Enfrentarse a la factura de la luz a final de cada mes puede ser un mal trago para algunas economías domésticas. Para estos consumidores más vulnerables, el pasado viernes se aprobó en Consejo de Ministros el nuevo bono social eléctrico. Las ayudas se repartirán en función de la renta de los titulares y otras características especiales.
En las nuevas directrices se recoge la figura de consumidor vulnerable, que se beneficiará del 25% de descuento; la del vulnerable severo, al que se le aplicará el 40%, que podrá llegar al 50% si está siendo atendido por los servicios sociales y está en riesgo de exclusión. Las familias numerosas y los pensionistas con la retribución mínima también podrán solicitar el bono.
Según el real decreto publicado en el BOE, un consumidor vulnerable es aquel que acredite una renta igual o inferior a 14 pagas de 806 euros. Si tiene un hijo a su cargo, la cuantía máxima para percibir la ayuda será de 1.074 euros y 1.343, si tiene dos menores bajo su responsabilidad. El límite máximo de renta para percibir el bono se incrementará en caso de que el consumidor o algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad igual o superior al 33% o sea víctima de violencia de género o terrorismo.
Si los ingresos del ciudadano no llegan al 50% de los fijados para el consumidor vulnerable, será considerado "vulnerable severo".
Para todos los beneficiarios habrá un máximo de consumo al que se le efectuará la rebaja, para preservar la eficiencia energética.
El descuento se aplicará directamente sobre la factura desde el primer día de facturación en el que se reciba la solicitud. El bono tendrá una validez de dos años si el titular no pierde alguno de los requisitos por los que le fue concedido y será la compañía eléctrica la encargada de comunicar el vencimiento con anterioridad. El consumidor podrá solicitar su renovación hasta dos semanas antes. Para las familias numerosas el descuento estará activo durante la vigencia del documento que les acredita como tal.
El decreto también introduce novedades en el caso de impago. Por ejemplo, las compañías comercializadoras no podrán eliminar el suministro a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Para el resto de consumidores vulnerables, el plazo para cortar la luz pasa de dos a cuatro meses.
Los clientes que ya cuenten con un bono social antiguo podrán mantenerlo seis meses más sin necesidad de volver a tramitarlo. Para nuevas concesiones, el Gobierno facilitará a los usuarios una aplicación con toda la información. Además, se podrá solicitar por teléfono, correo electrónico, correo postal y en las oficinas de las empresas comercializadoras.
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