Economistas frente a la crísis -Cataluña-

ECONOMÍA CATALANA: UN ‘PROCESO’ DE ALTO RIESGO

Por María Antonia Monés, doctora en Economía por la Universidad de Cambridge, y Montserrat Colldeforns, doctora en Economía por la London School of Economics (LSE) y miembro deEconomistes Davant la Crisi EFC / Cataluña

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En Cataluña el relato dominante es aquel que afirma que con la independencia el país será más próspero y más exitoso en todos los aspectos imaginables. En este relato juegan un papel importante, a menudo decisivo, las (supuestas) grandes ventajas económicas de que disfrutará una Cataluña independiente. Se acepta que en el camino se pueden encontrar obstáculos, pero se argumenta que serán mínimos.

Una evaluación seria, no ligera y tergiversada, de los costes económicos de la propuesta independentista lleva a unas conclusiones mucho menos optimistas. Esta versión no es la dominante por dos motivos. El primero, porque la ideología ha pesado más en muchos casos que el razonamiento objetivo, incluso entre economistas académicos de primerísimo nivel. El segundo, porque la oposición a este relato oficial ha estado muy poco presente, debido a una presión mediática perfectamente organizada desde el Gobierno de la Generalitat, sus medios, y todos sus tentáculos de poder, que complica enormemente el ya de por sí desagradable papel de aguar la fiesta.

Los beneficios. Según la versión dominante, el principal beneficio consiste en “recuperar” los famosos 16.000 millones de euros de déficit fiscal que, administrados con gran excelencia, permitirían no solo cubrir sino mejorar todas nuestras necesidades: educación, I + D, infraestructuras, sanidad, servicios sociales. El problema es que este cálculo, muy discutido, no sirve para determinar cuánto dinero adicional tendrá la hacienda de la Catalunya independiente en sus primeros años, que son los críticos, y que la propia Generalidad reduce a 5.810 millones de euros (Informe 18 del Consejo para la Transición Nacional, página 27). Todo ello en la hipótesis favorable de que haya buenos acuerdos.

Si no los hay, terra ignota, dijo A. Mas. Entonces, por ejemplo, las pensiones peligran. La Seguridad Social española está en déficit, y también la catalana dentro de ella. Entre 2009, 2010 y 2011 —últimos datos disponibles— el déficit acumulado por la Seguridad Social catalana asciende a 8.051 millones de euros, según la propia Generalitat.

Porque, veamos: afirmar que una Cataluña independiente es viable desde el punto de vista económico, es cierto, pero dice muy poco. Es una afirmación en el vacío, sin referencia alguna a cómo se llega a la independencia, ni a si su viabilidad nos llevará —dentro de cuántos años?— a parecernos a Dinamarca … o a Grecia. Los economistas distinguimos entre corto, medio y largo plazo. Lo que ocurra en este último depende de los otros dos, y lo que perdemos hoy, o mañana, es a menudo irrecuperable.

Los costes. El escenario que se abre para la economía catalana si se lleva adelante el proceso es muy complicado. Lo es la auto exclusión de la Unión Europea (nadie nos echa), por infinidad de motivos que sólo la ignorancia puede despreciar. Entre ellos, uno de los más inquietantes son las consecuencias derivadas de dejar de pertenecer a la zona euro. Ni los griegos se han atrevido a salir del euro, porque saben que las consecuencias son peores que su situación actual. La alternativa a la catalonopeseta, mantener el euro como moneda, no es menos complicada. En este sentido, ningún economista debería afirmar, aunque vaya de número uno en una lista política, que no es necesario pertenecer a la UE para tener la asistencia del Banco Central Europeo (BCE). Debería cuando menos haber leído la informe número ocho del Consejo Asesor para la Transición Nacional, que dice: “Las entidades bancarias con sede social en Cataluña no tendrían acceso directo al crédito del BCE, ya que éste está restringido a entidades situadas dentro de la zona euro”.

Como la crisis nos ha enseñado, los mercados financieros se pueden hundir rápidamente. Las entidades financieras con sede en Cataluña no pueden esperar a que se las lleve por delante el proceso independentista, y con él los ahorros de muchos catalanes. En paralelo, se complicará o se hará incluso imposible financiar las deudas. La deuda privada con la que se sostienen las familias y empresas catalanas. Y la deuda de la Generalitat, que si ahora tiene una calificación de bono basura, empeoraría, pues lo que se valora en los ratings precisamente es la perspectiva clara y la ausencia de riesgo.

Otro coste significativo asociado a la independencia es el comercial. Las empresas catalanas viven en buena medida de las ventas al exterior, y el principal mercado de los productos catalanes es el español. Las ventas al resto de España se reducirían, y esta pérdida de mercados sería una pérdida neta, pues no hay razón para pensar que se compensaría rápidamente con más ventas al resto del mundo. Por el contrario, las ventas a la UE y a países terceros con acuerdos comerciales con la UE se resentirían también del “efecto frontera”.

Con todo, posiblemente los costes más elevados son aquellos asociados a la incertidumbre ante un futuro desconocido, donde se prescinde de todas las instituciones fiables, creadas durante décadas y homologadas internacionalmente, que son necesarias para que un entorno económico sea estable y atractivo para desarrollar actividades económicas. La economía catalana habrá dañado su reputación. La competencia internacional para atraer inversiones, sedes de empresas, talento, es tan fuerte que se pueden perder infinidad de oportunidades de creación de riqueza.

El entorno es de alta inestabilidad política y social, y puede ir a más, mucho más, con un fuerte efecto negativo en la actividad privada, sacudida ya por la gran recesión. Ya lo conocemos: el crédito se frena, la inversión se retrae, el consumo se contiene, los problemas financieros aparecen, la creación de puestos de trabajo disminuye y el paro aumenta, las oportunidades de futuro se desvanecen, pierden valor los activos inmobiliarios y empresariales. Todos somos más pobres, y el sector público también, puesto que pierde las bases fiscales que son su sustento.

Aquellos que consideren por razones ideológicas que este sacrificio les compensa, deberían saber que pueden acabar provocando un daño irreparable a muchos de sus conciudadanos, sin que haya mediado un tiempo y un espacio para el debate sereno donde se hayan podido escuchar por igual todas las razones.

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Este artículo fue publicado en El País de los Negocios, 20 de septiembre de 2015. EFC lo reproduce con autorización de las autoras.