Clave de la Legislatura

Domingo, 19 de noviembre 2023, 00:07 | Actualizado 12:12h. Pedro Sánchez se dispone a inaugurar su tercer mandato en la Moncloa con un nuevo Gobierno ajustado a los apremios del momento, dotado de una mayoría que los soberanistas amenazan ya con hacer zozobrar a cada votación en el Congreso y con un cambio de carril en la agenda que no permitirá al presidente focalizar por entero su acción en las reformas de cariz más social. El argumento con el que Sánchez justifica el radical viraje emprendido con la amnistía a los encausados del 'procés' alude a la teoría del mal menor. Como ya hizo ante el comité federal de su partido, el jefe del Ejecutivo presentó esta semana en el Congreso el pago realizado a Carles Puigdemont a cambio del apoyo de los siete escaños de Junts a su investidura como la única manera de apuntalar el «muro frente a la ultraderecha» y continuar con «los avances» en derechos de su Ejecutivo «progresista». Pero esa compleja mayoría sobre la que ha decidido sustentar su reelección el líder del PSOE invita a pensar que será más bien la agenda territorial de sus socios la que se imponga sobre lo que la aún ministra portavoz, Isabel Rodríguez, definió el martes como «las cosas de comer». Gabriel Rufián fue muy gráfico en su intervención en el pleno de investidura cuando afirmó que «la única cosa» en la que probablemente coinciden los votantes del PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG es en el deseo de frenar la suma del PP con Vox. Efectivamente, es eso lo que ha permitido que los nacionalistas vascos o los postconvergentes, a quienes la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, definió como partidos «de corte conservador» que «respaldan intereses de ciertos sectores económicos y empresariales», agreguen sus votos a los de formaciones que se encuentran en sus antípodas ideológicas -y con las que compiten en las urnas- para que Sánchez continúe en la Moncloa. Pero no solo opera ese pegamento. Junts ha encontrado en la debilidad numérica de los socialistas la posibilidad de imponer sus exigencias desde un maximalismo que Esquerra abandonó ya la legislatura pasada con casi la mitad de escaños de los que los republicanos obtuvieron en 2019. Al otro lado de la mesa negociadora, el mismo PSOE que hizo campaña para el 23-J jactándose de haber logrado encauzar la mayor crisis territorial vivida en España y de que Cataluña hubiera dejado de aparecer entre las principales preocupaciones de la ciudadanía en las encuestas del CIS, ha abierto ahora las puertas a que la discusión sobre el modelo territorial vuelva a monopolizar el debate político. Un debate con reivindicaciones que desbordan, en el caso de los referendos de autodeterminación, el marco constitucional y en el que el único frente no será ya el catalán. El soberanismo y el independentismo del PNV y de EH Bildu han detectado también en el País Vasco una oportunidad para mover unas aguas que permanecían más o menos tranquilas desde el fracaso del plan Ibarretxe. Un fiasco que acabó desembocando en el Gobierno socialista en Ajuria Enea encabezado por Patxi López, quien hoy defiende las políticas de Sánchez como su portavoz en el Congreso. «Los candados del 78» El actual y poco conflictivo lehendakari, el peneuvista Iñigo Urkullu, lo apuntó este viernes al interpretar que la ley de amnistía abre el camino a un referéndum de autodeterminación «dado que se ha asentado en la idea de que lo que no está prohibido es posible». Y tras toda una legislatura pasada en la que EH Bildu antepuso deliberadamente el discurso social a las cuestiones identitarias avanzando paso a paso en su homologación como un socio por los socialistas, Aizpurua advirtió en la investidura de que este tercer mandato de Sánchez debe ser entendido como una etapa de «reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado». Los de Arnaldo Otegi reunieron este sábado una muchedumbre en Bilbao en una manifestación arropada por ERC y convocada hace dos meses desde la convicción de que el modelo territorial que «trataron de cerrar con múltiples candados en el 78» esta hoy «en crisis». Las urgencias de la pandemia facilitaron a Sánchez sortear en la primera mitad de su anterior mandato las presiones de ERC para avanzar en su hoja de ruta hacia la independencia. Una hoja de ruta que, además, los republicanos habían pasado a plantearse como un objetivo a más largo plazo hasta la construcción de una mayoría social favorable. Pero Junts, con el rehabilitado Puigdemont al frente, ejerce ahora una mayor presión gracias a su papel protagonista en la reelección de Sánchez. Su consigna es que no ha entrado al juego para conformarse con las migajas que, dice, aceptaron sus antiguos socios y principales rivales en la Generalitat. Y ya ha advertido de que ligará su apoyo al Gobierno a los avances en la mesa de negociación a la que pretende llevar el referéndum, por la vía del artículo 92 de la Carta Magna, y la soberanía fiscal. El reconocimiento nacional de Cataluña y del País Vasco forma parte, además, de las demandas incluidas en varios de los pactos firmados por los socialistas. En su investidura, el jefe del Ejecutivo pronunció unas palabras que resultan reveladoras. «Nuestra Constitución -le dijo a la portavoz de EH Bildu- dispone de los resortes necesarios para abordar debates como el que usted plantea. Y las normas, en consecuencia, deben interpretarse con arreglo al espíritu del tiempo vigente en cada momento».