La solvencia de la banca española vuelve a estar bajo la lupa de Bruselas. Y, esta vez, las dudas rodean al grueso del sector, incluyendo a las grandes entidades, porque está en cuestión la validez de 40.000 millones euros del capital del sistema, el 18% del total. Se trata del volumen de créditos fiscales (o DTA, por sus siglas en inglés) que el Gobierno español avaló con deuda pública a finales de 2013 para impedir que dejaran de computar como capital de la banca.
Ahora, una denuncia procedente del sector financiero alemán, según detallan fuentes del mercado, ha llevado a la Comisión Europea a abrir una investigación para determinar si este plan, al igual que los modelos similares aprobados por Italia, Grecia o Portugal, supuso la concesión de ayudas públicas incompatibles con la ley comunitaria.
“La Comisión ha enviado cartas pidiendo información a estos Estados miembros que dieron garantías a diferentes activos fiscales para entender cómo funcionan esas medidas y si implican ayudas de Estado”, reveló en rueda de prensa el portavoz comunitario Alexander Winterstein, recoge Efe. “Es una investigación en curso, no prejuzgamos el resultado (...) y, si tomamos una decisión, por supuesto tendrá que tener en cuenta factores como las leyes existentes y la estabilidad financiera”, matizó Lucía Caudet, advirtiendo eso sí que “las reglas europeas ya prevén que los DTA no pueden ser considerados capital”.
Derechos que ya no computan como capital
Los créditos fiscales son derechos a pagar menos impuestos sobre los beneficios futuros que las entidades generan por pérdidas pasadas o por provisiones especiales, como las que se hacen para cubrir el deterioro de activos, que no pueden deducirse hasta su desembolso. Como solo pueden aprovecharlos aquellas entidades que en los 18 años siguientes a generarlos logren beneficios suficientes como para descontarse todos del pago de los impuestos consecuentes, la nueva normativa financiera Basilea III dejaba estos derechos fuera del cómputo de capital a partir de enero de 2014.
Tras años de pérdidas y provisiones como consecuencia de la crisis, la nueva legislación abocaba a las entidades a un importante impacto en su solvencia apenas meses antes de una nueva ronda de test de estrés destinada a despejar las dudas del mercado. El Gobierno español, como el de otros países, logró solventar este nuevo peligro para la estabilidad de su sistema financiero ofreciendo un aval público sobre el grueso de dichos créditos fiscales para que estos queden monetizados como deuda pública en el caso de que, transcurridos 18 años, las entidades no hayan podido aprovecharlos todos.
Los beneficiarios originales
La medida benefició especialmente al grupo BFA-Bankia, que conservó unos 7.000 millones (unos 5.000 de Bankia); pero también sacaron provecho Santander, con 5.400 millones (solo en España); CaixaBank, con unos 4.700 millones; Sabadell, con 5.300 millones o BBVA, con 4.900 millones, entre otros.
Bruselas analiza ahora si este apoyo público supone una ventaja competitiva para el sector financiero español frente al de otros países comunitarios. Una posibilidad que descartan desde el propio Ministerio de Economía, impulsor de la medida, donde recuerdan que cuando se aprobó España estaba aún bajo la supervisión de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) como consecuencia del rescate a la banca. Fuentes de Bruselas obviaron este hecho pero aclararon que el modelo nunca fue comunicado formalmente a la Comisión Europea.
Con todo, la noticia fue digerida ayer con “tranquilidad” en las principales entidades españolas donde defendían que el aval se aprobó para evitar un agravio comparativo con otros países fiscalmente más ventajosos o menos proactivos en la dotación de riesgos. La dudas, sin embargo, amenazan con seguir acompañando al sector pues Bruselas ya avanza que la investigación “llevará tiempo”.
Las entidades más vulnerables
“El debate sobre los créditos fiscales realmente no es nuevo”, reconocían ayer los analistas de N+1 en un informe sobre la investigación de Bruselas, adelantada por el Financial Times, que recordaba que el Banco Central Europeo ya venía mostrándose dispuesto a homogeneizar la valoración del ratio de capital de los bancos de cada país.
Partiendo de ahí, los expertos de N+1 asumen que al quedar en duda la legitimidad del aval público sobre los activos fiscales “los bancos más expuestos” son Sabadell y Liberbank, con 5.300 y 1.200 millones de euros garantizados, pero que en ambos casos suponen más de un 7% en su cartera activos ponderados por riesgo. Le sigue en la lista Bankia, con unos 4.900 millones de euros que suponen un 5,5% de sus activos ponderados por riesgo.
Pese a que otras entidades cuentan con un mayor volumen de activos fiscales garantizados la importancia en sus balances es relativamente menor. Bankinter ni siquiera tiene. Así, también los expertos de Deutsche Bank señalaban ayer a estas tres firmas como las más vulnerables ante una eventual anulación de los avales prestados por el Estado español.
Consecuencias
Desde el sector asumen, no obstante, que este escenario nunca se alcanzaría y que el mayor riesgo de la investigación de Bruselas es que España se aleje de cumplir sus objetivos de déficit al sumar nuevas ayudas públicas.
También los analistas de N+1 muestran sus dudas de que el BCE vaya a anular estos activos de los ratios de capital y avanzan que “en última instancia” lo que hará el supervisor será obligar a los bancos a reducir el reparto de dividendos para ir así fortaleciendo su solvencia. Bajo esta convicción general, ni la Bolsa, ni los analistas, castigaron ayer especialmente a la banca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario