La investigación penal sobre los papeles de Panamá está dando los primeros pasos, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha descubierto que gran parte de los clientes españoles del despachoMossack Fonseca aprovechó la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, para legalizar su situación y repatriar su fortuna. El movimiento dificultará que esos contribuyentes puedan ser acusados de delito contra la Hacienda Pública, aunque no impedirá que se les persiga por blanqueo de capitales si los fondos regularizados procedían de delitos de corrupción y del crimen organizado.
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Según fuentes cercanas a la causa, la investigación de la Fiscalía avanza en coordinación con los tribunales de otros países que también han abierto causas para enjuiciar a los clientes del bufete panameño. En España, el procedimiento arrancó el pasado 4 de abril, solo un día después de que empezaran a publicarse los papeles de Panamá, una investigación periodística liderada en territorio nacional por El Confidencial y La Sexta, y coordinada en todo el mundo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el semario alemán 'Süddeustsche Zeitung'.
El Ministerio Público remitió la información facilitada por los medios de comunicación a la Agencia Tributaria y a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que sus investigadores evalúen si se desprenden responsabilidades penales de las redes societarias y los movimientos de dinero que orquestó el bufete panameño. Pero la Fiscalía también ha solicitado a ambos cuerpos que comprueben si Mossack Fonseca está implicado en otras causas y, también, si la información del despacho aporta pistas adicionales sobre individuos investigados en otros procedimientos.
Los resultados definitivos aún no han sido enviados a la Audiencia Nacional, pero, según fuentes cercanas al caso, Hacienda ya ha informado de que los contribuyentes españoles salpicados por el escándalo recurrieron en masa a la polémica regularización fiscal de Montoro para sacar su patrimonio de Mossack Fonseca y declararlo en España tras el abono de una multa económica de solo el 3% de media sobre el dinero que escondían. Es decir, que estarían blindados frente a una investigación por delitos contra la Hacienda Pública.
El propio Montoro admitió en el Congreso de los Diputados el 7 de abril, apenas cuatro días después de que comenzara la publicación de los papeles de Panamá, que tenía la impresión de que “buena parte” de los nombres que habían trascendido hasta ese momento se habían acogido a la amnistía. “Ahora están pagando impuestos, ya veremos si de forma completa, porque las investigaciones de la Agencia Tributaria lo tendrán que ir comprobando”, dijo entonces. La investigación apunta por ahora en esa dirección.
Los datos de los papeles de Panamá también anticiparon una posible regularización masiva, como señaló El Confidencial. En torno a 2012, comenzaron a aparecer los verdaderos titulares de empresas pantalla que llevaban décadas operando en Panamá y en otros paraísos fiscales bajo el control de simples testaferros. Además, a partir de ese ejercicio, muchos de los clientes comenzaron a cerrar sus firmas 'offshore' y rompieron su relación con Mossack Fonseca.
Así ocurrió, por ejemplo, con una empresa de la infanta Pilar de Borbón, Delantera Financiera, que fue creada en agosto de 1974, solo un mes después de que su hermano Juan Carlos I asumiera la jefatura de Estado por enfermedad del general Franco. Cuatro décadas después, el 24 de junio de 2014, dos años después del inicio de la amnistía, Pilar de Borbón echó la persiana de su sociedad panameña. En el propio 2012, dos bisnietos deFranco, Francisco y Juan José Franco Suelves, firmaron como directoresde sendas sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, Vamfield Alliance Limited y Malini Investments Limited. El padre de ambos, Francis Franco, aseguró el pasado abril que todo estaba regularizado.
Con todo, la Agencia Tributaria y la UDEF rastrean cada uno de estos expedientes. Aunque se trata de un fenómeno generalizado, la Justicia ya ha comprobado que no todos los clientes declararon su dinero. El actorImanol Arias se ha visto envuelto en una investigación por fraude fiscaldentro del caso Nummaria, por haber utilizado un entramado societario que ya había aparecido en los papeles de Panamá. El coprotagonista de 'Cuéntame' no solo no legalizó su fortuna, sino que habría continuado maniobrando para evitar que fuera detectada. Asimismo, la investigación periodística descubrió que los hijos del financiero catalán Javier de la Rosahabía cobrado una comisión de al menos 2,4 millones de euros por la venta de las oficinas del banco Santander a un fondo de inversión británico en 2007. El dinero se alojó primero en Islas Vírgenes y fue trasladado en el verano de 2015 a una fundación de Hong Kong, como desveló El Confidencial. Los fondos no fueron regularizados hasta que se publicó la noticia el pasado 5 de abril.
La investigación que dirige la Fiscalía de la Audiencia Nacional discurre en paralelo a la que han abierto otros países para depurar responsabilidades dentro de sus respectivos territorios. El organismo de cooperación judicialEurojust está sirviendo para compartir información dentro de la Unión Europea. El procedimiento más avanzado es el de la Fiscalía de Colonia(Alemania), que empezó a investigar a Mossack Fonseca hace casi dos años.
Este martes comparecerá a puerta cerrada en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, para aclarar por qué no se abstuvo en la aprobación de la amnistía de Hacienda de 2012, cuando era ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Como reveló este diario, su mujer, Micaela Domecq Solís, que también tuvo una empresa en Panamá a través de Mossack Fonseca, aprovechó la regularización de Montoro para repatriar su fortuna.
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