La economía de las plataformas está causando una precarización del empleo. Así lo reconocen los expertos y los asistentes al último encuentro Ouishare sobre el mundo colaborativo que tuvo lugar la pasada semana en Barcelona. Estas firmas, conscientes de que la situación de inseguridad jurídica perjudica el sector, piden a gritos una intervención del legislador.
El auge de estas empresas de intermediación de servicios entre usuarios (Airbnb y Uber son las más conocidas) ha sacudido los cimentos del derecho laboral, tal como fue concebido en el siglo XX. “Hoy por hoy, hay quien tiene como jefe a un algoritmo y trabaja en microtareas. Esta nueva forma de trabajar ya es incompatible con el estatuto de trabajador autónomo, con lo que sería deseable añadir otro tipo de regulación”, denuncia Jesús Mercader, del bufete Sagardoy y profesor de Derecho Laboral de la Universidad Carlos III de Madrid.
Existe todavía confusión sobre los términos. Puede haber actividades colaborativas entre los usuarios (cuando comparten un bien o un servicio), pero acostumbra a haber una transacción económica de por medio, y las plataformas (que ponen en contacto a las partes en internet) tienen ánimo de lucro. El problema es que la frontera entre el servicio proporcionado por un freelance y una actividad laboral por cuenta ajena es fina. Por ejemplo, cuando la empresa intermediaria impone horarios o tarifas mínimas.n
Hace unos días, la justicia británica reconoció a unos conductores de Uber el derecho a las vacaciones y un salario mínimo. En Estados Unidos, esta firma tuvo que pagar hasta 100 millones de dólares (91 millones de euros) para cerrar unas demandas que le habría obligado a cambiar sus estatutos. En España, la plataforma de limpieza a domicilio Eslife se vio obligada a cerrar a raíz de una inspección de Trabajo. El riesgo para las empresas es de gran magnitud porque, tal y como recuerda Mercader, “una inspección laboral puede en ciertos casos acabar con una empresa emergente”.
La figura de ciudadano-productor, que trabaja de forma esporádica (o incluso continuada), hoy por hoy está en tierra de nadie, desde el punto de vista de la protección social. Sara Rodríguez, mánager de asuntos públicos y regulatorios en Adigital, reconoce que “el problema de precarización es real. Sobre todo, cuando llegue el día en que estos trabajadores quieran jubilarse y no puedan contar con una cobertura suficiente”. La clave, en su opinión, reside en la manera de definir el concepto de “prestación habitual”.
Amaya Apesteguia, experta en consumo colaborativo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cree que el riesgo de esta situación “es que haya una subasta a la baja de las tarifas, con lo que el trabajador puede acabar un poco explotado”. En su opinión, introducir una regulación que reconozca el fenómeno ayudaría también a evitar la economía sumergida. “También es preciso reducir los trámites burocráticos para dar de alta a estos trabajadores eventuales”, añade. Apesteguia opina que “no se puede considerar al consumidor igual que a un profesional solo porque ingresa un euro”. Julie Da Vara, responsable de desarrollo de Yescapa (plataforma para alquiler de caravanas entre particulares) dice que cabe distinguir si los ingresos son una forma de ganarse la vida o si a través de estas empresas se da un uso a un bien que estaba desperdiciado y tiene por objetivo cubrir los costes de mantenimiento “ya que las problemáticas son muy diferentes”.
Sobre las propuestas, algunos sostienen que no debería reconocerse el salario mínimo, las pagas extras o el seguro de desempleo, ya que este colectivo decide cómo y cuándo trabajar. Pero sí debería otorgarse el derecho de sindicarse y garantizar la posibilidad de cotizar con relación a los ingresos o a las horas trabajadas en lugar de pagar una cuota fija. “Los costes del trabajo autónomo para ingresos bajos son elevadísimos. Es preciso modular la cotización”, sostiene Mercader.
Ante el vacío legal, estos trabajadores de plataformas incluso han puesto en marcha sociedades cooperativas de facturación, fórmulas intermedias que en realidad tratan de esconder una relación laboral efectiva con la plataforma, como si fueran empleados. La economía colaborativa aún busca su sitio.
Un millón de personas sólo en Europa
Las cifras hablan por sí solas. Un estudio de la consultora McKinsey ha detectado que entre el 20% y el 30% de la fuerza laboral en Estados Unidos y en Europa en la actualidad está constituida por trabajadores independientes que son autónomos o trabajan de forma temporal. Muchos de ellos entran en el universo de la sharing economy gracias al hecho de que en este ámbito económico no hay una barrera de entrada.
Sólo en Europa, este sector movió en el 2015 unos 28.000 millones de euros, casi el triple respecto al 2013. El potencial colaborativo alcanzaría, según diversos estudios, los 500.000 millones de euros. En Europa, 900.000 personas trabajarán en este ámbito en los próximos años.
En Estados Unidos también hay estadísticas muy interesantes. Un estudio llevado a cabo por los profesores Lawrence Katz y Alan Krueger, de las Universidades de Harvard y Princeton, ha estimado que, de los nueve millones de puestos de trabajo que se crearon en Estados Unidos desde el 2005 hasta hoy, la práctica totalidad procede de la rama económica colaborativa, que ya involucra al 15% de la fuerza laboral de Norteamérica. Curiosamente, esta fuerza laboral se declara feliz: el 84% de ellos están encantados de trabajar por su cuenta. Eso sí, estos datos son cuantitativos y no valoran los grados de protección de estos trabajadores.
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