Con el encargo principal.
Campa asume el reto de la reforma laboral
Se convertirá en mediador de Gobierno y agentes sociales para pactar, en menos de tres meses, cambios en la regulación del mercado
La prioridad del recién nombrado secretario de Estado de Economía, por encima incluso de la agenda internacional con la vista puesta en la presidencia europea, es impulsar el diálogo social y realizar cambios en el modelo laboral. Todo parece indicar que el Gobierno se irá de vacaciones de verano con una propuesta de reforma, pactada con sindicatos y empresarios, sobre la mesa. Eso sí, matiza Elena Salgado, “no habrá cambios en las condiciones del despido y sí soluciones a la dualidad que presenta el mercado”. Campa será además figura clave del nuevo sistema productivo y por sus manos pasará gran parte del diseño de la Ley de Economía Sostenible, recientemente anunciada por Rodríguez Zapatero.
Qué se propone hacer el nuevo secretario de Estado de Economía? Esa era la pregunta del millón cuando se conoció el nombre de José Manuel Campa como sustituto de David Vega. Ahora las cosas están algo más claras. Si se analiza la personalidad del profesor del IESE con ayuda de las fuentes consultadas, prácticamente todos coinciden en señalar, la primera fue Elena Salgado, que viene a ordenar, a coordinar el adormecido diálogo social y plantear, eso sí, buscando el acuerdo, una reforma laboral que, matiza la propia vicepresidenta segundo, "no afectará a los costes del despido". Reconocen los sindicatos que según se van produciendo las declaraciones de distintos miembros del Gobierno, últimamente la del secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña, tienen la mosca detrás de la oreja. "Nos parece contradictorio que el propio Rodríguez Zapatero esté animando a un gran acuerdo social donde no figura en la agenda el tema de la reforma laboral, al mismo tiempo que otras figuras del Ejecutivo hacen otro tipo de planteamiento. Esto cuanto menos llama la atención", señalan desde uno de los principales sindicatos.
Cambios antes del verano
Los que mejor le conocen apuestan por que, antes de que llegue el verano, "en tres meses como muy tarde", los cambios sobre la regulación del mercado laboral española estarán encima de la mesa. "No va a entrar como un elefante en una cacharrería, no es su estilo pero, es una persona muy determinada, con convicciones muy firmes que sabe manejar los asuntos y los tempos".
La labor de Campa está bien diseñada desde La Moncloa. En el Ministerio, durante el acto de toma de posesión del cargo, la vicepresidenta económica, destacó que la lucha contra el desempleo, "la cara amarga de la crisis" será la principal prioridad del nuevo secretario de Estado por encima incluso de la agenda económica que tiene en estos momentos como objetivo internacional, la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010, y la participación en los foros mundiales activados en respuesta a la crisis financiera.
La implicación de José Manuel Campa en el debate laboral fue objeto de todo tipo de comentarios en los corrillos tras su toma de posesión. "Todos escribimos cosas que aveces hay que contrastar", comentaron algunos de los presentes, acerca del manifiesto de los 100, una propuesta de reforma laboral que él apoya y en más de una ocasión ha plasmado en algunos de sus artículos al respecto. En contra, como dicen los sindicatos, de la negativa de Zapatero de plantear siquiera esa alternativa, un alto cargo del Gobierno aventura sobre las ideas que defiende el nuevo secretario de Economía que "eso es precisamente lo que al final tendremos que hacer".
Hay que recordar que la propuesta de los cien, presentada hace mes y medio, ha sido elaborada por 13 economistas y suscrita por más de cien entre los que se encuentra Campa, a través de la Fundación de Economía Aplicada, Fedea. Su conclusión volvía a colocar en el centro del debate la necesidad "urgente" de reformar el mercado laboral ante el elevado aumento del paro. La alternativa es la creación de un contrato único, con carácter indefinido e indemnización "por año creciente con la antigüedad". Se eliminarían así las 17 modalidades contractuales que existen en España y se acabaría, a su juicio, con las diferencias entre el coste del despido de los fijos con 45 días por año y los temporales de 8 días por año.
Se insta, además, al Ejecutivo a legislar, eso sí dentro del diálogo social, a tomar la iniciativa para combatir la escalada del desempleo. Fuentes cercanas a la elaboración de documento señalan que "el origen de su elaboración está en el seno del propio Ejecutivo", un argumento que niegan algunos de los más directamente implicados en su génesis que explican, no obstante, que "han recibo el apoyo explícito desde distintos ámbitos gubernamentales".
