El principal argumento que se ofrece es que la Administración tributaria no dispone de la información necesaria para comunicar a los más de 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal una propuesta de liquidación.
No hay que olvidar tampoco que dentro de poco más de un mes —el próximo 30 de noviembre— prescribirá el derecho de Hacienda a determinar una deuda derivada de la 'comprobación' de los datos incorporados a la llamada Declaración Tributaria Especial (DTA), al haber transcurrido más de cinco años, en caso de que hubiera delito fiscal, desde que finalizó el plazo de presentación de la misma. O cuatro años si no lo hubiera.
Esta prescripción afecta a los impuestos del IRPF, Patrimonio y Sociedades, y solo en aquellos casos casos en que se demostrara delito fiscal agravado se podría reclamar por vía penal.
Pero además, como sostiene el análisis, el volumen de documentación manejado por los despachos que en su día prepararon las DTE fue muy importante —y en ocasiones precisaba de cierta interpretación—, “por lo que parece muy difícil” que la misma se hubiera incorporado como anexo y que, por tanto, la Agencia Tributaria pudiera ahora indagar en qué declaraciones se aplicó la prescripción y en qué cuantía.
El resultado práctico es que no hay ni tiempo ni existen las circunstancias funcionales para endurecer ahora la amnistía, como pretendía Ciudadanos cuando negoció este punto con el Partido Popular. Entre otras cosas, porque las declaraciones relativas a los ejercicios fiscales hasta 2010 inclusive —último al que se refería la regularización— no pueden ser objeto de revisión por haber prescrito a fecha de hoy el derecho de la Administración a determinar las deudas mediante la oportuna liquidación. De esta manera, salvo en casos puntuales, las vías de comprobación de la DTE “se habrían cerrado”.
31.000 beneficiados por la amnistía
Hay que tener en cuenta que la Administración tributaria no puede emitir una liquidación al contribuyente por la diferencia entre el importe ingresado mediante la DTE y el que hubiera debido ingresar de haber valorado los bienes por su precio de adquisición sin descontar rentas prescritas. Por el contrario, la Administración tendría que emitir requerimientos de información a los múltiples obligados tributarios —618 sociedades y 29.065 personas físicas— que presentaron aquella declaración, para que fueran ellos los que la informaran convenientemente. Es decir, una especie de convocatoria general 'a ciegas' en busca de fraude destinada a los más de 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal.Los expertos tributarios de Equipo Económico recuerdan, además, que una vez obtenidos en su caso los datos, aflorarían los enormes problemas de justificación de activos, rentas y prescripción que se pusieron de manifiesto con ocasión de la cumplimentación de la DTE. Y es posible, se dice, que los bienes declarados hubieran sido adquiridos en ejercicios muy lejanos en el tiempo sin formalización en escritura pública, por lo que la “dificultad de acreditación del precio de adquisición de los referidos bienes” puede incrementarse considerablemente. Debiéndose remitir la Administración en muchos casos a entidades bancarias extranjeras que pueden no haber conservado la información por no estar obligadas a su archivo.
Inicialmente, el Ministerio de Hacienda preveía ingresar unos 2.500 millones de euros por la regularización fiscal, pero los cambios de criterios en Tributos, más favorables a los defraudadores, acabaron por echar por tierra esas estimaciones. Finalmente, la aplicación de los criterios redujo la recaudación hasta los 1.196 millones de euros. Es decir, una cifra que supone valorar los activos en relación a la renta declarada en unos 12.000 millones de euros.
Entre los que presentaron esta declaración se encuentran algunos de los implicados en los papeles de Panamá, así como nombres tan conocidos como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, la esposa del comisario Arias Cañete o Francisco Granados.
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