El paro se mantiene estable en la eurozona en el 8,1% y en la UE en el 6,7%
11:57
miércoles, 31 de octubre de 2018
Cifras Obscenas...
La deuda del Estado marca en septiembre un nuevo máximo en 1,033 billones
La deuda del Estado marcó en septiembre un nuevo máximo con 1.033.917 millones de euros, tras aumentar en 13.182 millones con respecto a agosto, cuando alcanzó 1.020.735 millones.
Con respecto a septiembre de 2017, la deuda estatal ha aumentado en 51.800 millones de euros, un 5,01% más, según los datos actualizados hoy por el Banco de España.
La mayor parte de la deuda actual -897.181 millones de euros- se concentra en valores a largo plazo, que incluyen los títulos del Tesoro emitidos a más de un año y que ha aumentado en 13.912 millones de euros con respecto al mes pasado.
El resto se reparte entre la deuda a corto plazo (68.538 millones) y otros instrumentos (68.198 millones).
Haciendo Ciudad....
Los entornos de protección de Santullano y el Camino de Santiago limitan los usos de La Vega
El Ayuntamiento quiere hacer valer estos condicionantes en la negociación sobre el precio de la factoría con el Ministerio de Defensa
El 8 de junio de 1917, con la gripe española asomando en el horizonte y los soldados muriendo a millares en las trincheras de Ypress, el brevísimo Gobierno presidido por Manuel García Prieto (del 19 de abril al 11 de junio duró el gabinete) declaró la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados Monumento Histórico-Artístico. El templo, cuya datación es incierta, llevaba ahí no menos de 1.075 años, pero no fue hasta el otoño de 2009 cuando el Principado aprobó definitivamente el entorno de protección del monumento. Un polígono irregular que cruza la autopista y gana actualidad porque se come la mitad del almacén de la antigua factoría -sede de los conciertos y del bar de la exitosa 'Fábrica Scorsese'-, del taller de cañones de Ildefonso Sánchez del Río y de la galería subterránea de tiro. Justo al otro lado del recinto fabril de La Vega por el que suspira el equipo de gobierno, una franja de similar terreno afecta a la zona de los chalés que miran a La Tenderina, que quedan incluidos en el entorno de protección del Camino de Santiago aprobado por el Principado en 2016.
Cualquier intervención o proyecto sobre estas dos franjas de terreno requerirá del informe favorable y adecuarse a las condiciones que imponga el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias. Este es uno de los argumentos que esgrimirá el Ayuntamiento para tratar de minorar la valoración hecha por el Ministerio de Defensa de los 118.780 metros cuadrados de la histórica factoría, tasados en 32 millones de euros como adelantó este diario el pasado mes de febrero.
Defensa avanzó la cifra en una reunión con el Ayuntamiento en enero de este año, pero hizo sus cálculos oficiales a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en abril. Tomó como referencia la superficie del recinto y la edificabilidad existente, de 0,46 metros cuadrados construidos por metro de suelo, y los usos industriales vigentes y les aplicó la misma valoración que a las parcelas del polígono de Olloniego en lugar de las más caras y próximas del polígono del Espíritu Santo en un gesto de buena voluntad. El Ayuntamiento no se dio por enterado a la primera, pero el pasado mes de junio, en un nuevo encuentro, solicitó a Defensa aclaraciones sobre cómo había llegado a esa cifra. Lo hizo con el fin de discutir, más adelante, la compensación que la ciudad deberá pagar al Ministerio por quedarse la propiedad de La Vega. Un momento en el que el Consistorio quiere hacer valer las limitaciones que suponen los dos entornos de protección, pero también el deterioro actual y, en algunos casos, muy acusado de los edificios.