Lo que sí parece estar más claro es que la figura del nuevo secretario de Estado será la de mediador entre el Gobierno y los agentes sociales. El ministerio de Trabajo, aunque no ha transcendido de manera oficial, había propuesto la creación de un interlocutor, coordinado, para relanzar el diálogo social. El nuevo puesto estaría ocupado por un experto en mercado y normas laborales. "Es verdad que Celestino Corbacho contrastó la idea, que compartimos, con los sindicatos. Lo que ahora desconocemos porque no se ha materializado ni ha seguido adelante", señalan fuentes sindicales para añadir que "puede suponer replanteamiento respecto al rol que tiene que jugar o sobre la persona que debe ocupar el puesto".
La propuesta inicial surgió tras la última remodelación del Gobierno y se "complicó por la renuncia el número dos de Economía, David Vegara. Todo parece indicar que el nombramiento de su sustituto ha distorsionado la designación de un nuevo cargo equivalente en el departamento de Corbacho porque si algo quiere evitar Rodríguez Zapatero es que, desde dos Ministerios, se difundan ideas contrapuestas", explican desde el entorno del Ministerio de Trabajo.
Nuevo modelo productivo
Las tareas que asume José Manuel Campa parecen estar bien definidas. La de coordinador que marque los ritmos del proceso negociador e intercambie propuestas con el resto de los protagonistas del debate sería rentable para la imagen de Moncloa como impulsora del diálogo social. La aplicación de las resoluciones parlamentarias, y el anuncio de presidente de propiciar un cambio de modelo productivo, se verían facilitadas por esa designación.
No en vano la vicepresidente económica Elena Salgado ha situado al nuevo secretario de Estado como figura clave en la reforma productiva. “Saldremos de la crisis con un nuevo modelo productivo más sostenible y centrado, fundamentalmente, en el conocimiento y la innovación”.
Por sus manos pasará buena parte del diseño de la Ley de Economía Sostenible, el eje central de este cambio que anunció el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación. José Luis Rodríguez Zapatero busca desde entonces una nueva postura que no se limite a capear la crisis, y la iniciativa pasa por acabar con el modelo basado en el ladrillo.
Ana Sánchez Arjona
Los sindicatos no dan tregua
Sin dar ni un solo día de tregua, el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, criticaba las ideas del nuevo secretario de Estado de Economía sobre la necesidad urgente de una reforma laboral, el mismo día en que José Manuel Campa prometió el cargo.
Méndez calificó de "descarriadas, injustas e inútiles" las propuestas plasmadas en un documento, definido por las centrales como de "engaña bobos" porque no resuelve el problema al acabar, "entre otras cosas con la tutela judicial y con la causalidad. Es el principio del fin ya que la solución no pasa por reformas regresivas que suponen retroceder dos siglos atrás”. Y es que la postura de los principales sindicatos lleva sin remedio al Gobierno a recular ante cualquier iniciativa que huela o suene a cambios en el mercado de trabajo.
Recientemente, tras el debate sobre el estado de la nación, el PSOE dio marcha atrás en el pacto alcanzado con CIU para iniciar una "tímida reforma" según los convergentes, encauzada políticamente desde el Congreso. Las propuestas originales que suscribe también el PP, abogaban por aceptar la intervención del sector privado en la intermediación laboral y por un cambio radical de la negociación colectiva. Ambos aspectos están recogidos en el manifiesto elaborado por los 100 expertos que va algo más lejos. Propone que los acuerdos empresariales prevalezcan sobre los convenios de ámbito superior, “como ocurre en el resto de los países europeos”. recoge el documento.
Los socialistas fueron conscientes de que no se podía llegar tan lejos y pactaron con los nacionalistas catalanes algunas enmiendas en las que se dulcificaron al máximo estas apuestas.
Tanto se suavizaron, que a lo único a lo que se comprometía el Gobierno era a "impulsar un acuerdo social que permita hacer frente a los problemas estructurales del mercado de trabajo, entre otros la dualidad, los problemas de la negociación colectiva, las políticas activas y pasivas en relación con el papel que pueden desempeñar en ellas el sector privado y la ampliación de la cobertura por desempleo". Al parecer, una dura reacción sindical llevó al PSOE a dar marcha atrás. Los nacionalistas catalanes no se lo pensaron dos veces en la interpretación de lo sucedido: "José Luis Rodríguez Zapatero es prisionero de los sindicatos".
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