REDACCIÓN
Montes vecinales en mano común, oficialmente, y montes comunales, de manera popular. El Principado ultima un decreto para crear un registro que ordene la propiedad de este suelo, que es de naturaleza privada y que ha sido aprovechado por las comunidades desde tiempos inmemoriales. Esta normativa lleva pendiente 15 años, desde que la Junta Genera aprobara la Ley de Montes y Ordenación Forestal, a finales del año 2004. Esa ley ya encomendaba al Gobierno regional crear un registro que determinarse su número, su situación estatutaria y patrimonial. Este paso al frente de las administración, con tres lustros de retraso, se produce justo después de que colectivos ganaderos haya impulsado una serie de acciones para recuperarla la titularidad de montes comunales perdida con el paso del tiempo. Una coordinadora creada específicamente para gestionar estos trámites ha presentado ya 20 reclamaciones y prepara más.
«Los montes comunales son una pieza esencial para la ganadería». En estos términos se expresaba el expresidente del Principado, Juan Luís Rodríguez-Vigil, hace poco más de un año, en la presentación de su libro La mitad olvidada de Asturias. Rodríguez-Vigil abogaba entonces por ordenar estas propiedades atendiendo a los intereses de los ganaderos que son, en realidad, sus usuarios naturales. Esto es lo que ahora mismo se está haciendo. A principios del año 2018, existían únicamente 78 montes vecinales en mano común en Asturias, un gran número en la zona del occidente.
El registro autonómico
La ley del 2004 ordenaba al Principado que organizara un inventario general de estos montes en el que consten todos los datos que permiten su perfecta identificación, que reflejen su situación geográfica, la superficie, los lindes, el estado económico de aprovechamiento, los usos, las concesiones, los convenios, los consorcios y los arrendamientos que tenga establecidos. Ahora se crea el Registro de Montes Vecinales en Mano Común, que tendrá como finalidad «mantener actualizada la relación de los montes declarados como vecinales en mano común, dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias, así como de su situación patrimonial y estatutaria».
Este nuevo registro tiene carácter administrativo y será de inscripción obligatoria. De hecho, desde su entrada, en vigor, las comunidades vecinales que gestionan estos espacios tendrán un plazo de tres meses para cumplir con todos los trámites y darse de alta. Su primer asiento tiene que incluir las características del monte, todos los datos sobre la junta rectora o la junta provisional, si es que no hay rectora; la tarjeta de identificación fiscal, los estatutos y sus modificaciones, si existe declaración del estado de abandono. Los estatutos tendrán que llevar una copia del libro de comuneros, es decir, de los usuarios, que se actualizará cada mes de enero. El Principado elaborará un informe anual con todas aquellas comunidades que no tengan constituidos o actualizados sus órganos de gobierno o aprobados sus estatutos.
Dejará incluso constancia de las posibles disputas internas. Si se produce algún tipo de contienda que termine en los tribunales, el decreto establece que se realice una anotación provisional en el registro, hasta que haya sentencia firme. Una vez que exista fallo judicial, quedará incorporado.
Otros movimientos
Asturias Ganadera, con el apoyo del sindicato USAGA, impulsó a mediados de 2018 la formación la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias, con la intención de dar voz a todas las comunidades vecinales que en las últimas décadas se han visto privadas de sus terrenos. Xuan Valladares, portavoz del colectivo, explicaba un año después, que han recibido multitud de llamadas de personas que denuncian las trabas de la administración, que frenan sus expedientes y que llegan incluso a las amenazas veladas para disuadirles de ejercer sus derechos y recuperar esos montes. «La Administración del Principado y, en concreto, su Consejería de Desarrollo Rural no sólo no han cumplido con sus obligaciones legales de devolver de oficio este suelo a sus comunidades vecinales sino que incluso han obstaculizado continuamente las iniciativas vecinales que pretendían recuperar legítimamente sus montes, negándoles el conocimiento de sus derechos y dificultando de forma extraordinaria la resolución de las solicitudes».
La coordinadora parece estar cambiando este panorama. Antes las comunidades carecían de información, no estaban comunicadas y no podían poner en común sus problemas y las posibles soluciones. Al menos, esta parte ha quedado resulta. Así se han podido presentar ya una veintena de reclamaciones, apoyadas por un despacho de abogados especializado en la defensa de los derechos vecinales y centrado en expedientes de la zona cantábrica. Con su asesoría los ganaderos aseguran que están dispuestos a llegar hasta los tribunales. El despacho Calixto Escariz, representado por el abogado ovetense Javier Pérez, ha ofrecido charlas y sesiones por toda Asturias, en la que ha explicado el derecho de los vecinos a recuperar sus montes, en base a una normativa que con varias décadas de historia pero que apenas se ha usado en la región.
No hay comentarios:
Publicar un comentario