REDACCIÓN
La lentitud geológica -algunos lo llamarían meticulosidad- con la que se abordan los debates en Bruselas hacen que en la capital comunitaria ya estén en marcha las negociaciones para definir los objetivos y las ayudas que se repartirán en el próximo periodo financiero de la política agraria común (PAC). En Asturias, los sindicatos agrarios siguen toda esa actividad con recelo. Aún no ha llegado el momento de temer por las ayudas ni el de hacer sumas y restas para identificar a los posibles ganadores y los perdedores de los cambios que se produzcan, pero sí el de decidir qué principios regirán las nuevas políticas, y ahí no existen muchas condiciones para el optimismo. Las organizaciones asturianas recuerdan que ni en el famoso chequeo del año 2009 ni en la planificación presupuestaria del septenio 2014-2020 salió adelante su reivindicación de introducir mecanismos de mercado en la cadena de valor de los productos para que los ganaderos y los agricultores reciban una parte mayor del precio final que pagan los consumidores al adquirirlos en las tiendas.
Aunque la planificación actual de la PAC abarca hasta el final del 2020, por la Eurocámara circulan desde el año pasado propuestas de actuación para el periodo 2021-2027 y el flujo se ha acelerado en las últimas semanas, en las que la Comisión se ha sumado a los trabajos preparatorios para incluir en las previsiones el efecto del brexit, que, al igual que en otros ámbitos presupuestarios, tendrá un impacto sobre los fondos disponibles. El último presupuesto europeo ya significó un enorme tajo para los fondos que reciben la agricultura y la ganadería, cuyo peso en el conjunto del esfuerzo comunitario pasó del 75% al 40% del total. Bruselas aún quiere recortarlo más con el argumento de que en el campo solo trabajan el 2% de los 500 millones de ciudadanos europeos y que el peso de las políticas destinadas a ellos es desmedido. La salida del Reino Unido, que aporta a ese capítulo casi 3.500 millones de euros al año, abre una oportunidad de reajustarlo.
«A los políticos se les llena la boca cuando hablan de fijar población en los concejos rurales, pero mientras no haya esas medidas de mercado que garanticen la rentabilidad de las explotaciones, seguiremos viendo cierres todos los días», asegura la secretaria general del sindicato COAG en Asturias, Mercedes Cruzado, preocupada por la falta de un reparto justo en el valor económico que generan la agricultura y la ganadería. «El presupuesto y las ayudas europeas, además, se centra mucho en los derechos históricos de personas que a lo mejor ya han dejado de tener actividad y, sin embargo, perciben sus rentas. Sin embargo, quien trabaja no cobra», abunda en la crítica.
Otra de las organizaciones del campo asturiano, la Unión de Campesinos de Asturias (UCA), también ha acogido con recelo las intenciones expresadas a finales de noviembre por el comisario europeo responsable del departamento, el irlandés Phil Hogan. La calidad y el valor de los productos también están en el centro de sus preocupaciones. En un comunicado, UCA ha recordado esta semana que si la Unión Europea disfruta del mejor sistema agroalimentario del mundo es gracias a la existencia de la PAC y ha expresado su opinión a la renacionalización de las ayudas (se permite a los estados limitarlas) y de las normas y de los reglamentos que preconiza Hogan. «La PAC es mejor si es más común», defiende el sindicato.
UCA y COAG no tendrán problemas para alcanzar posiciones comunes sobre la calidad y las ayudas sobre la base de un lema corto y eficaz: que el esfuerzo por lograr buenos productos se vea reflejado en los precios. Ambos defienden la continuidad de las subvenciones directas precisamente como garantía de la calidad de unos alimentos seguros y sanos, producidos según unos métodos más exigentes que los de terceros países, más baratos, a los que se abrirán las puertas de los mercados comunitarios si la producción europea decae y no basta para cubrir toda la demanda. «Desanima no lograr nunca nada de estas peticiones. A veces, voy a reuniones en Oviedo o en Madrid, con la Consejería o con el Ministerio, y exponemos nuestras necesidades. Asienten, pero lo que luego nos cuentan no tiene nada que ver con ellas. Dan ganas de decir: esto está muy bien aquí, pero no sirve en mi cuadra», confiesa Cruzado entre la ironía y la desesperación.
Al campo asturiano le preocupa también, como siempre desde el cambio de siglo, el relevo generacional. Los jóvenes, defienden los sindicatos, no solo necesitan ayudas para su actividad y para consolidarse en la gestión de las granjas que heredan de sus familiares ya retirados, sino un plan de vida en la zona rural, buenos servicios públicos, colegios e institutos cercanos, que no obliguen a sus hijos a hacer largos desplazamientos diarios para acudir a sus clases desde que son muy pequeños, y una red sanitaria más extensa. «No vale cualquier relevo, no suele adaptarse quien hace un curso y luego empieza a trabajar. Es mejor el relevo con base, el de los jóvenes que han conocido toda la vida este sector tan duro. Necesitan rentabilidad en las explotaciones e incentivos en su calidad de vida», resume Cruzado.
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