El 90% de los centros educativos religiosos recibe financiación pública a través de conciertos
- 2.446 de los 2.706 colegios que mantienen un ideario confesional son sufragados por las diferentes administraciones autonómicas
- El sector de la enseñanza privada cerró el curso 2014-2015 con 595,7 millones de euros de beneficios, según datos publicados por el INE
- Prácticamente uno de cada dos euros ingresados por los centros privados proceden de las arcas públicas
Imagen de archivo de una aula en un centro educativo.
EP
Nueve de cada diez centros educativos religiosos no universitarios reciben dinero público a través de conciertos económicos y subvenciones. Los colegios que mantienen un ideario confesional en España ascendían a 2.706 en el curso 2014-2015. Pues bien, 2.446 de ellos, el 90,4%, son sufragados por las diferentes administraciones autonómicas. Así lo recoge la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada [consultar aquí], publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Desde el curso 1985-1986, el INE ha realizado seis estudios sobre esta cuestión. En aquella anualidad estaban sufragados con dinero público el 86,4% de los colegios confesionales (incluidos los de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, FP y educación especial). En el curso 1994-1995 disfrutaban del dinero público el 88,7% de los religiosos; en el 1999-2000, el 89,5%; en el 2004-2005, el 88,5%; y en el 2009-2010, el 87,7%. Por tanto, la situación actual es la más beneficiosa para los colegios religiosos desde los años ochenta, ya que por primera vez más del 90% de los centros reciben dinero público.
El sistema de escuela concertada se puso en marcha a través de la Lode (Ley Reguladora del Derecho a la Educación), aprobada en 1985 por el ministro socialista José María Maravall. Sus ideólogos sostienen que la escuela privada sostenida con fondos públicos fue creada "para llegar a aquellos lugares donde no alcanzaba la pública" y así universalizar la educación básica y prestar el mismo servicio a la sociedad. Con esta regulación también se pretendía poner orden en las subvenciones que desde los años sesenta venían recibiendo los colegios católicos, que a día de hoy siguen siendo mayoritarios en el ámbito de la enseñanza privada.
Lo cierto es que la pugna entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos– ha sido otro de los puntos de conflicto tradicionales en el sector educativo. De hecho, el intento de algunos Gobiernos de izquierda que surgieron de las elecciones autonómicas de 2015 de reducir progresivamente las unidades concertadas al entender que la red privada subvencionada con fondos públicos debe ser subsidiaria de la pública ha provocado las movilizaciones de los colegios, las familias, la Iglesia católica y la derecha política.
Resultados del sector
La estadística publicada por el INE también aporta datos sobre los resultados del conjunto de la industria de la enseñanza privada. Estos centros educativos ingresaron de diferentes administraciones públicas 6.024,2 millones de euros en el curso 2014-2015 (5.946,7 en el ámbito no universitario y 77,4 en el universitario). Esta cifra supone el 46,4% de la facturación total del sector en ese ejercicio, que alcanzó los 12.986,4 millones de euros. Es decir, prácticamente uno de cada dos euros que ingresaron los centros educativos de titularidad privada proceden de las arcas públicas.
El sector cerró el curso con 595,7 millones de euros de beneficio repartidos entre la enseñanza no universitaria (64,6%) y la universitaria (35,4%). Mucho más desigual es el reparto del empleo: de las 287.593 personas que trabajan en centros educativos de titularidad privada (sean subvencionados o no), un 89,3% ejerce su labor en la enseñanza no universitaria y el 10,7% restante en la universitaria.
Desde el curso 1985-1986, el INE ha realizado seis estudios sobre esta cuestión. En aquella anualidad estaban sufragados con dinero público el 86,4% de los colegios confesionales (incluidos los de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, FP y educación especial). En el curso 1994-1995 disfrutaban del dinero público el 88,7% de los religiosos; en el 1999-2000, el 89,5%; en el 2004-2005, el 88,5%; y en el 2009-2010, el 87,7%. Por tanto, la situación actual es la más beneficiosa para los colegios religiosos desde los años ochenta, ya que por primera vez más del 90% de los centros reciben dinero público.
El sistema de escuela concertada se puso en marcha a través de la Lode (Ley Reguladora del Derecho a la Educación), aprobada en 1985 por el ministro socialista José María Maravall. Sus ideólogos sostienen que la escuela privada sostenida con fondos públicos fue creada "para llegar a aquellos lugares donde no alcanzaba la pública" y así universalizar la educación básica y prestar el mismo servicio a la sociedad. Con esta regulación también se pretendía poner orden en las subvenciones que desde los años sesenta venían recibiendo los colegios católicos, que a día de hoy siguen siendo mayoritarios en el ámbito de la enseñanza privada.
Lo cierto es que la pugna entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos– ha sido otro de los puntos de conflicto tradicionales en el sector educativo. De hecho, el intento de algunos Gobiernos de izquierda que surgieron de las elecciones autonómicas de 2015 de reducir progresivamente las unidades concertadas al entender que la red privada subvencionada con fondos públicos debe ser subsidiaria de la pública ha provocado las movilizaciones de los colegios, las familias, la Iglesia católica y la derecha política.
Resultados del sector
La estadística publicada por el INE también aporta datos sobre los resultados del conjunto de la industria de la enseñanza privada. Estos centros educativos ingresaron de diferentes administraciones públicas 6.024,2 millones de euros en el curso 2014-2015 (5.946,7 en el ámbito no universitario y 77,4 en el universitario). Esta cifra supone el 46,4% de la facturación total del sector en ese ejercicio, que alcanzó los 12.986,4 millones de euros. Es decir, prácticamente uno de cada dos euros que ingresaron los centros educativos de titularidad privada proceden de las arcas públicas.
El sector cerró el curso con 595,7 millones de euros de beneficio repartidos entre la enseñanza no universitaria (64,6%) y la universitaria (35,4%). Mucho más desigual es el reparto del empleo: de las 287.593 personas que trabajan en centros educativos de titularidad privada (sean subvencionados o no), un 89,3% ejerce su labor en la enseñanza no universitaria y el 10,7% restante en la universitaria.
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