Esta es la propuesta que el PSOE ofrece a los partidos para negociar la investidura de Pedro Sánchez
El PSOE ha enviado este documento sobre el que negociará con los partidos con los que se ha reunido para intentar el apoyo para el Gobierno
Los socialistas pretenden que Podemos se sume al diálogo pese a que en ellas esté Ciudadanos
El PSOE ha enviado un documento base sobre el que pretende trabajar con el resto de formaciones para intentar llegar a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Según han explicado fuentes socialistas, las medidas están basadas en el programa electoral con el que el partido concurrió a las elecciones del 20D y también en las conversaciones que el candidato mantuvo con las distintas formaciones la semana pasada como inicio de las negociaciones para intentar recabar apoyos para formar Gobierno.
Ferraz espera que Podemos retire "el veto" a Ciudadanos y se sume a ese diálogo, que continuará en los próximos días con el resto de grupos. Este lunes el equipo negociador del PSOE se reúne con el de IU-Unidad Popular, con los de Albert Rivera y con Compromís. Ciudadanos, con quien el PSOE mantuvo el viernes un segundo encuentro para abordar la "metodología" de las negociaciones, explicó que pretende que la negociación sea "ágil" y se produzcan reuniones con una periodicidad de dos o tres a la semana. La idea de los socialistas es que los distintos grupos realicen aportaciones a ese documento base que ha difundido esta mañana.
El PSOE quiere articular las negociaciones en torno a siete ejes fundamentales: una "recuperación económica justa y medioambientalmente sostenible"; creación de empleo con el objetivo de reducir la tasa de paro a la mitad en cuatro años; propuesta de un pacto de Estado por la educación, la ciencia y la cultura; reducción de la desigualdad implantando un plan de emergencia social; reforzar los derechos y libertades (en este apartado los socialistas introducen un pacto de Estado contra la violencia machista y también medidas de lucha contra la corrupción así como la reforma de la Justicia y el sistema de financiación autonómica); potenciar la política exterior de España y poner en marcha la reforma constitucional.
Cumplir con el déficit con un nuevo calendario
En el apartado de la recuperación justa, el PSOE incluye su promesa electoral de realizar una "auditoría del gasto público" para "evitar el gasto superfluo, establecer prioridades y mejorar la eficiencia". También se compromete a garantizar la "estabilidad presupuestaria" aunque Pedro Sánchez pretende negociar un nuevo calendario de cumplimiento de los objetivos del déficit para que se reduzca al 1% en 2019. En el documento, los socialistas no mencionan la reforma del artículo 135 de la Constitución que impuso un techo al gasto público, aunque se comprometieron a modificarlo para "blindar los derechos sociales".
En cuanto a la reforma laboral, el PSOE plantea derogar de manera "urgente" algunos de sus aspectos y dejar otros en manos de la negociación colectiva. Los socialistas pretenden que se apruebe un nuevo Estatuto de los Trabajadores a partir de un posible acuerdo entre patronal y sindicatos. Entre las medidas por las que apuestan en ese nuevo marco es en la reducción del número de contratos (plantean tres: indefinido, temporal y de formación). Ciudadanos, con quien el PSOE pretende entenderse, aboga por el contrato único, aunque en Ferraz creen que los de Albert Rivera podrían aceptar su propuesta.
Plan de emergencia social
Los socialistas fían en buena parte su propuesta de plan de emergencia social al posible entendimiento con Podemos. Una de las medidas que recoge ese apartado es la de un Ingreso Mínimo Vital con el que el PSOE pretende llegar a unas 700.000 familias sin ingresos. Esa renta supondría 6.000 millones anuales.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional figura entre los elementos de la negociación. El PSOE propuso en campaña elevarlo hasta 1.000 euros en ocho años. Además, quiere recuperar el subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años.
Otra de las propuestas fuertes en este apartado es la aprobación de una ley de lucha contra la pobreza energética. Ese es también uno de los aspectos básicos de la Ley 25 que ya ha presentado Podemos en el Congreso. Los de Pablo Iglesias proponen ayudas para pagar la electricidad y el gas para garantizar un consumo mínimo vital. También quieren prohibir los cortes de suministros a los hogares que se consideren vulnerables. El programa electoral de Sánchez recoge un proyecto a varios años vista con medidas para el corto plazo, como legislar un marco de cobertura social sobre un mínimo de suministro de luz y gas para que "ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo".
Además de impulsar una ley de igualdad salarial, el PSOE quiere aprobar un "bonus" de dos años de cotización a las mujeres por cada hijo para compensar el cálculo de las pensiones así como incorporar al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores de personas dependientes.
Mejora de la calidad democrática
El bloque de regeneración democrática y reconocimientos de derechos y libertades es un cajón de sastre en el que el PSOE incluye desde la aprobación de una Ley de muerte digna hasta la reforma del Reglamento de las Cortes pasando por la eliminación de las tasas judiciales o la derogación de la cadena perpetua revisable que aprobó el PP.
Al igual que en su programa, los socialistas prometen mejorar la proporcionalidad del sistema electoral pero no ofrecen una propuesta concreta. Esa medida es fundamental para algunas de las formaciones con las que el PSOE quiere negociar, como IU y Podemos. El documento base para la negociación aboga por el desbloqueo de las listas electorales así como ligar la financiación pública de los partidos al grado de democracia interna.
En cuanto a las puertas giratorias, los socialistas abogan por "endurecer el régimen de incompatibilidades" y evitar la marcha de altos cargos a consejos de administración de empresas privadas en cinco años. La actual legislación lo prohíbe en periodos de dos años. Podemos, que ha hecho una fuerte crítica de los socialistas por las puertas giratorias, propone un régimen más duro: los miembros del Gobierno no podrían incorporarse nunca a empresas del Ibex 35 y el periodo de incompatibilidad para que los políticos y personal de libre designación pueda ser contratado por empresas relacionadas con su gestión aumenta a diez años, según la propuesta de Iglesias.
Derogar la LOMCE y MIR educativo
La oposición en bloque acordó en la pasada legislatura apoyar la derogación de la LOMCE una vez que el PP saliera del Gobierno. Esa promesa está en el documento con el que negociarán con el resto de fuerzas. En la propuesta de Pacto de Estado por la educación, los socialistas plantean impulsar un MIR educativo para el proceso de selección de los profesionales de la educación pública que se asemeje al de los médicos. La propuesta del PSOE incluye dos años de prácticas remuneradas para los profesores.
En cuanto a las universidades, plantean que los "precios públicos" de las matrículas tengan en cuenta "los niveles de renta familiar". También figura en el documento la propuesta de "extender progresivamente la educación infantil de 0 a 3 años".
El PSOE propone recuperar los niveles de inversión pública en I+D+I para fomentar el retorno de los científicos que han emigrado en los últimos años. Pedro Sánchez planteó en su programa electoral que triplicar los fondos destinados a estas partidas. La principal medida en relación a la cultura es la bajada del IVA cultural al 10% frente al 21% en el que está fijado en este momento.
Rectificación en la propuesta federal
El PSOE ha difundido un primer documento en el que rebajaba la apuesta de un Estado federal que defienden los socialistas. "Desarrollar el concepto de Estado federal, siquiera mínimamente", decía la primera versión del texto. Después Ferraz ha enviado uno nuevo en el que eliminaba la parte final y se limita a decir que se revisará el Título VIII de la Constitución para "desarrolla el concepto de Estado federal". La pretensión de Sánchez es que la Ponencia Constitucional inicie la redacción del proyecto a inicios de 2017.
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