Presión “brutal” de Aznar sobre el PP para que apoye la entrada de Florentino en Iberdrola
José María Aznar, Mariano Rajoy
@A. Marco / J. Cacho - 01/03/2010 06:00h
El ex presidente del Gobierno José María Aznar se está empleando a fondo como lobbysta por encargo de Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS, para lograr que la dirección del Partido Popular apoye la eliminación de las limitaciones de voto –al 10%, con independencia de la participación real- de los accionistas en las grandes empresas, de acuerdo con una enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas introducida por el PSOE el pasado 16 de febrero al límite del plazo legal, y que de aprobarse permitiría la entrada de Pérez y su gente en el consejo de Iberdrola, solucionando de un plumazo gran parte de las angustias financieras de ACS.
Estamos ante un caso que despide un tufo inconfundible a corrupción. Corrupción al por mayor y en varias direcciones, es decir, que afecta al menos a los tres grandes partidos del arco parlamentario, PP, PSOE y CiU. En el caso de los populares, hasta dos fuentes distintas de la actual dirección de Génova han reconocido a este diario la labor de intermediación que está llevando a cabo José María Aznar por encargo de Pérez. Ambas fuentes, que se mostraron “escandalizadas” por el episodio, han calificado las presiones del ex presidente de “brutales” y “feroces”.
Una tercera fuente del PP, contactada ayer mismo, aseguró desconocer “qué es lo que está haciendo Aznar en este caso, pero no me extraña en absoluto porque en Génova es un clamor el desempeño de Aznar como lobbysta, y es un hecho que ha presionado al presidente [Mariano Rajoy] en varias ocasiones y por distintos asuntos. El presidente no se atreve a decirle nada, porque Aznar todavía sigue teniendo sus apoyos en Génova”. Por su parte, fuentes próximaas a la eléctrica, que oficialmente no se ha querido pronunciar, reconocieron ayer estar al tanto de los trabajos de Aznar.
Las presiones de Aznar han llevado la duda al seno del PP sobre la posición a adoptar por el partido. Mientras Cristóbal Montoro, ex ministro que fue de Hacienda con el Gobierno Aznar y uno de los principales receptores de las presiones descritas, es favorable a apoyar la propuesta del PSOE, que permitiría tanto a ACS como a Sacyr Vallehermoso asaltar los consejos de Iberdrola y Repsol, respectivamente, gran parte de la dirección del partido se muestran “contrarios” o “muy contrarios” a la enmienda, a causa principalmente del aroma que despide una operación cocinada en Moncloa de espaldas incluso a la inmensa mayoría del Gobierno y a la propia Abogacía del Estado.
Aunque en la sede de Génova se da por descontada la posición de FAES favorable a la enmienda, un portavoz de la poderosa Fundación que preside y controla el ex presidente Aznar aseguró anoche a este diario que “sobre la enmienda antiblindaje no tenemos nada que decir. FAES no se va a posicionar sobre ese tema, porque no somos un partido político. Por lo tanto, es totalmente falso que hayamos realizado presiones para influir sobre la postura que el PP vaya a tomar en este asunto”.
Auténtica floración de lobbystas en esta operación
Pero los trabajos de lobby no se limitan a José María Aznar, ni mucho menos. En el origen del proyecto está, según diversas fuentes, la imprescindible labor de zapa realizada durante meses sobre el presidente Zapatero por uno de sus más íntimos amigos, Antonio García Ferreras (ex director de informativos de la SER, ex director de Comunicación del Real Madrid y actual director de laSexta, Grupo Mediapro), íntimo a su vez de Florentino Pérez; también de la asesora y persona de la máxima confianza de Zapatero en Moncloa Angélica Rubio, e igualmente del ex ministro y actual portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Toño Alonso, la persona que introdujo la enmienda el 16 de febrero casi sobre la bocina y sin membrete por culpa de las prisas. Los tres son de León e íntimos de Zapatero.
El propio Florentino se ha encargado de explicar ante algunos destacados empresarios madrileños la génesis de la pretendida modificación legal destinada a sacar de apuros a dos constructores amigos del Gobierno. Según Pérez, se trata de un proyecto que el Gobierno iba a hacer aprobar en los PGE para 2010 y que al final se quedó en el camino “porque Zapatero no quiso: temió que le acusaran de tomar partido dadas las tensas relaciones que a finales de año se vivían en Repsol” entre Antonio Brufau y su primer accionista, Luis del Rivero.
Para controlar la posible reacción de CiU, el presidente de ACS se ha servido de la muy acreditada experiencia como lobbysta del abogado Miguel Roca i Junyent, uno de los padres de la Constitución del 78, varias veces diputado en representación de CiU, miembro del Consejo de Administración de ACS y curiosamente también del de Endesa, y cabeza hoy de uno de los bufetes más influyentes de Barcelona. Florentino asegura a quien le quiere escuchar que “el asunto lo lleva personalmente el presidente Zapatero y está sobre su mesa de trabajo”. Según el constructor, la enmienda saldrá adelante porque PSOE y CiU la apoyan y “el PP se va a abstener”.
Una hábil maniobra de Unió Democràtica de Catalunya
Cosa que no está clara. Básicamente porque puede que Convergència (CDC) comparta las tesis de Pérez, pero no Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el otro socio de la coalición. En efecto, el pasado martes 23 de febrero, y a petición de CiU, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, por donde transita esa modificación legal, acordó retrasar hasta finales de marzo el debate de la reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas, que estaba previsto poner sobre la mesa este jueves 4 de marzo, con ocasión de la comparecencia de la vicepresidenta Elena Salgado. Pero en realidad no fue CiU quien pidió tiempo muerto, sino Unió, después de que sus dos más altos representantes en Madrid, los diputados José Antonio Durán y Lleida y Josep Sánchez Llibre (portavoz económico de CiU en el Congreso), fueran adecuadamente “trabajados” por otro muy influyente lobbysta catalán que pasa en Madrid gran parte de la semana.
La prorroga, que no es casual, tiene su importancia. En efecto, Pérez confiaba en llegar a la Junta General de Iberdrola, a celebrar en Bilbao el próximo 26 de marzo, con la modificación legal aprobada, lo que le hubiera permitido escenificar en dicho acto el correspondiente escándalo en caso de que Ignacio Sánchez Galán, el presidente de la eléctrica, se hubiera mantenido en sus trece de negarle representación en el consejo. El aplazamiento priva al de ACS de esa oportunidad y a los españoles de un previsible bonito espectáculo. Florentino Pérez tendrá que explorar otras vías para materializar sus deseos. No será por falta de dinero para ablandar voluntades.
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