El equipo de gobierno no renuncia a abrir un nuevo expediente por Villa Magdalena
Rosón dice que la decisión es del alcalde y Taboada destaca que se han producido nuevos hechos tras el informe de la instructora
Prudencia, silencio y enfado. El equipo de gobierno evitó ayer declaraciones altisonantes a cuenta de la más que posible caducidad del expediente de responsabilidad patrimonial por la expropiación de Villa Magdalena, después de que el secretario señalase en un informe que la prórroga del mismo no se ajusta a derecho. El alcalde, Wenceslao López, que asumió a título personal del procedimiento, directamente guardó silencio. Fuentes del equipo de gobierno apostaron ayer por dejar caducar el procedimiento, asumir el fracaso y tratar de abrir un nuevo expediente en los próximos meses.
Pero la decisión está en manos del alcalde. El concejal de Economía, Rubén Rosón, aprovechó para señalar que «corresponde a la Alcaldía valorar» la situación en la que queda el expediente. «Las explicaciones tienen que venir del alcalde», insistió al ser preguntado sobre esta cuestión y sobre las palabras de López en las que afirmaba estar mediando ante el 'olvido' de Rosón en tramitar la delimitación de la zona comercial de cara a 2018 y que el concejal de Somos calificó de falacia.
Su portavoz, Ana Taboada, apuntó a que se han producido hechos relevantes con posterioridad a que la instructora del expediente, Mercedes Díaz Amodia, propusiese su archivo al no encontrar indicios de irregularidades o responsabilidades contables. La líder de Somos descartó que el expediente se vaya a cerrar en falso, porque, todavía el pasado 30 de noviembre, el Supremo inadmitió a trámite el recurso de Comamsa «donde pedía más dinero» por la expropiación, en un intento de «seguir saqueando las arcas municipales». Según su versión, el auto del alto tribunal abre un nuevo plazo «para reclamar a los responsables de la ciudad por la expropiación de Villa Magdalena».
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Sería a través de un nuevo expediente, en un asunto que ha avanzado a la trágala, siempre al límite de los plazos y empujado por el empeño del alcalde, a quien algunos de los señalados en la incoación del procedimiento, como Gabino de Lorenzo han amenazado con acciones penales por prevaricación.
La confirmación del desastre económico en la expropiación llegó el 11 de mayo del año pasado en forma de sentencia del Supremo que desmontaba la 'creativa' valoración del TSJA en la que consideró que para calcular el precio de Villa Magdalena había que hacer media entre el polígono fiscal de la zona centro y el de San Claudio, porque se encontraba en el «límite» entre ambos; reducirlo porque en la calle Real Oviedo hay mucho más tráfico y elevar un 20% los costes de construcción que estimaba el perito de la propia sala. El Supremo elevó de nuevo el justiprecio de 21,3 a 43,5 millones y un buen pico de intereses a sumar a los ocho ya pagados entonces.
Los plazos al límite
El alcalde anunció que los responsables del agujero pagarían por ello y encargó a la Fundación Universidad de Oviedo una auditoría externa de todo el proceso y los cambios de propiedad. Con el informe en la mano, el alcalde no encontró funcionario que le pusiese letra y, justo a punto de vencer el plazo de un año, llevó a junta de gobierno la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial. En el mismo, reclamaba 45 millones de euros por los daños causados por la mala gestión de los que fueron concejales de Economía o Urbanismo o alcalde entre 1998 y 2008. Con nombres, se trata del hoy delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo; del portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo; y de los exconcejales Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons y Alberto Mortera.
Se trataba de un paso arriesgado, pero, en teoría, sencillo, uno igual o casi que los otros miles de expedientes administrativos, como una multa de tráfico. Tras contestar a las alegaciones de los implicados, habrá una propuesta de resolución y un nuevo plazo para recursos. Después el expediente se cerrará y a los señalados iniciales y a los que se pudieran añadir solo les quedaría la vía del Contencioso.
Nada salió así. La instructora solicitó abstenerse por su relación personal con Jaime Reinares, pero la junta de gobierno lo rechazó y la mantuvo al frente. El pasado 11 de octubre, la funcionaria firmó la propuesta de resolución: archivar el procedimiento. Sostenía que lo que se le había pedido no era investigar una responsabilidad patrimonial sino «una subespecie o subclase denominada responsabilidad contable» y que el Tribunal de Cuentas ya había rechazado en dos ocasiones su existencia.
El alcalde mostró su disconformidad y la junta de gobierno aprobó ampliar el plazo dos meses para aclaraciones. Lo hizo en presencia y sin recibir ninguna advertencia del mismo secretario que esta semana informó que la prórroga no se ajusta a derecho y que los implicados podrán «alegar vicios» al impugnar el acuerdo. Queda otro camino: ir a la Fiscalía o al Tribunal de Cuentas, antes de enredarse en otro expediente.
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