La privatización de la sanidad pública ha avanzado en las últimas dos décadas, desde las experiencias piloto de Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana, hasta los macroproyectos de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la Comunidad de Madrid. Algunas de las mayores empresas del país se benefician de la mercantilización de la salud, y no falta la inversión extranjera en forma de capital-riesgo. Estas son algunas de las mayores empresas del sector:
Quirónsalud
El grupo Quirónsalud, fruto de la fusión entre el Grupo Hospitalario Quirón e IDC Salud, es el mayor grupo sanitario de España y uno de los tres mayores de Europa. Tiene 42 hospitales y 53 centros de salud repartidos por doce comunidades autónomas. En 2015, la compañía facturó 1.500 millones de euros y contaba con una plantilla de más de 24.000 trabajadores.
Desde 2011, IDC/Quirón es propriedad de CVC Capital Partners, un fondo de capital riesgo con sede en Luxemburgo. La compra de Capio Spain (antigua IDC) fue la primera inversión del fondo en España. CVC es, a menudo, acreedor y accionista de empresas con altos niveles de deuda, y en España es accionista de referencia en Cortefiel, mayor accionista de Deoleo, y acreedor de FCC, entre otros.
Ferrovial / ACS
Ferroser, filial de servicios de Ferrovial, tiene la concesión del servicio de limpieza y lavandería de varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, entre ellos el Hospital 12 de Octubre, Hospital de Móstoles, Hospital La Paz y Hospital Severo Ochoa (Leganés).
A finales de 2013, algunos centros de salud de Madrid denunciaron a Ferroser por un descuido extremo en la limpieza de las instalaciones, que llegaba al punto de ser peligrosa para los pacientes. La empresa, responsable de la limpeza de los centros de salud de Las Águilas, Los Naranjos y Cuzco, había obtenido el contrato de limpieza en abril de ese año por 35,4 millones de euros, una rebaja del 30% respecto al anterior contrato. Ferroser despidió a 220 de los 700 trabajadores del servicio. La filial de Ferrovial fue condenada a pagar una multa de 70.000 euros.
Clece, sociedad perteneciente a la constructora ACS, ofrece los mismos servicios que Ferroser al Hospital Clínico San Carlos, Hospital La Princesa, Hospital Príncipe de Asturias y Hospital Ramón y Cajal, todos ellos en la Comunidad de Madrid. Clece es también adjudicataria de los servicios de limpieza del Hospital de la Fe, el mayor centro hospitalario de la Comunidad Valenciana, además de otros centros en Alicante y Granada.
Este año, los trabajadores de Clece se han manifestado en Valencia, contra la subcontratación, y en Granada, donde reclamaban mejores condiciones laborales. Los trabajadores denunciaban una plantilla bajo mínimos y cargas de trabajo excesivas.
Indra
En 2010, la Comunidad de Madrid adjudicó a la empresa tecnológica Indra la creación y gestión del centro de atención personalizada (CAP) para el Servicio Madrileño de Salud. La empresa de tecnología también se hizo responsable de evaluar la eficiacia de su propio servicio. Casi siempre, Indra lo califica como “100% satisfactorio” (aunque a veces baje a 95%). Indra cobró 6,8 milliones de euros por año del gobierno regional.
En enero de este año, la Asamblea de Madrid aprobó, con los votos en contra del PP, reintegrar en la administración los servicios de call center al paciente.
Indra es también responsable de la gestión del historial clínico en varias instalaciones de salud en todo el país. En 2010, el Ministerio de Industria otorgó a Indra la instalación y mantenimiento de 170 estaciones de alta resolución en los quirófanos de los distintos servicios regionales de salud por 1,7 millones de euros. En 2016, Indra ganó el contrato de desarrollo de todos los sistemas de información asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, con un coste de 11 millones de euros.
La Caixa / Mutua Madrileña
CaixaBank y su fundación participan en varios proyectos sanitarios, tanto en Cataluña como en el resto del Estado. La caja barcelonesa fue, entre 2005 y 2010, una de las cinco empresas socias (junto a Agbar y dos constructoras de la familia Sumarroca, vinculada a CDC) en Sanibaix, la gestora del Hospital Comarcal Moisés Broggi del Baix Llobregat, situado en Sant Joan Despí, a unos 15 kilómetros de la capital catalana.
La construcción y puesta en funcionamiento del hospital costó el doble de lo presupuestado por el grupo en el concurso oficial de la Generalitat, como ha denunciado en enero de este mismo año el Tribunal de cuentas del Parlamento catalán.
La Fundación La Caixa es partícipe del Plan de Inmigración en el ámbito de la salud del Gobierno de la Generalitat, encargándose de la formación y gestión del equipo de intérpretes y mediadores interculturales del sector sanitario regional.
Además, el banco catalán, que adquirió la aseguradora Adeslas en 2010, participa junto a Mutua Madrileña en el consorcio Vidacaixa Adeslas, que distribuye seguros generales y de vida a través de la red de oficinas de La Caixa.
Banco Sabadell / Bankia
El Banco Sabadell es el titular del 50% de las acciones de Ribera Salud, la sociedad que ha dominado la privatización de la sanidad valenciana durante las dos últimas décadas. La empresa fue creada en 1997 por Bancaja y CAM para financiar la construcción y puesta en marcha del Hospital de la Ribera de Alzira (Valencia), junto a la aseguradora y las constructoras Dragados y Lubasa. Bankia y Sabadell “heredaron” Ribera Salud de las cajas de ahorro valencianas tras sus respectivos procesos de absorción.
La aseguradora estadounidense Centene Corporation compró en 2014 la mitad de Ribera Salud a Bankia. El precio de venta del 50% de la empresa fue de tan sólo 60 millones de euros.
Ribera Salud gestiona cuatro hospitales en la Comunidad Valenciana, controla la realización de las resonancias magnéticas en la región a través de la sociedad Erescanner y gestiona los análisis clínicos de la sanidad pública madrileña desde su laboratorio de San Sebastián de los Reyes.
Durante la presidencia de la Comunidad de Madrid del hoy investigado Ignacio González, el Gobierno regional adjudicó a Ribera Salud la puesta en marcha y gestión de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas) y Sureste (Arganda). No obstante, la paralización judicial del proceso y las protestas de los profesionales en las conocidas mareas blancas llevaron a la cancelación final del proyecto.
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