729 días de cárcel durante el franquismo convertidos en dos años de cotización
Ángel González, querellante en la
causa argentina, ha conseguido que el Estado Español reconozca como vida
laboral su etapa en prisión como militante antifranquista.
MARÍA SERRANO
SEVILLA.- 11 de octubre de 1975. 40 días antes de la muerte del dictador, un joven militante a del PCML-FRAP, Ángel González García,
es detenido en el Talgo de Lyon a Barcelona con falsa identidad. Tenía
solo 21 años. “Iba a una de tantas reuniones clandestinas que tenía con
la jefatura de mi partido en Francia y cogí aquel tren para no cruzar la
frontera andando por el cambio de vía. Era lo más seguro”, aclara a Público.
Ángel tendría que marcharse de Valencia con 19 años al ser perseguido
por la temida Brigada Político Social. Estudiaba la carrera de
arquitectura en la Universidad Politécnica. Dos años después, miembros de la BPS ordenaron su detención en Barcelona.
Palizas, cárcel e “intentos de “paseíllo”
“Nunca imaginé a lo que me iba a enfrentar”,
sentencia antes de narrar lo ocurrido en su detención. Sería trasladado a
los sótanos de la comisaría de Vía Laietana e interrogado hasta la
extenuación. “Querían que firmara una orden de culpabilidad por la
muerte violenta de un policía en Barcelona pero no tenían ninguna prueba
concreta y sabía que firmarla podía significar mi muerte segura en un
Consejo de Guerra”. Aquel escenario de tortura y dolor nunca se
borraría de la mente de Ángel, que estaría recluido 729 días, en la
cárcel Modelo de Barcelona. Sin derecho a juicio. Los 11 días
antes de la reclusión, las brutales palizas y los fingidos intentos de
paseíllo en el campo de la Bota (Barcelona) lo llevaron a una situación
límite.
Ahora Ángel tiene 63 años y ha conseguido conmutar aquellos días de silencio por dos años de jubilación en su vida laboral
Ahora Ángel tiene 63 años y ha conseguido conmutar aquellos días de silencio
por dos años de jubilación en su vida laboral. “Cuando salí de la
cárcel con 23 años, el 19 de octubre de 1977, decidí volver al día
siguiente para pedirle al director de la cárcel un certificado. Muchos
me decían que estaba loco pero yo quería acreditar mi estancia y a
regañadientes me lo tuvo que dar”.
Una ley necesaria pero desconocida
A pocos años de obtener su jubilación y en un acto
por la República en el cementerio de Valencia, el pasado 14 de abril,
González logró conocer una noticia que aliviaría algo, aunque fuera
mínimo, aquella lejana etapa. “Estábamos muchos integrantes de la
memoria que nos reunimos en esta fecha cuando una mujer me comentó la
idea de pedir al Instituto de la Seguridad Social de Valencia la
posibilidad de traducir aquel tiempo de reclusión en una posible cotización al Estado”.
Diez días más tarde, incrédulo con la noticia, Ángel se presentó en el
Instituto de la Seguridad Social. “La chica fue muy amable pero no veía
la manera de ayudarme”. Tanto Ángel como la funcionaria desconocían la
ley 18/1984, del 8 de junio, sobre “reconocimiento como años trabajados,
a efectos de la Seguridad Social, de los períodos de prisión sufridos
como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía”.
Ángel saldría cuatro días más tarde de
su promulgación y reconoce que consiguió enterarse con mucha dificultad
de “sus derechos” 39 años después.
Ángel saldría cuatro días más tarde de su
promulgación y reconoce que consiguió enterarse con mucha dificultad de
“sus derechos” 39 años después. Tampoco tenía muy claro que el Estado
Español le reconociera tal efecto. “Los empleados de la oficina de
Trabajo me dijeron que tenía que dejar mi certificado carcelario, algo
que muchos compañeros no conservan, a día de hoy, por el miedo a tramitarlo en aquellos días”.
“Los afectados por esta situación podrían iniciar un procedimiento administrativo ante las oficinas de la Seguridad para aplicar esta ley”, afirma a Público el abogado memorialista Eduardo Ranz, quien ha resaltado que, entre la documentación necesaria, habría que aportar “un informe de vida laboral, un informe de penales y algún documento que acredite el tiempo de reclusión” para comenzar los trámites.
“Los afectados por esta situación podrían iniciar un procedimiento administrativo ante las oficinas de la Seguridad para aplicar esta ley”, afirma a Público el abogado memorialista Eduardo Ranz, quien ha resaltado que, entre la documentación necesaria, habría que aportar “un informe de vida laboral, un informe de penales y algún documento que acredite el tiempo de reclusión” para comenzar los trámites.
El certificado de aprobación de la Seguridad Social
La respuesta afirmativa le llegaría a Ángel, por
sorpresa, a principios del mes de octubre. El certificado de la
Dirección Provincial de Valencia de la Seguridad Social acredita que
Ángel González “permaneció 729 días en prisión durante el periodo
22/10/1975 al 19/10/1977”. La administración reconocía “estos períodos como parte del seguro al Régimen General de la Seguridad Social”.
González ha sentido “un cierto alivio” al ver reflejado aquellos días en su vida laboral. “Como no se sabe qué pasará con este país, al menos con dos años más tendré para una jubilación si llega a los 67”, bromea.
Del interrogatorio de ayer, para la causa de la querella argentina, solo espera que se pueda dictar exhorto por parte de la jueza Servini a aquellos culpables, hoy anónimos, de las salvajes palizas. “Sé que es muy muy difícil pero por intentarlo no me voy a quedar callado. Es una vergüenza pensar que somos el único país democrático que no fue capaz de depurar los cargos púbicos tras la dictadura”. Sus agresores fueron posteriormente policías del sistema democrático, sin sanción alguna. “Es una huella demasiado fuerte y que resulta imborrable en esta sociedad”, concluye Ángel.
González ha sentido “un cierto alivio” al ver reflejado aquellos días en su vida laboral. “Como no se sabe qué pasará con este país, al menos con dos años más tendré para una jubilación si llega a los 67”, bromea.
Del interrogatorio de ayer, para la causa de la querella argentina, solo espera que se pueda dictar exhorto por parte de la jueza Servini a aquellos culpables, hoy anónimos, de las salvajes palizas. “Sé que es muy muy difícil pero por intentarlo no me voy a quedar callado. Es una vergüenza pensar que somos el único país democrático que no fue capaz de depurar los cargos púbicos tras la dictadura”. Sus agresores fueron posteriormente policías del sistema democrático, sin sanción alguna. “Es una huella demasiado fuerte y que resulta imborrable en esta sociedad”, concluye Ángel.
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