Mariano Rajoy deberá entregar la cabeza de Rita Barberá y permitir que una comisión parlamentaria interrogue a José María Aznar sobre el caso Bárcenas, para poder mantenerse al frente del Gobierno de España. Ese es el precio. Una tarifa no desorbitada, pero escrita con trazo grueso sobre amarillo fosforescente, como los precios del afamado colmado Lafuente de Barcelona, que en el 2001 inspiraron el cartel de las fiestas de la Mercè.
El Partido Popular podrá seguir ejerciendo de Partido Alfa de las clases medias españolas, a condición de ceñir durante un tiempo el cinturón penitente. Presidencia con cíngulo después de cuatro años de colosal erosión del sistema político, como consecuencia de la crisis económica y de la descarnada acumulación de escándalos, que la sociedad no quiso ver durante el alegre tiempo de la turbo-economía.
La cabeza de Barberá y la humillación de Aznar. Estoy caricaturizando. Estoy simplificando. Ciudadanos pide más cosas, pero si nos fijamos atentamente en sus seis puntos irrenunciables, veremos que esos dos sacrificios rituales son lo más tangible de su propuesta.
Primer punto: anunciar ya la fecha de investidura. Rajoy tardará todavía unos cuantos días en concretar, pero es razonable ir pensando en una primera sesión de investidura durante la primera quincena de septiembre, a modo de prólogo de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, fijadas para el 25 del mes venidero. Esas elecciones tienen riesgo para la derecha en Galicia y son peligrosas para los socialistas, de nuevo amenazados por la pesadilla del sorpasso. Podemos está haciendo el muerto en la piscina de agosto, pero cuenta con bazas para septiembre. En Galicia es probable que la frágil coalición En Marea-Podemos (todavía en riesgo de romperse) supere a los socialistas. En el País Vasco, la novedosa candidatura de Pilar Zabala también puede colocar a Podemos por delante del PSE-PSOE. Pedro Sánchez tiene la obligación de intentar evitarlo si quiere llegar vivo al congreso de su partido, en octubre o noviembre. Las elecciones vascas y gallegas desaconsejan la abstención socialista en la primera investidura de Mariano Rajoy, por mucho que Felipe González se esfuerce en sentido contrario. Sólo una dirección del PSOE muy segura de sí misma sería capaz de virar ahora mismo y añadir nuevas exigencias a las condiciones de Ciudadanos. Sánchez se la juega. Rajoy lo sabe y cabalgará la campaña electoral gallega. Mayoría absoluta en Galicia como garantía de una investidura segura en octubre. Presión, presión, presión.
Segundo punto: expulsar a todo cargo público imputado por corrupción. La senadora Rita Barberá no tardará en ser llamada a declarar por la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunta financiación ilícita del PP en Valencia. Aún no está imputada (investigada, según el nuevo léxico procesal), pero puede estarlo en un breve periodo de tiempo. El daño en Valencia ya está hecho y en las elecciones del pasado 26 de junio, el PP valenciano mostró una significativa recuperación electoral (subió cuatro puntos). El problema es otro. Rita Barberá es una pieza importante en la cadena de lealtades internas en el partido. Y cuando esas cadenas se rompen...
Tercer punto: eliminar los aforamientos. Hay que cambiar la Constitución y los estatutos. Punto de relleno. Va para largo.
Cuarto punto: cambiar la ley electoral. También va para largo. Una reforma a fondo de la ley electoral obliga a cambiar la Constitución (artículo 68).
Quinto punto: limitar el mandato presidencial. Para hacerlo en serio también hay que modificar la Constitución. Ningún problema para Rajoy, que difícilmente puede aspirar a un tercer mandato y deberá aprovechar los dos próximos años para promover un nuevo liderazgo en el Partido Popular, evitado el riesgo de un cisma interno.
Sexto punto: comisión parlamentaria sobre el caso Bárcenas. Las comisiones parlamentarias de investigación son duras, rudas, ruidosas y pueden acabar saturando al público (véase la comisión que en 2004-05 intentó esclarecer los atentados del 11-M en Madrid y su gestión política). Dada la composición del Parlamento, PP y C’s no tienen garantizado el control de esa comisión, que puede acabar siendo comandada por las dos izquierdas y las periferias soberanistas. Si la comisión se crea, Aznar, presidente del PP entre 1990 y el 2004, será llamado a declarar. Rajoy, también. Una comisión de encuesta no tumba, pero marea, desgasta y oxida.
Las condiciones de Ciudadanos no suponen para Rajoy un precio desorbitado, pero han sido hábilmente planteadas. Envían una señal de responsabilidad a los centros de poder y a las clases medias asentadas. Enarbolan la bandera anticorrupción (aplausos del público). Y colocan al PSOE ante un septiembre fatídico. Antes, en tiempos de la caligrafía del colmado Lafuente, a eso se le llamaba hacer política.
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