El coste del CO2 se dispara y eleva la incertidumbre de la industria asturiana
En lo que va de año se ha incrementado más de un 18% y el precio de la tonelada se sitúa ahora en los 29 euros, pero aún no ha tocado techo
Aumenta el coste del CO2 y con él la preocupación de la gran industria asturiana, que afronta una serie de amenazas que perjudican seriamente su competitividad y que tiene en la transición energética uno de sus mayores quebraderos de cabeza. Las empresas europeas pagan cada vez más por contaminar, mientras que sus competidores, que no dejan de ganar presencia en Europa por el aumento de las importaciones a raíz de la guerra comercial, emiten gases contaminantes sin freno ni coste alguno.
Esta diferencia es clave y se va agrandando al ritmo que marca el mercado de derechos de emisiones de CO2,el sistema diseñado por la Unión Europea para desincentivar económicamente la contaminación ambiental y forzar a las más de 10.000 empresas que lo conforman a reducir emisiones. Hace dos años el precio de la tonelada de dióxido de carbono estaba en 5,65 euros y ahora supera los 29. Solo en lo que va de año se ha disparado un 18% y aún no ha tocado techo, pues la normativa comunitaria contempla más incrementos que todavía no se han aplicado.
Y en esto Asturias vuelve a salir perdiendo. El carácter industrial de la región la sitúa en el punto de mira de la descarbonización y, por tanto, del mercado de derechos de emisión. Entre las más damnificadas están las plantas de Arcelor, las centrales de EdP y las cementeras, pero también afecta a otras como CAPSA, Química del Nalón, DuPont y la planta de Alu Iberia -la factoría aluminera que Parter compró a Alcoa el pasado 31 de julio-.
El sistema de la Unión Europa contempla, además, un límite total máximo de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir las factorías y que cada vez es más reducido. Si lo sobrepasan, las empresas se enfrentan a cuantiosas sanciones. De esta forma, la UE tiene un segundo mecanismo, adicional al coste del CO2, para animar a las industrias a invertir en sistemas de reducción de emisiones.
La directiva europea 2018/410 recoge que los Estados miembros pueden destinar hasta un 25% de los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión a compensaciones por costes indirectos de CO2. El Gobierno de Pedro Sánchez preveía recaudar 1.100 millones de euros con este sistema e inicialmente destinaría unos 43 millones a ayudas. Esto desató un enfado monumental en la gran industria, incapaz de hacer frente a los elevados costes del CO2 y de la energía, que se saldó con la decisión del Ejecutivo de elevar las compensaciones hasta los 200 millones, de los que ya se han destinado 175, según indicó ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto.
La cantidad sigue sin satisfacer el reclamo de la gran industria, que recuerda que la normativa europea permite que se conceda hasta un 25% de lo recaudado en la subasta de derechos de emisión, lo que supone unos 275 millones.
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