermediación el órgano encargado de analizar cada caso y, cuando se concluya que se necesita una vivienda, se solicite a las entidades y estas otorguen en ese momento el hogar que se necesite. De hecho, al haber un amplio parque dentro del Fondo Social de Economía, algunas entidades recurrirían, incluso, a estas casas que ya tienen a disposición de las Administraciones. Otros bancos admiten haber hablado en concreto sobre la posibilidad de ceder una bolsa específica para Madrid, que se instrumentaría de manera diferente a un fondo por, entre otros motivos, razones fiscales, pero sostienen que el proyecto está todavía en una fase muy incipiente de análisis. Donde coinciden todas las entidades es en su predisposición a colaborar con todas las Administraciones, ya sea el Ayuntamiento de Madrid como cualquier otro, en encontrar soluciones para todas aquellas personas que estén en riesgo de exclusión.
Una importante diferencia entre el planteamiento del consistorio de Manuela Carmena y el Fondo Social de Economía es que este segundo se ciñe a familias que, ante la imposibilidad de seguir pagando la hipoteca, o por haber avalado a sus hijos con su propia vivienda, se quedaban sin hogar al ser embargadas. Ahora, en cambio, la solución que está tratándose de crear desde el Ayuntamiento se abre también a aquellas personas que vivían de alquiler y que han sido desahuciados al no poder hacer frente a la renta, sin importar si el casero era un particular o una entidad financiera.