Rosón, dispuesto a volver a la Fundación Gustavo Bueno acompañado por la Policía
Los responsables de la entidad impiden la visita del concejal al palacete
Llegó con un metro en la mano y un inventario municipal de edificios públicos, pero terminó en la comisaría de la Policía Nacional. Porque el concejal de Economía, Rubén Rosón, no pudo visitar a las instalaciones del edificio del antiguo Sanatorio Miñor en la Avenida de Galicia, el palacete Pedro Miñor, en el que desde 1998 tiene su sede la Fundación Gustavo Bueno. Un encuentro que, pese a estar previamente acordado entre las partes, terminó con el edil de Somos abandonando el lugar después de que los responsables de la institución le negasen el paso más allá de las puertas de la biblioteca bajo amenaza de avisar a la Policía.
Rosón acudió a la cita para evaluar el estado actual del edificio y mantener una reunión con sus representantes. Todo ello con el fin de trasladarles un calendario de implantación del centro de emprendedores e incubadora de empresas, cuya creación ya anticipó el pasado domingo y cuya sede será el palacete, según los planes del edil. No obstante, Rosón encontró la resistencia de los allí presentes: «No eres el representante del Ayuntamiento, eres un concejal y nosotros los inquilinos», le espetó el secretario de la Fundación Gustavo Bueno, Tomás García López, tras el umbral de la puerta principal. «No nos van a desahuciar de aquí 'manu militari'», añadió José María Fernández, jurista y secretario del consejo asesor de la institución, momentos después en la biblioteca, donde invitaron al concejal a sentarse a dialogar.
Los ánimos no se calmaron durante la escasa media hora que duró el particular encuentro. Los representantes de la fundación reiteraron en todo momento la idea de que el palacete «es un domicilio particular en el que solo se puede entrar con autorización del inquilino», lo mantuvieron bajo el amparo de una carta emitida por la concejala del Área de Patrimonio, Cristina Pontón, el 25 de julio de 2018, y de una cesión del inmueble por cincuenta años aprobada en sesión plenaria el 17 de marzo de 1998. «Esto es un allanamiento de morada y usted no puede usurpar las competencias del alcalde», sentenció el secretario del consejo asesor.
El munícipe, por su parte, trató de hacer valer su postura a tropezones, entre intensas subidas de tono, sin éxito alguno. «La Fundación ha hecho un esperpento. Después de haber notificado y confirmado una visita institucional, nos encontramos con que impiden el paso a un cargo público con representación institucional. La fundación debe guardar más respeto al Ayuntamiento. Esto es un descrédito absoluto, no existe sustento legal alguno para que hagan uso exclusivo del palacete», lamentó, ya desde la parte exterior del antiguo sanatorio.
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