No es lo mismo un asturiano que un vasco. Las diferencias culturales e históricas son evidentes y el peso que cada una de las dos comunidades autónomas dentro del Estado, también. Pero hay más elementos que los diferencian. Por ejemplo, el económico. De hecho, para el Gobierno de Rajoy un habitante del Principado vale menos de la mitad que uno de Euskadi, como demuestran los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Según esas cifras, cada asturiano recibe del Estado al año una financiación de 2.249 euros frente a los 4.654 euros que le corresponde a cada ciudadano vasco.
Esta desigualdad no es nueva y no es exclusiva en la comparativa con Asturias, si no que ocurre al confrontar los datos del País Vasco con los de cualquier otra comunidad autónoma española. Pero la brecha se ha agrandado tras el acuerdo alcanzado en el Congreso para rebajar la cantidad que Euskadi tendrá que pagar al Estado en concepto de Cupo durante los próximos cinco años. La diferencia entre lo que percibe un asturiano y un vasco es de 2.407 euros por año, cifra que aumentará aún más con la rebaja del Cupo. Con el último pacto, el País Vasco dejará de aportar al Estado una cantidad de 1.300 millones para el período 2018 a 2021, a razón de 225 millones de euros menos al año de lo que pagaba hasta ahora con el acuerdo cerrado en el 2007.
Pero Asturias no es precisamente la que peor parada sale en comparación con el País Vasco y con Navarra, la otra única comunidad que goza de un sistema foral que le permite recaudar sus propios impuestos. En el caso de la Comunidad Valenciana, que recibe solo 1.798 euros por habitante con el actual sistema, esa diferencia se eleva a 2.856 euros al año con el País Vasco y a 1.936 euros con respecto a Navarra. Madrid, que recibe 1.883 euros por habitante, es la tercera que menos financiación per cápita recibe. La media de las comunidades es de 2.171 euros.
Conscientes del agravio
El Gobierno es consciente de ese agravio entre regiones. En el informe de Hacienda se señalan «las enormes diferencias que existen entre las comunidades forales (País Vasco y Navarra) y el resto» y se especifica que «la financiación per cápita de las comunidades forales a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal es aproximadamente el doble de la que perciben las comunidades de régimen común». Y no solo eso. Hacienda sostiene que «la presión fiscal es también significativamente más baja en las comunidades forales, que a diferencia de las de régimen común, muestran un ‘sobreesfuerzo fiscal’ negativo y muy considerable».
Reforma del sistema
Valencia es la comunidad más perjudicada, aunque todas salen malparadas en la comparativa con el País Vasco. Ante esas diferencias, no es extraño que la rebaja en el Cupo vasco, que se produce en plena negociación de los Presupuestos para el 2018, en la que el voto del PNV es imprescindible, haya soliviantado al resto de comunidades, que llevan esperando desde el año 2014 a una reforma de la financiación autonómica que el Gobierno prometió tener diseñada para este año, pero para la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admite que habrá que esperar. Y tampoco es extraño que sea la Comunidad Valenciana, la que menos financiación recibe, la que más impaciencia demuestre, hasta el punto de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, haya tenido que moderar las protestas del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, por el respaldo del PSOE al nuevo Cupo.
Aunque presidentes autonómicos como el gallego Alberto Núñez Feijoo han propuesto que si Cataluña se niega a sentarse en la mesa como uno más el resto de comunidades saquen adelante la reforma del modelo en el plazo más breve posible, el Gobierno no quiere ni oír hablar por ahora de esa hipótesis, que elevaría la tensión con los independentistas. Son varias las autonomías que temen que, a cambio de una renuncia a la independencia, Cataluña arranque al Gobierno una mejora en su financiación, que iría necesariamente a costa de rebajar el porcentaje de lo que reciban las demás. Por ello, los resultados de las elecciones del 21D son clave para llegar a un acuerdo. El objetivo es alcanzar un pacto conjunto, algo que parece complicado, ya que Cataluña quiere negociar su parte por separado.
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