Aprovechamientos
Las dos franjas protegidas limitan también los posibles aprovechamientos residenciales que podrían establecerse en los terrenos, pese a que se trata de las dos zonas con más potencial: una frente a calle consolidada y la otra mirando al futuro bulevar. Si se le añade la protección que ya establece el Catálogo municipal para el antiguo claustro y los restos de la iglesia del monasterio benedictino de Santa María de la Vega, los único terrenos que podrían destinarse a aprovechamientos residenciales se encuentran en el frente a Ángel Cañedo. Justo en esa zona, el plan negociado con Defensa por la anterior Corporación, durante el mando de Agustín Iglesias Caunedo, establecía suelos residenciales para unas 500 viviendas, valoradas en unos 50 millones de euros.
El equipo de gobierno en cualquier caso quiere centrar sus esfuerzos en firmar el protocolo que lleva negociando con el ministerio el último medio año. El documento establece el marco para hablar de la propiedad, pero, sobre todo, compromisos que impedirían dar marcha atrás a las partes, además de establecer los usos provisionales o temporales de parte de las instalaciones. La existencia de un informe del asesor jurídico general de Defensa en el que se rechaza que el Ayuntamiento tenga derechos sobre parte de los terrenos -15.000 metros, defendía el alcalde- y las habituales tensiones políticas entre los socios de gobierno han aumentado la incertidumbre y las prisas antes de que el ciclo electoral pueda dar al traste con los avances. El alcalde espera poder cerrar con Defensa el protocolo en las próximas tres semanas, incluso renunciando a pelear ahora los pretendidos derechos históricos. El precio de La Vega quedará para la negociación. Ahí será donde habrá que explicar los suelos protegidos o la donación original del Ayuntamiento.
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Golpe fiscal a los 'unit linked': vuelven a tributar en Patrimonio
El Gobierno de Sánchez da un giro radical a la tributación de los seguros de vida 'unit linked' y establece en el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que están sujetos en Patrimonio.
El Gobierno de Sánchez golpea la fiscalidad de los seguros de vida 'unit linked' y les hace tributar en el Impuesto sobre el Patrimonio. Así lo establece el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que aprobó el Consejo de Ministros el 19 de octubre y que está en trámite de audiencia pública, según adelanta esta mañana la edición impresa de EXPANSIÓN.
Se trata de un giro radical en la doctrina que fijó Hacienda con Cristóbal Montoro, ya que la Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo del Fisco, estableció en 2017 que estos seguros estaban exentos en Patrimonio.
El anteproyecto modifica la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, para evitar "que se pueda eludir la tributación por los seguros de vida-ahorro cuyo contenido patrimonial es indudable", dice la Exposición de Motivos de la norma.
Hasta octubre de 2017, el patrimonio adscrito a estos seguros de vida debía de ser declarado en el Impuesto sobre el Patrimonio por los tomadores de las pólizas en su declaración anual, haciendo constar su valoración a 31 de diciembre. Algunos contribuyentes buscaban recovecos para no tributar en patrimonio, por ejemplo, que en la póliza se nombrara un beneficiario irrevocable, pero estas planificaciones podían ser penalizadas.
La consulta vinculante, es decir, que sienta doctrina y es ley de la DGT V-2516-17 ofrecía una fórmula para no tributar en Patrimonio: que al suscribir la póliza no se estipulara un valor de rescate. Al no determinarse este valor de liquidación, se consideraba que no entraba en el ámbito de aplicación del Impuesto.
Pues bien, la nueva ley acaba con esta posibilidad y cierra todas las vías de la exención: "Los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en el momento del devengo del Impuesto. No obstante, en los supuestos en los que el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total en la fecha de devengo del impuesto, el seguro se computará por el valor de la provisión matemática en la citada fecha en la base imponible del tomador, salvo que el titular de los derechos económicos sea persona distinta del tomador, en cuyo caso se computará en la base imponible del titular de los derechos económicos".
El Gobierno ya ha anunciado además que va a subir en 2019 un 1% la tributación del Impuesto sobre el Patrimonio para contribuyentes que reúnan más de 10 millones de euros.
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