La ley del clima obliga al Estado a desprenderse de Hunosa si mantiene su actividad extractiva
El Gobierno aprueba el texto que fija un plazo de tres décadas para alcanzar una economía descarbonizada y con una electricidad 100% renovable
El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado ayer por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes pone de nuevo el foco sobre el futuro de Hunosa. El texto, que fija como objetivo alcanzar en un plazo de tres décadas una economía libre de emisiones y una electricidad 100% renovable, establece un plazo de dos años para que el Gobierno central elabore una propuesta de calendario para que la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal «se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil». Una medida que afectaría de lleno a la hullera pública tal y como la conocemos ahora, puesto que continúa extrayendo carbón del pozo Nicolasa de Mieres, para mantener la actividad en el lavadero Batán y en la central térmica de La Pereda, al menos, hasta 2021.
El proyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros choca, no obstante, con el compromiso adquirido hace un año, tras hacerse público el anteproyecto de esta ley, por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, asegurando que el Gobierno central no se plantea desinvertir en Hunosa porque concibe a la hullera pública como un «actor clave» para la modernización y reactivación de las comarcas mineras asturianas durante «muchos años». Sin embargo, según el articulado del proyecto de ley que ayer se elevó a las Cortes, Hunosa solo se salvaría de esta quema si es capaz de reconvertirse a tiempo. La empresa pública trabaja ya en esta línea y se espera que más pronto que tarde entre en el negocio de nuevas energías, como la geotermia, la biomasa y el biogás. De ello también depende el futuro de la térmica de La Pereda, que deberá adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales y reconvertirse en una planta de biomasa.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera que la transición energética debe ser, precisamente en este momento de crisis, una «fuerza motriz determinante» para generar actividad económica y empleo a corto plazo». De hecho, desde el Gobierno central se prevé que, a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima, en el periodo 2021-2030 la transición ecológica atraiga más de 200.000 millones de euros de inversión y genere entre 250.000 y 350.000 empleos netos al año.
No obstante, el Gobierno central asume que esta transformación socioambiental y de modelo también implicará la pérdida de puestos de trabajo. Y, a tal efecto, prevé que, cada cinco años, debe aprobar una estrategia de Transición Justa con la participación de las comunidades autónomas y los agentes sociales. Un plan que, tal y como recoge el texto, debe tener en cuenta algunas de las reivindicaciones que vienen realizándose desde Asturias, como que se tengan en cuenta a los colectivos y territorios potencialmente vulnerables en el proceso de descarbonización y se potencie la creación de actividad económica vinculada a la transición energética en estas áreas.
Subasta renovables
El cambio más destacable introducido en el proyecto de ley, con respecto al borrador inicial, se refiere a las subastas de capacidad de renovables, que el ministerio siempre fijó en 3.000 MW anuales. Sin embargo, para evitar una rigidez que hubiese obligado a cambios con rango de ley si en algún ejercicio no se pudiera alcanzar dicha potencia, se ha eliminado ese objetivo fijo. El nuevo sistema se basará en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, explican desde el ministerio, se ofrece «previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se trasladan a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la fuente más barata».
Movilidad urbana
Por otro lado, y dado que el transporte es el responsable del 27% de los gases de efecto invernadero, el proyecto incide especialmente en cuestiones relacionadas con la movilidad. Así, obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023. Una norma que en Asturias afecta a Gijón, Oviedo, Avilés y Siero. Concretamente, estas localidades deberán incluir áreas de circulación restringida en las que se faciliten los desplazamientos a pie o en bicicleta, así como la mejora y fomento del uso de la red de transporte público.
Además, se obligará a las gasolineras que vendan más de cinco millones de litros de combustible al año a instalar al menos un punto de recarga rápida del coche eléctrico con una potencia superior a 50 kW. En el caso de los puertos, se fija un objetivo de cero emisiones directas para los buques amarrados o fondeados.
También para potenciar la compra de coches eléctricos, se introduce la previsión de que el Código Técnico de la Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario